El bloque formado por PP, Vox y Junts volvió a derrotar al Gobierno en el Congreso al rechazar el decreto ómnibus que prorrogaba el llamado escudo social. Más allá de la pugna política, el rechazo tiene consecuencias directas e inmediatas para cientos de miles de familias vulnerables. Hacemos repaso de algunas de las medidas que dejarán de estar en vigor.
El Congreso de los Diputados volvió a escenificar el jueves la parálisis legislativa que caracteriza esta legislatura. El bloque de derechas —Partido Popular (PP), Vox y Junts— sumó 177 votos para tumbar el decreto ómnibus impulsado por el Gobierno de coalición, que reunía bajo un mismo texto una batería de medidas urgentes de protección social y ayudas económicas. El Ejecutivo solo logró 172 votos a favor, insuficientes para la convalidación. Es ya el séptimo decreto ley del Gobierno rechazado por el Congreso en esta legislatura.
El resultado reproduce el mismo esquema de hace un mes, cuando un primer intento de sacar adelante el escudo social fracasó por idénticas razones. El Gobierno intentó entonces separar las materias del decreto para facilitar acuerdos parciales, y esta vez llegó a pactar con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) la exclusión de la prórroga antidesahucios para los propietarios con una sola vivienda en alquiler. No sirvió de nada: Junts mantuvo su rechazo, arrastrando con él al PP y Vox. Lo que sigue es un repaso de las medidas concretas que, con este voto, dejan de tener efecto.
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La derrota: cómo se llegó hasta aquí
El decreto rechazado era un texto amplio que el Gobierno había diseñado para dar cobertura legal a una serie de medidas de emergencia social cuya vigencia dependía de su convalidación parlamentaria. El Ejecutivo lo denominó internamente como un instrumento para combatir situaciones de vulnerabilidad social y económica, con un respaldo de unos 20.000 millones de euros pendientes para comunidades autónomas y ayuntamientos.El argumento central del bloque opositor fue que el decreto mezclaba materias heterogéneas —algunas de carácter estructural con otras de naturaleza excepcional— y que la prórroga de la prohibición de desahucios equiparaba indebidamente la protección de inquilinos en dificultades con la de quienes ocupan viviendas ilegalmente. «Ni okupas ni okupos, no engañen, es una excusa barata y falsa», respondió el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, negando que el texto contemplara ningún beneficio para quienes ocupan inmuebles ajenos sin título legal. El Gobierno, que sí salvó la revalorización de las pensiones al tramitarla en un decreto separado aprobado con 317 votos, deberá ahora volver a fragmentar el escudo social si quiere rescatar parte de las medidas caídas.
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Prórroga antidesahucios: sin protección para los inquilinos vulnerables
La medida más controvertida del decreto era también la de mayor impacto social directo: la prórroga de la prohibición de desahucios para inquilinos que no tienen alternativa habitacional. Esta protección, en vigor desde 2020 como respuesta a la pandemia, quedaba ahora sin efecto ante la negativa parlamentaria. El Gobierno había llegado a modificar el texto original para excluir de la prohibición a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, un gesto orientado a obtener el voto favorable del PNV, que efectivamente respaldó el decreto. Pero Junts mantuvo su oposición, argumentando que la medida favorece de forma encubierta a quienes ocupan ilegalmente viviendas.
La diputada de Junts Marta Madrenas fue la voz más audible del rechazo: condicionó el voto favorable de su grupo a la retirada de la disposición antidesahucios, a la que tildó de herramienta de «excepcionalidad eterna». La caída de esta prórroga deja sin cobertura legal a miles de familias en situación de vulnerabilidad que enfrentan procedimientos de desahucio activos, y obliga al Gobierno a buscar una vía alternativa —ya sea mediante un nuevo decreto o una proposición de ley— para restablecer la protección antes de que los tribunales reactiven los procesos suspendidos.
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Bono social energético: sin luz, gas ni calefacción para los más vulnerables
Con el decreto decae también la prórroga del bono social energético hasta finales de 2026, así como la prohibición de cortar el suministro de agua, gas y electricidad a consumidores considerados vulnerables. Ambas medidas formaban parte del núcleo del escudo social diseñado durante la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania y se habían ido prorrogando desde entonces.
El ministro Bolaños lo resumió con crudeza en la tribuna del Congreso: «Votar no es dejar gente sin gas, sin electricidad y sin calefacción en lo peor del invierno». La caída de esta protección afecta a los hogares inscritos en el registro de consumidores vulnerables de las compañías energéticas, que podrían ver interrumpido su suministro si no abonan sus facturas pendientes. El Gobierno deberá abordar con urgencia la restitución de esta medida si no quiere asumir el coste político y social de que familias en situación precaria queden sin acceso a servicios energéticos básicos en los últimos meses del invierno.
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Deducciones fiscales que desaparecen: coches eléctricos y eficiencia energética
El decreto incluía también la ampliación de las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aplicables a la compra de vehículos eléctricos enchufables. En concreto, contemplaba una reducción del 15% sobre el valor de adquisición del vehículo —con una base máxima de 20.000 euros— y un porcentaje equivalente para la instalación de puntos de recarga en el domicilio, con una base máxima de 4.000 euros. Sin la convalidación del decreto, ambas deducciones quedan sin efecto para las compras realizadas en 2026.
Decaen igualmente las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas. La primera categoría afectada es la deducción del 20% sobre las cantidades invertidas en obras de reducción de la demanda de calefacción y refrigeración. La segunda, aún más generosa, es la deducción de hasta el 40% —con un máximo de 7.500 euros— para mejoras que reduzcan al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable según el certificado energético, con deducciones adicionales de hasta el 60% para edificios de uso predominantemente residencial. Ambas medidas quedan suspendidas para las obras realizadas a partir de este ejercicio, lo que genera incertidumbre fiscal para propietarios y empresas del sector de la rehabilitación.
- Ayudas a damnificados y decreto de catástrofes
El mismo día en que caía el escudo social, el bloque de PP, Vox y Junts rechazaba también un segundo decreto impulsado desde el Ministerio de Consumo para garantizar la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia, y para controlar los precios y los negocios especulativos ante catástrofes como los incendios registrados en Galicia o el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. El marcador fue idéntico: 177 votos en contra frente a 172 a favor.
Con la caída de este decreto decaen también las medidas de apoyo a los afectados por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida, entre ellas la extensión de ayudas directas a empresas y la exención en el IRPF y el Impuesto de Sociedades para las ayudas concedidas por la Generalitat de Cataluña. Además, el rechazo congela las entregas a cuenta que reciben comunidades autónomas y corporaciones locales en el marco del sistema de financiación territorial, lo que puede generar tensiones de liquidez en los presupuestos municipales y autonómicos a corto plazo. El Gobierno deberá ahora trocear de nuevo el escudo social en decretos más pequeños y negociar apoyos puntuales si quiere rescatar estas medidas antes de que su impacto se haga sentir sobre los ciudadanos más afectados.
