La Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña cumple este sábado dos años desde su aprobación en el Congreso. Los tribunales han concedido 403 perdones, denegado 104 y mantienen 157 en trámite. La norma sigue bloqueada para los principales dirigentes del procés, pendientes del veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mientras Carles Puigdemont continúa en Bélgica sin fecha de regreso.
La «Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña» fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024 por una mayoría de 177 votos contra 172, tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios de investidura Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana de Catalunya. Dos años después de aquella votación, y con la norma en vigor desde el 11 de junio de 2024 tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el balance estadístico disponible muestra un aplicación desigual según el perfil del beneficiario y un bloqueo judicial en el nivel más alto que mantiene en suspenso la situación de los principales dirigentes políticos del procés.
Los datos disponibles proceden de la entidad independentista Alerta Solidaria, que ha realizado el seguimiento sistemático de la norma durante estos dos años. No existe un recuento oficial equivalente por parte del Ministerio de Justicia ni de los órganos judiciales competentes, lo que limita la posibilidad de contrastar las cifras con fuentes institucionales independientes. Según ese seguimiento, los tribunales han concedido un total de 403 amnistías, casi un centenar más que en el primer año de vigencia; han denegado 104 solicitudes y mantienen otras 157 pendientes de resolución.
Las cifras: 403 amnistías, 104 denegaciones y 157 pendientes
El desglose por colectivos revela diferencias relevantes en la aplicación de la norma. De los 1.225 manifestantes y promotores civiles de la causa independentista con causas penales relacionadas con el procés, la mayoría —880— vio decaer la imputación por el archivo de los procesos o la absolución antes de que la ley entrara en vigor, o bien optó por no solicitar el beneficio. De los 345 que tenían causas abiertas en el momento de la entrada en vigor, 181 han obtenido la amnistía, 75 la han visto denegada, 25 aguardan resolución y 64 se encuentran aún en fase de instrucción.
En cuanto a los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, Alerta Solidaria cifra en 158 los policías amnistiados: 89 pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía (CNP), 62 a la Guardia Civil y siete a los Mossos d’Esquadra. La organización denuncia una aplicación que califica de automática para este colectivo, aunque el propio balance recoge que cuatro agentes del CNP han visto denegada la amnistía por su presunta participación en los incidentes que dejaron herido al activista Roger Español durante una protesta. Esos cuatro agentes serán juzgados en octubre.
El bloqueo del TJUE y los dirigentes políticos
El grupo más afectado por el impasse judicial es el de los políticos, cargos públicos y empresarios que impulsaron el proceso independentista. De los casos analizados, 64 han obtenido la amnistía, 25 la han visto denegada y 68 permanecen pendientes de lo que dispongan otras instancias jurisdiccionales, en particular el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que recurrieron varios tribunales españoles, entre ellos el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional avaló el núcleo de la ley en junio de 2025, pero esa validación no ha desbloqueado la situación de los dirigentes más relevantes: ningún juez ha concedido nuevas amnistías a cargos políticos en los últimos doce meses, a la espera del pronunciamiento de Luxemburgo.
El abogado general del TJUE emitió en noviembre un dictamen favorable a la norma, contradiciendo los argumentos de la Comisión Europea, lo que en principio debería orientar la sentencia final en el mismo sentido. Sin embargo, el fallo no ha llegado aún, y mientras el tribunal delibera, la situación de los principales afectados permanece congelada. Oriol Junqueras y Jordi Turull siguen inhabilitados para el ejercicio de cargo público por malversación. Los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig permanecen fuera de España en la misma situación que su expresidente.
Puigdemont, dos años después de su promesa de regreso
Carles Puigdemont sigue en su residencia de Waterloo, en Bélgica, sin que el veredicto de Luxemburgo haya despejado el camino para su regreso. En la campaña electoral de 2024, el líder de JxCat prometió volver a España con la amnistía bajo el brazo, coincidiendo con la investidura del nuevo presidente de la Generalitat de Catalunya. Esa investidura se produjo, pero el elegido no fue Puigdemont sino su rival socialista Salvador Illa. La promesa de retorno quedó sin cumplir.
El futuro del expresidente depende ahora de una cadena de instancias que no controla. El TJUE debe pronunciarse primero; después, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre si la amnistía le resulta aplicable en los términos en que está redactada la ley. JxCat, que condiciona su apoyo parlamentario al Gobierno de Sánchez a avances en esta materia, ha dado esta semana la legislatura por concluida sin que la situación de Puigdemont se haya resuelto. La norma que debía, según su preámbulo, «garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho» cumple dos años sin haber alcanzado ese objetivo para quienes la impulsaron como condición de la investidura.
