Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, acudió ayer a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid y entregó su pasaporte al juez instructor Juan Carlos Peinado, en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas el pasado sábado junto con la apertura de juicio oral por cuatro delitos. Gómez se convierte así en la primera pareja de un presidente español que ve restringida su movilidad por orden judicial. Su defensa ha recurrido las medidas ante la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá pronunciarse en las próximas semanas.
Begoña Gómez llegó ayer a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid en coche y accedió al edificio por el garaje, por razones de seguridad, unos minutos antes de las 18.00 horas, la hora fijada por el juez instructor del Juzgado de Instrucción número 41, Juan Carlos Peinado. Junto a ella acudió su abogado, el exministro del Interior Antonio Camacho, quien resumió la comparecencia con una sola frase a la salida: «Ha ido todo bien». Agitadores de extrema derecha acosaron al letrado cuando abandonaba el edificio. La decana de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla permitió, como en comparecencias anteriores, el acceso por el aparcamiento por motivos de seguridad para evitar la concentración de periodistas y manifestantes en la entrada principal.
Con la entrega del pasaporte, Gómez acata las tres medidas cautelares que Peinado dictó el pasado sábado 21 de junio en el mismo auto en que acordó abrir juicio oral contra ella por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Las otras dos medidas en vigor son la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de comparecer ante el juzgado dos veces al mes. El instructor también citó a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa e igualmente investigada en la causa, aunque la comparecencia de Álvarez se produjo por separado. Gómez y Álvarez son investigadas en fase de instrucción y niegan los cargos que se les atribuyen.
La primera pareja presidencial con restricciones judiciales
La entrega del pasaporte convierte a Begoña Gómez en la primera pareja de un presidente del Gobierno español que ve restringida su movilidad por decisión de un tribunal. La medida fue solicitada por las acusaciones populares lideradas por la asociación Hazte Oír, que reclama también una condena de 24 años de prisión para la esposa del presidente. En 2024, cuando la instrucción se encontraba en fase inicial, Peinado había rechazado esa misma petición al considerar la retirada del pasaporte innecesaria y desproporcionada. La evolución del caso y la decisión de abrir juicio oral llevaron al instructor a cambiar de criterio nueve días después de la vista en la que ya podía haber dictado las medidas.
La defensa de Gómez ha recurrido las tres medidas cautelares ante la Audiencia Provincial de Madrid, instancia jurisdiccional superior al juzgado de instrucción. La apertura de juicio oral en sí misma no es recurrible ante la Audiencia Provincial; solo las medidas cautelares pueden ser impugnadas por esa vía. El recurso deberá ser resuelto en las próximas semanas. Mientras tanto, Gómez está obligada a mantener el documento en poder del juzgado y a comunicar si dispone de algún pasaporte adicional al español, ya sea diplomático o de otra nacionalidad, tal y como establece la providencia dictada por Peinado.
La justificación del juez y las críticas del Gobierno
El argumento que Peinado utilizó para justificar la retirada del pasaporte ha sido el elemento más polémico del auto del sábado. El magistrado sostuvo que existe la «posibilidad» de que Gómez «trate de eludir la acción de la justicia» y se fugue de España, y añadió que esa eventual fuga podría contar incluso con la colaboración de los propios policías que la escoltan. «No cabe duda de que esos agentes, en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga», argumentó el instructor en su resolución.
Esa afirmación desencadenó una respuesta política e institucional de gran intensidad. El portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Congreso, Patxi López, cargó contra el magistrado en términos inusualmente directos: «Es imposible no indignarse ante tamaña desvergüenza. Que este señor siga siendo juez dice mucho de cómo funcionan algunos en este gremio. El que pueda hacer que haga en su máxima expresión», afirmó desde la tribuna del hemiciclo. El Gobierno calificó las medidas de innecesarias y desproporcionadas en un comunicado en el que denunció lo que describió como una instrucción orientada por «motivos políticos».
El recurso ante la Audiencia y los próximos pasos
El proceso disciplinario que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) activó el lunes contra Peinado por sus comentarios sobre los escoltas sigue su curso en paralelo al proceso judicial. El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, deberá valorar si las expresiones del juez constituyen una falta grave de desconsideración hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en virtud del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El procedimiento disciplinario tropieza con el límite temporal de la jubilación de Peinado, prevista para el 27 de septiembre de 2026, cuando el magistrado alcance los 72 años de edad máxima para el ejercicio de la carrera judicial.
La causa seguirá en manos de Peinado hasta esa fecha, aunque con un calendario procesal que avanza con rapidez. El juicio oral al que se ha convocado a Gómez, a su asesora Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés —en una pieza separada por dos presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios— se celebrará ante un jurado popular, integrado por ciudadanos no profesionales del derecho. La fecha y la composición de ese jurado están aún por determinar. La Audiencia Provincial de Madrid tiene ahora la palabra respecto a las medidas cautelares, y su resolución marcará el siguiente hito de un proceso que, con la entrega del pasaporte de ayer, ha entrado en una nueva fase.
