El auto del juez José Luis Calama describe un entramado de sociedades, mensajes intervenidos y flujos económicos que apuntan al exjefe del Ejecutivo como presunto líder de una red de influencias. La causa, en fase inicial de instrucción, debe superar aún varias etapas antes de poder llegar a juicio oral.
La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte del juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama es la primera en la democracia española que afecta a un expresidente del Gobierno. El auto, de 85 páginas, se conoció el martes 20 de mayo tras más de un año de investigación reservada llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. La causa llegó a la Audiencia Nacional en virtud de la dimensión económica e internacional que adquirió con el paso de los meses.
El caso gira en torno al rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y aprobado en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021. El expresidente niega cualquier irregularidad y ha anunciado que ejercerá su derecho a la defensa «con toda la firmeza y toda la convicción». Lo que sigue es el desglose de las cinco piezas centrales que conforman el auto judicial.
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Los cuatro delitos y lo que significan procesalmente
Calama atribuye a Zapatero cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental. El tráfico de influencias, que constituye el núcleo de la acusación, castiga a quien utiliza su posición o sus relaciones con funcionarios para obtener resoluciones administrativas favorables a cambio de un beneficio económico. En la modalidad que describe el auto, referida a una persona sin cargo público que aprovecha su red de contactos institucionales, la horquilla de penas va de seis meses a dos años de prisión. Los delitos de blanqueo y organización criminal, de acreditarse, elevarían sustancialmente ese umbral punitivo.
La imputación no equivale a una condena ni anticipa responsabilidades penales: le otorga a Zapatero la condición de investigado para que pueda declarar ante el juez con plenas garantías procesales. El procedimiento se encuentra en una fase muy temprana de instrucción, durante la cual el magistrado recopila pruebas y evalúa si los indicios son suficientes para formular cargos definitivos y abrir juicio oral. Calama levantó el martes el secreto de sumario y fijó la comparecencia del expresidente para el 2 de junio. La UDEF registró simultáneamente la oficina de Zapatero en la calle Ferraz de Madrid y otras tres mercantiles vinculadas al entramado.
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El dinero: flujos, sociedades y beneficiarios
El auto cifra en 1.948.857 euros los flujos económicos que habrían llegado al entorno del expresidente entre 2020 y 2025. De esa cantidad, 1.525.078 euros habrían sido abonados al propio Zapatero y 423.779 euros a Whathefav SL, la agencia de comunicación y relaciones públicas administrada por sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Los pagos se habrían canalizado a través de tres vías principales: la consultora Análisis Relevante, propiedad del empresario alicantino Julio Martínez Martínez; el think tank Gate Center, cuyo consejo asesor preside el expresidente; y las sociedades del grupo Thinking Heads, dedicado al análisis estratégico.
Calama sostiene que los contratos de asesoría y consultoría que formalizaban esos pagos no respondían a servicios reales, sino que constituían «mera justificación documental frente a terceros». Análisis Relevante habría transferido 490.780 euros al expresidente y 239.755 euros a Whathefav. El grupo Thinking Heads habría abonado otros 681.318 euros a Zapatero y 12.297 a la agencia de sus hijas. Gate Center habría enviado 352.980 euros al exjefe del Ejecutivo y 171.727 más a Whathefav. Zapatero ha reconocido públicamente esos cobros como honorarios por trabajos de consultoría en geopolítica y asuntos internacionales, y asegura haberlos declarado con «absoluta transparencia y legalidad».
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Análisis Relevante y el papel de Julio Martínez
Julio Martínez Martínez, empresario de Elda (Alicante) y amigo personal de Zapatero, es la figura que el auto sitúa en el segundo nivel jerárquico de la presunta red. El magistrado lo describe como «interlocutor habitual de los clientes» y receptor de instrucciones directas del expresidente. Martínez controla un entramado de 39 mercantiles, de las cuales solo 15 están activas y ocho carecen de empleados o retribuciones, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Fue detenido en diciembre del año pasado junto a los directivos de Plus Ultra en la primera fase de la operación de la UDEF, denominada Tíbet.
El auto identifica otras dos personas en el tercer nivel operativo: la secretaria de la oficina del expresidente, María Gertrudis Alcázar, responsable de dar cobertura documental a las operaciones, y Cristóbal Cano Quiles, gestor diario del entorno societario de Martínez. Calama sitúa la oficina de Zapatero en la calle Ferraz como «el centro de coordinación de la red», desde donde se impartirían instrucciones, se elaborarían documentos y se gestionarían comunicaciones sensibles. La secretaria habría participado también en los trámites para constituir la sociedad en Dubái que el instructor analiza en la clave siguiente.
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Los mensajes interceptados con colaboración de Estados Unidos
El sustento documental más novedoso del auto procede de los teléfonos móviles de los directivos de Plus Ultra, cuyo contenido fue facilitado por la agencia federal estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), integrada en el Departamento de Seguridad Nacional. Esa colaboración internacional permitió reconstruir una secuencia de mensajes que arranca en marzo de 2020, cuando la aerolínea comenzó a explorar vías políticas para acceder a los fondos de apoyo del Gobierno durante la pandemia de la covid-19. La secuencia, que el juez incorpora como evidencia, muestra el proceso de contacto con el entorno del expresidente paso a paso.
Las conversaciones intervenidas recogen referencias explícitas a Zapatero: «acaba de hacerse el puente con ZP», escribió uno de los directivos, y en otro momento los investigados hablaron de «nuestro pana Zapatero detrás», usando el término venezolano para referirse a un amigo cercano. El auto también incluye mensajes en los que los responsables de la aerolínea celebraron la concesión del rescate antes de su aprobación oficial en el Consejo de Ministros, un episodio que el juez interpreta como indicio de que la red habría tenido acceso a información privilegiada sobre la decisión. El propio Zapatero niega haber intervenido en ninguna de esas gestiones ante la Administración.
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La sociedad en Dubái y el contrato del 1%
El auto identifica uno de los eslabones más determinantes del entramado en un contrato fechado el 19 de enero de 2021, dos meses antes de la aprobación del rescate. En ese documento, la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Martínez Martínez, fijó con Plus Ultra una comisión del 1% del importe de la ayuda, equivalente a 530.000 euros. El contrato fue hallado por la UDEF en el ordenador del empresario durante los registros de diciembre. La Audiencia Nacional lo considera el elemento que más directamente vincula el cobro con el resultado de las gestiones.
Seis días después de la firma de ese contrato, comenzaron los trámites para constituir una sociedad en la zona franca de Dubái, identificada como Landside Dubai Fzco. El magistrado concluye, en fase indiciaria, que esa estructura fue creada siguiendo instrucciones del propio Zapatero, con la finalidad de canalizar el cobro de la comisión fuera de España y «evitar su trazabilidad en territorio español». La ausencia de rastro de ese pago en cuentas españolas refuerza para Calama la hipótesis de que la sociedad emiratí sirvió para desplazar capitales fuera del alcance de la inspección fiscal ordinaria. Zapatero niega haber ordenado la creación de ninguna sociedad en el extranjero.
