Las casi 90 páginas del auto de imputación del magistrado José Luis Calama sitúan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como vértice de una estructura de influencias que alcanzó a altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. El documento judicial reconstruye contactos con el entonces secretario de Estado de Transportes Pedro Saura, el exministro José Luis Ábalos y el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, aunque no atribuye a todos ellos la misma implicación en la trama.
El auto de imputación del caso Plus Ultra no solo identifica a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto cabecilla de una red de tráfico de influencias. Las casi 90 páginas del documento firmado por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama trazan también un mapa de contactos políticos que el expresidente habría activado para favorecer el rescate de la aerolínea por 53 millones de euros en 2021. Entre los nombres que aparecen en el auto figuran cargos del Gobierno de Pedro Sánchez activos en el momento de los hechos, así como personas que hoy ocupan posiciones institucionales de primera línea.
El hilo conductor del relato judicial es la figura de Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. El auto describe cómo García monitorizaba en tiempo real las reuniones de Zapatero y trasladaba la información al exministro. En la agenda intervenida a García consta un almuerzo conjunto entre Ábalos y el expresidente, extremo que el propio Zapatero reconoció, aunque situó el encuentro con posterioridad al rescate. El exministro, que afronta ya un juicio por siete delitos de corrupción en el caso de las mascarillas, aparece en el caso Plus Ultra como canal de influencia paralelo al del expresidente.
Escrivá: seis días después del rescate
El nombre del actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, aparece en el auto a propósito de una reunión celebrada el 7 de septiembre de 2020 en el Ministerio de Trabajo, cuando Escrivá era titular de la cartera de Seguridad Social. Según Calama, el encuentro tuvo lugar apenas seis días después de que Plus Ultra registrase su solicitud de rescate ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La cita fue monitorizada por Koldo García y comunicada de inmediato a Ábalos, lo que el instructor considera relevante para reconstruir la cadena de información que rodeó las gestiones de la aerolínea.
El auto, sin embargo, no atribuye a Escrivá ninguna participación en la trama societaria ni en la toma de decisiones sobre el rescate. El magistrado no le imputa actuación alguna relacionada con el desenlace del expediente ante la SEPI. El propio Zapatero negó haber mantenido contactos con el entonces ministro, contradiciendo así lo que el instructor recoge en su resolución. La relevancia del episodio, según el auto, no reside en la actuación de Escrivá, sino en que la reunión evidencia cómo los movimientos del expresidente eran rastreados y comunicados entre los distintos actores vinculados a las gestiones de Plus Ultra.
La reunión «agradable y distendida»
Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes en el momento de los hechos, aparece en el auto a través de una reunión formal que mantuvo con directivos de la aerolínea el 22 de julio de 2020, un día antes de que el Consejo de Ministros aprobara el Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), instrumento del que Plus Ultra acabaría beneficiándose. Los mensajes intervenidos recogen que Saura recibió a los directivos por «altas recomendaciones» y que el papel que el ministerio había comprometido era «hablar bien de la compañía» ante la SEPI.
El encuentro fue calificado en esos mismos mensajes como «agradable y distendido», y los implicados daban por hecho la implicación de Zapatero: «Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás», recoge el auto con la literalidad de las comunicaciones intervenidas. La intermediación de Koldo García y de un individuo identificado en el documento como Palomero —uno de los denominados conseguidores de la trama— resultó determinante para que los directivos de Plus Ultra accedieran al entorno de Ábalos con el objetivo de abrir puertas a nivel político.
La vía Ábalos
Más allá de su papel como receptor de información, Ábalos aparece en el auto como una vía de influencia alternativa a la del propio Zapatero para los responsables de la aerolínea. El exministro, cuya expareja Jésica Rodríguez figura en el documento como beneficiaria de un pago de 2.000 euros dentro del circuito de dinero asociado a esa vía, era informado puntualmente de los avances de las gestiones. El auto reconstruye una arquitectura en la que las dos líneas de influencia —la de Zapatero y la de Ábalos— operaban de forma complementaria y con pleno conocimiento mutuo.
Una tercera ramificación permanece por ahora en la zona de sombra del sumario. El nombre de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica Española y exministra de Vivienda con Zapatero, no aparece en el auto, pero según informaciones de El Confidencial podría figurar en el sumario, que se mantiene parcialmente secreto. El expresidente la habría presionado para que recibiese a empresarios vinculados a la trama con el objetivo de apoyar proyectos de energía solar y garantizar su acceso a la red de distribución, según las mismas fuentes.
La comisión del Senado
La investigación judicial discurre en paralelo a la actividad de la comisión de investigación sobre la gestión de la SEPI en el Senado, impulsada por el Partido Popular (PP). Los populares han citado a comparecer ante esa comisión a la secretaria del despacho oficial de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, a quien atribuyen haber impartido «instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái». También han convocado a Cristóbal Cano, descrito en el auto como mano derecha de Julio Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante; y a Manuel Aaron Fajardo, al que el PP califica de lugarteniente de Zapatero en Venezuela.
El próximo hito procesal es la declaración del expresidente ante el instructor, prevista para el 2 de junio. Su defensa baraja solicitar un aplazamiento para revisar el volumen de documentación que obra en la causa. Varias acusaciones populares ya han anunciado que pedirán la retirada del pasaporte de Zapatero y la prohibición de abandonar el territorio nacional. La posibilidad de que alguna parte solicite prisión provisional no está descartada, aunque el juez solo puede valorarla tras celebrar la comparecencia. El auto de Calama ha convertido el caso Plus Ultra en la causa con mayor alcance político de la legislatura.
