El líder de Vox calificó este martes de «error» y «ofensa» el documento marco presentado por el PP para ordenar los pactos autonómicos en Extremadura y Aragón, apenas horas después de que Feijóo lo presentara como hoja de ruta «única, vinculante y de aplicación en toda España». La bronca entre los socios naturales de la derecha añade incertidumbre a unas negociaciones ya de por sí encalladas, con la primera investidura de Guardiola fijada para el 3 de marzo.
El Partido Popular (PP) presentó el lunes un documento marco destinado a ordenar sus negociaciones con Vox en las comunidades autónomas donde ambos partidos suman mayoría. El texto, impulsado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, consta de un decálogo de principios y dieciocho ámbitos de política autonómica, y se concibe como un instrumento «único, vinculante y de aplicación en toda España» que debe guiar cualquier acuerdo con Vox cuando «la aritmética resultante de las urnas así lo justifique». La maniobra buscaba centralizar en Génova el control de unas negociaciones que habían derivado en mensajes contradictorios entre los distintos barones territoriales del PP. Sin embargo, la respuesta de Santiago Abascal al día siguiente enterró el optimismo de partida: el líder de Vox calificó la propuesta de «error», «ofensa» e inicio «con mal pie» de unas negociaciones cuyo destino sigue sin despejarse.
El documento toma como punto de partida el argumento de que los ciudadanos están manifestando su rechazo al Gobierno de Pedro Sánchez y que corresponde a la derecha traducir ese mandato en gobiernos estables. La iniciativa llegó después de que Feijóo mantuviera el domingo anterior una conversación telefónica de una hora con Abascal para intentar desatascar los pactos en Extremadura, cuyas elecciones se celebraron el 21 de diciembre de 2025 con una victoria histórica del PP —el 43% del voto— pero insuficiente para la mayoría absoluta, y en Aragón, donde las urnas del 8 de febrero arrojaron una caída popular de 1,2 puntos mientras Vox duplicaba su representación. La situación en Extremadura es especialmente urgente: la presidenta en funciones, María Guardiola, afrontará sin los apoyos necesarios su primera investidura el 3 de marzo.
Un decálogo «único y vinculante para toda España»
El texto presenta diez condiciones de carácter político e institucional que deben enmarcar cualquier pacto, entre ellas el respeto a la unidad nacional, al marco constitucional, al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la Jefatura del Estado. A continuación, desarrolla dieciocho materias consideradas «ámbitos prioritarios de acuerdo», que incluyen la bajada de impuestos, la simplificación burocrática, el impulso a la energía nuclear, medidas contra la ocupación ilegal de viviendas —incluyendo el «desalojo exprés» y el «empadronamiento nulo» de ocupas—, el endurecimiento de la política migratoria, la defensa de la natalidad y la familia, y el fortalecimiento de la sanidad pública. El documento también exige que los gobiernos de coalición resultantes aprueben cuatro presupuestos durante la legislatura como garantía de estabilidad, una condición que el PP presenta como contrapeso al riesgo de ruptura anticipada de los ejecutivos.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, defendió el texto como un marco «genérico con unas primeras reglas que a nadie puede molestar» y mostró su confianza en que habrá acuerdo tanto en Extremadura como en Aragón. El secretario general del PP, Miguel Tellado, quien liderará las negociaciones en representación de la dirección nacional, subrayó que PP y Vox tienen «muchas coincidencias» y que son más las cosas que los unen que las que los separan.
Abascal: «Como si pactaran con salvajes»
La reacción de Abascal fue inmediata y contundente. En una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, el líder de Vox calificó el documento de «incorrecto» y «lleno de generalidades», y se mostró especialmente irritado por las menciones al respeto a la unidad nacional, la Constitución, el Estado de Derecho y la Jefatura del Estado. «Que pongan esos marcos para pactar con Vox es como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domarnos, yo creo que es empezar con mal pie», afirmó. Abascal consideró que esos principios son «obvios» para cualquier partido y que incluirlos en un documento destinado específicamente a Vox equivale a insinuar que su partido no defiende el sistema democrático, algo que calificó de «ofensa» tanto para él como para los presidentes autonómicos del PP con los que Vox ha gobernado previamente, María Guardiola y Jorge Azcón.
El presidente de Vox rechazó también la condición de aprobar cuatro presupuestos autonómicos durante la legislatura, asegurando que nunca ha visto algo semejante en la política española, y contrapropuso su propio método de negociación: «medida a medida, decreto a decreto, partida a partida», con acuerdos programáticos concretos, plazos definidos y garantías explícitas de cumplimiento antes de abordar cualquier otro compromiso. «Lo normal es que quien necesite los votos venga a hablar con nosotros, no que ponga el marco», apostilló, en referencia directa a la posición de Feijóo como parte demandante del acuerdo.
El Gobierno y el PSOE reaccionan
La presentación del documento y el cruce de acusaciones entre ambos partidos generaron también una intensa respuesta desde el campo progresista. La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, utilizó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para lanzar una de las críticas más directas de la semana: «El PP ha pasado de blanquear a la ultraderecha a ser la ultraderecha», afirmó, calificando la estrategia de Feijóo como una «claudicación» y una «rendición» ante los postulados de Vox. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, señaló que el documento supone la primera vez que el PP reconoce que sin Vox «no es nadie» y advirtió que la alianza entre ambas formaciones podría convertirse en «la gran empresa de demolición del Estado de Bienestar» en España.
La paradoja del momento es que el documento del PP no logró satisfacer ni a su destinatario ni a sus críticos. Vox lo considera insuficiente y genérico; el Gobierno y el PSOE lo interpretan como una capitulación ideológica de los populares. Entre tanto, los plazos aprietan: Extremadura no puede mantenerse indefinidamente en funciones, y cualquier repetición electoral en esa comunidad sería, según todos los análisis, perjudicial para el PP. La pregunta que queda en el aire es si la bronca del martes es el comienzo de una negociación o el primer síntoma de su fracaso.
