La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció ayer que recurrirá la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que beneficia a más de medio millón de personas. Ayuso invoca el riesgo de colapso en los servicios públicos madrileños y alerta de que el decreto favorecería a personas con antecedentes penales.
Isabel Díaz Ayuso lleva meses construyendo su argumento contra la regularización impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ayer dio el paso de anunciarlo formalmente: la Comunidad de Madrid recurrirá el decreto. La presidenta madrileña cifró el alcance de la medida del Gobierno en más de medio millón de beneficiarios y adelantó que su equipo jurídico ya trabaja en la impugnación. «No queremos que nadie muera a la puerta de un hospital», dijo Ayuso para ilustrar el argumento central de su posición, aunque acto seguido precisó que la causa del recurso no es la atención sanitaria sino la regularización en sí. La jornada derivó en un enredo político-periodístico cuando la presidenta publicó por error que recurriría el reconocimiento sanitario a extranjeros sin residencia legal, una medida que en realidad no contempla impugnar.
El argumentario de Ayuso descansa en dos pilares. El primero es la presión sobre los servicios públicos: la presidenta sostiene que una regularización de esta escala, sin mecanismos de control previo, desbordará la capacidad de atención sanitaria, educativa y social de la comunidad. «Estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales. Estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventar los servicios públicos», insistió. El segundo es el orden jurídico: la presidenta enmarca la medida como un incentivo a la inmigración irregular y advierte de que contraviene la normativa de la Unión Europea (UE). Fuentes de Sol añaden que la regularización podría afectar a la seguridad nacional.
El precedente de Aznar y la réplica socialista
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) salió al paso con un argumento histórico que complica la posición del Partido Popular (PP). El socialista José Luis Rodríguez Zapatero recordó que durante su mandato regularizó a 70.000 personas, pero señaló que el primer presidente del PP, José María Aznar, lo hizo con cerca de 500.000 en varios procesos. Zapatero considera que el decreto actual no creará problemas graves precisamente porque no incorpora mecanismos de financiación ni provisión de servicios articulados, lo que, según su lectura, limita su impacto real sobre la prestación pública. El portavoz socialista Juan Carlos Ruiz Boix también recordó a Ayuso que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó el acuerdo en junio pasado de «avance importante para la región».
La ministra de Sanidad, Mónica García, salió a los pocos minutos de la comparecencia de Ayuso para criticar su orden y señalar que los argumentos de la presidenta madrileña «se consideran espurios». García aprovechó el error de comunicación —la publicación del recurso al reconocimiento sanitario— para subrayar la inconsistencia del anuncio. El Gobierno defiende que la regularización es una medida de integración que normaliza situaciones de hecho ya existentes en el mercado laboral y que contribuye a la cotización a la Seguridad Social de trabajadores que ya residen en España.
La lectura política del movimiento
Los analistas políticos señalan que detrás del endurecimiento del discurso de Ayuso se encuentra su deseo de no ceder terreno a Vox antes de las elecciones a la Junta de Andalucía del 17 de mayo. La presidenta madrileña quiere preservar su mayoría absoluta en las elecciones regionales del año que viene y algunos miembros del PP de Madrid le han instado a que, en el escenario en que Alberto Núñez Feijóo fracase en las generales frente a Sánchez, ella optase a liderar el partido. El recurso contra la regularización opera en ese contexto como señal hacia el electorado más conservador del PP, al que Vox trata de atraer con el mismo argumento desde hace meses.
La posición de Ayuso resulta, sin embargo, difícil de interpretar en sus implicaciones concretas. Puede alinearse con la inmigración latina y al tiempo decir que no se fía del voto de un joven cubano; defiende con entusiasmo a la opositora venezolana María Corina Machado y goza de una popularidad notable entre los venezolanos que viven en Madrid, muchos de ellos exiliados del chavismo. Esa ambigüedad le permite moverse en el espacio antiinmigración sin asumir el coste de un discurso de exclusión directa, aunque sus críticos señalan que la distinción entre inmigración bienvenida e inmigración «sin control» reproduce la lógica que Vox aplica en sus propuestas legislativas.
El Gobierno defiende la regularización
El Ejecutivo central responde al anuncio de Ayuso con datos que sitúan la regularización en un marco diferente al que describe la presidenta madrileña. El decreto no regulariza de forma automática a ninguna persona: establece un procedimiento con requisitos acreditables, entre ellos la residencia continuada en España durante un período determinado. El Gobierno sostiene que la medida no genera un efecto llamada porque no altera las condiciones de entrada al país, sino que normaliza a quienes ya llevan años trabajando en la economía informal. El Ministerio de Sanidad ha rechazado que el decreto implique ninguna extensión de derechos sanitarios más allá de los ya reconocidos por la legislación vigente.
El PP en el Congreso ha mantenido hasta ahora una posición ambigua: critica la medida en términos generales pero no ha concretado si presentará una impugnación formal a nivel nacional. El anuncio de Ayuso sitúa a la dirección nacional del partido ante una decisión que no puede ignorar: si Madrid recurre y el grupo parlamentario no acompaña la iniciativa, la fractura interna quedará expuesta en plena precampaña andaluza. Si la respalda, el PP asume el coste de oponerse a una regularización que, según el propio Gobierno, incluye a cientos de miles de personas que ya trabajan y pagan impuestos en España.
