Julio Martínez Sola ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional que Plus Ultra acordó destinar el 1% de los 53 millones de euros del rescate a la supuesta mediación de un empresario cercano a José Luis Rodríguez Zapatero. El exdirectivo reconoce, sin embargo, que desconoce qué gestiones concretas realizó el expresidente del Gobierno. Este martes declara Roberto Roselli, ex consejero delegado y director financiero de la compañía.
El denominado caso Plus Ultra entra esta semana en una fase especialmente sensible. Los antiguos responsables de la aerolínea están compareciendo ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para explicar los pagos realizados en torno al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la compañía durante la pandemia.
El primero en declarar fue este lunes Julio Martínez Sola, expresidente, fundador y principal accionista de Plus Ultra. Durante un interrogatorio de casi tres horas, se ratificó en la versión que ya había trasladado por escrito al juzgado: la compañía pactó una remuneración equivalente al 1% del rescate —unos 530.000 euros— con el empresario Julio Martínez Martínez, a quien sitúa como interlocutor del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según Martínez Sola, se trataba de un pago condicionado al éxito de las gestiones para conseguir la ayuda pública. El antiguo presidente de Plus Ultra aseguró que mantuvo en abril de 2020 una conversación telefónica con Zapatero y que posteriormente entró en contacto con Martínez Martínez. Este último era propietario de la consultora Análisis Relevante, a la que la aerolínea abonó además 5.000 euros mensuales por servicios cuya justificación efectiva investiga ahora la justicia.
La declaración contiene, sin embargo, una laguna fundamental para la investigación: Martínez Sola no ha sabido precisar qué hizo exactamente Zapatero, ante quién habría intervenido ni cómo habría influido para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concediera el rescate. Según su testimonio, la aerolínea efectuaba los pagos sin comprobar de manera detallada las gestiones que realizaba el denominado «grupo Zapatero».
Ese punto resulta clave porque el expresidente socialista está investigado desde mayo por un presunto delito de tráfico de influencias. Hasta ahora, los investigadores tampoco han podido determinar de forma concluyente ante qué responsable de la Administración habría ejercido Zapatero esa supuesta influencia. No ha sido identificado ningún funcionario concreto como destinatario de presiones y ningún responsable político del Gobierno con capacidad decisoria en la concesión del rescate ha sido señalado de manera precisa.
Zapatero, por su parte, niega haber intervenido para conseguir el rescate y rechaza la versión de la llamada telefónica relatada por Martínez Sola. La investigación se encuentra todavía en fase de instrucción y las afirmaciones de los investigados deberán ser contrastadas con la documentación y las comunicaciones intervenidas.
Turno del antiguo responsable financiero
La investigación continúa este martes con la declaración de Roberto Roselli, antiguo consejero delegado y director financiero de Plus Ultra. Su comparecencia puede resultar particularmente relevante porque Roselli ya presentó en julio un escrito con una versión similar a la de Martínez Sola y, por sus responsabilidades financieras, puede aportar detalles sobre las cuentas y los pagos efectuados por la compañía.
El juez trata ahora de reconstruir el circuito del dinero y determinar si los pagos respondieron a servicios reales de consultoría o si, como sospecha la investigación, estaban relacionados con una eventual capacidad de influencia para facilitar la obtención de fondos públicos.
La causa tiene así dos planos que conviene mantener separados. Una cosa es que antiguos responsables de Plus Ultra reconozcan haber acordado una comisión vinculada al éxito del rescate; otra, todavía por demostrar judicialmente, es que Zapatero ejerciera efectivamente una influencia irregular sobre la Administración para conseguirlo.
Esa diferencia será determinante. Las declaraciones de los exdirectivos han añadido elementos relevantes a la investigación, pero queda todavía por esclarecer la pieza central del caso: quién influyó sobre quién, mediante qué gestiones y qué relación concreta tuvieron esos pagos con la decisión de conceder 53 millones de euros de dinero público a Plus Ultra.
