Los datos de las últimas elecciones generales, de 2023, desmienten el relato que convierte la España vaciada en caladero natural de la ultraderecha. Vox cosechó en los municipios más pequeños un resultado similar a su media estatal. Sin embargo, la insatisfacción con los servicios públicos, desconfianza ante la inmigración y repliegue identitario abonan el terreno para el avance ultra. Cataluña, con dos ultraderechas de signo opuesto, adelanta lo que puede venir.
La narrativa que los partidos de la extrema derecha han construido sobre la España vaciada como territorio natural choca con la evidencia electoral. En las elecciones generales de 2023, la plataforma Infoelectoral registró que Vox obtuvo el 12,0% del sufragio en las localidades de menos de dos mil habitantes, cifra prácticamente idéntica a su media estatal del 12,4%. En las grandes concentraciones urbanas, el partido se quedó en el 10,4%. Las variaciones son estadísticamente menores y no sostienen la tesis de que el mundo campesino sea el gran caladero del sufragio ultra.
En ese mismo mapa, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) polarizaron las zonas rurales de forma más marcada que los extremistas. Los populares lograron un 35,0% en los núcleos de menos de dos mil vecinos frente al 33,1% de su media estatal, y los socialistas alcanzaron el 32,2% en esos enclaves frente a su promedio del 31,7%. Son las dos fuerzas del bipartidismo las que, según Infoelectoral, continúan capitalizando el voto de la España menos poblada. La ultraderecha no sobrepresenta su resultado en el campo, ni lidera el malestar que dice representar.
Una correlación que los datos no confirman
El discurso ultra no se traduce en ventaja electoral porque el malestar ante la inmigración, aunque real, no responde únicamente a coordenadas geográficas. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el apoyo a restringir la entrada de extranjeros ronda el 38% con independencia del tamaño del hábitat, y solo cae al 28% en las grandes capitales. La percepción de un conflicto «fuerte o muy fuerte» entre inmigrantes y autóctonos es incluso algo mayor en las metrópolis: el 59% en las ciudades más pobladas frente al 57% en los enclaves de menor tamaño.
Donde sí se detectan diferencias más nítidas es en la relación con la diversidad social y en los servicios. Solo el 56% de quienes habitan en localidades de menos de dos mil personas prefiere vivir en una sociedad «con ciudadanos de diferente origen, cultura y religión», diez puntos por debajo de los residentes en núcleos medianos y grandes. La satisfacción con las prestaciones públicas tampoco acompaña: apenas el 43% de los vecinos de los municipios más pequeños declara conformidad, frente al 54% de los habitantes de Madrid o Barcelona. La fractura no es solo territorial.
El caso catalán
El caso catalán dibuja un escenario diferente y más inquietante. En las elecciones autonómicas de 2024, el conjunto de la ultraderecha —Aliança Catalana (AC) y Vox, de signo identitario opuesto— alcanzó el 27,9% del sufragio en las localidades de menos de dos mil vecinos, más del doble de su media autonómica del 11,7%. AC, el partido independentista de extrema derecha, logró su mejor resultado precisamente en los municipios más pequeños, con un 21,1%, mientras Junts, su principal nutriente electoral, también cosechó sus porcentajes más elevados en ese segmento de población.
Esta dualidad conecta con tendencias observadas en otros países de Europa occidental. El apoyo a la ruptura territorial, que en esa comunidad alcanza el 64% en los pueblos de menos de dos mil habitantes, cae por debajo del 40% en las poblaciones de más de cincuenta mil, lo que anticipa la misma mecánica que alentó el Brexit en la Inglaterra profunda o el lepenismo en la Francia rural. La percepción de que las instituciones centrales desatienden al territorio y de que la apertura económica beneficia solo a las ciudades impulsa esa política de repliegue comunitario.
Ingredientes del descontento rural
El terreno que la extrema derecha labra en el mundo rural tiene características bien identificadas por los barómetros del CIS y del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). El agro español está envejecido y masculinizado, con uno de cada cinco menores de trece años de origen extranjero. El 60% de quienes viven en núcleos de menos de diez mil habitantes cree que el país debería proteger la producción propia limitando las importaciones, frente a menos del 44% en los grandes centros urbanos. La insatisfacción con los servicios públicos completa ese cuadro de malestar estructural.
Los datos de Aragón apuntan a un matiz importante. En las elecciones regionales de esa comunidad autónoma, y en especial en Teruel, el voto a Vox superó la media en aproximadamente un tercio de los pequeños municipios de la llamada España vaciada. Esa excepción no invalida la tendencia general, pero sí confirma que el suelo fértil ya existe en determinados territorios. La ultraderecha ha comprendido que no necesita ganar el campo hoy para prepararlo mañana. Y los ingredientes de esa estrategia llevan años acumulándose en los pueblos que el resto del sistema político lleva décadas ignorando.
