Desde Bogotá. La campaña presidencial en Colombia ha entrado en una fase de ebullición: 42 aspirantes ya se han inscrito ante la Registraduría con el fin de recoger firmas y así abrirse paso hacia la Casa de Nariño. La cifra podría alcanzar 45 en los próximos días. Lo que podría parecer una anécdota administrativa revela una tendencia de fondo: la ruptura progresiva con los partidos políticos tradicionales y la creciente apuesta por la personalización del liderazgo político.
Figuras públicas como Vicky Dávila, Mauricio Lizcano, Claudia López, David Luna o Mauricio Cárdenas han optado por este mecanismo. Lo hacen desde diversas orillas ideológicas, pero todos convergen en una narrativa común: ofrecer una alternativa ciudadana, desligada de estructuras partidarias, capaz de representar una supuesta independencia en medio de un ambiente de polarización y desconfianza.
Este modelo ofrece ventajas evidentes. Permite realizar una campaña anticipada sin caer en la ilegalidad, posicionar mensajes en redes sociales, activar núcleos territoriales y, sobre todo, instalar la idea de que el respaldo es genuino, popular, orgánico. Pero también impone un desafío mayúsculo: reunir más de 650.000 firmas válidas, lo cual, considerando los márgenes de rechazo, eleva la meta por encima del millón de rúbricas por aspirante.
En teoría, si los 45 precandidatos en contienda alcanzaran su meta, se requerirían más de 29 millones de firmas únicas, es decir, más personas que las que votaron en la primera vuelta presidencial de 2022. A ello se suma la ausencia de una normativa que limite a los ciudadanos a firmar por un solo candidato, lo que diluye el valor simbólico del gesto y dificulta el control real sobre los respaldos.
Esta dinámica no es exclusiva de Colombia. En América Latina crece la desafección por los partidos y aumenta el número de figuras que, al margen del aparato institucional, buscan conquistar el poder con sello propio. La recolección de firmas se ha transformado en un vehículo simbólico: promete contacto directo, autenticidad, ruptura.
Pero el riesgo es evidente: ¿cómo distinguir entre una candidatura realmente ciudadana y otra simplemente oportunista? ¿Cómo evitar que este modelo sirva solo para burlar los controles que rigen las campañas tradicionales? ¿Qué garantías ofrece al electorado un proceso que, en muchos casos, se limita a la recolección masiva de datos sin fiscalización eficaz?
