En un intento por desactivar la tensión generada por las protestas mineras de las últimas semanas, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, convocó este lunes a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, junto a representantes empresariales y gremios mineros, para instalar una mesa nacional de trabajo sobre la formalización minera.
El encuentro, celebrado en Palacio de Gobierno, busca establecer un marco legal renovado que regule la pequeña minería y la minería artesanal, sectores que en las últimas décadas han operado mayoritariamente al margen del Estado, con graves impactos sociales, económicos y ambientales.
“No vamos a ceder ante presiones ilegales. Pero sí vamos a dialogar con quienes quieren trabajar en regla”, declaró Boluarte durante la apertura de la sesión.
Según cifras oficiales, la minería informal genera pérdidas fiscales estimadas en 7.500 millones de soles anuales. A esto se suma la conflictividad en zonas como La Libertad, Puno y Madre de Dios, donde grupos armados vinculados a la minería ilegal han protagonizado bloqueos, enfrentamientos y hechos de violencia en los últimos meses.
La agenda de la mesa técnica incluye tres ejes:
– Actualizar y agilizar el proceso del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
– Promover una nueva ley para la pequeña minería, con enfoque ambiental y laboral.
– Activar un fondo de financiamiento y asistencia técnica para apoyar la transición de los mineros hacia la legalidad.
El Ministerio de Energía y Minas, junto al Ministerio del Ambiente y la Defensoría del Pueblo, asumirá la secretaría técnica de este espacio de concertación, que se reunirá semanalmente durante el segundo semestre del año.
La iniciativa gubernamental surge luego de las masivas protestas protagonizadas por unos 50.000 mineros informales, quienes exigían ampliaciones al REINFO y denunciaban “criminalización” de su actividad. La respuesta del Ejecutivo fue una ofensiva discursiva contra la minería ilegal, seguida de operativos policiales y ahora, con esta mesa, un gesto de apertura institucional.
Desde el Congreso, algunas bancadas expresaron cautela y pidieron garantizar que no se confunda formalización con amnistía. Por su parte, gremios como la Sociedad Nacional de Minería y la Confederación General de Trabajadores del Perú valoraron el espacio de diálogo, pero exigieron “reglas claras y plazos concretos”.
En paralelo, organizaciones indígenas han solicitado ser incluidas en la mesa, advirtiendo que en muchas regiones amazónicas la expansión minera afecta directamente sus territorios sin consulta previa.
Con este llamado, Boluarte busca retomar el control de una agenda espinosa, en un país donde más del 60 % de la actividad minera de pequeña escala sigue operando sin licencias formales. El desafío será convertir la promesa de regulación en una política de Estado que combine justicia social, protección ambiental y gobernabilidad territorial.
