La paciencia tiene un coste. El Gobierno de Pedro Sánchez lleva meses apostando por una lectura a largo plazo de su relación con Junts per Catalunya: que el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña, previsible a partir del otoño si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala en julio la ley de amnistía y el Tribunal Constitucional otorga amparo en octubre, reordenará al partido posconvergente hacia lo que en La Moncloa denominan la «política útil». Mientras tanto, el Ejecutivo absorbe los golpes. El problema es que los golpes se acumulan, y la distancia entre el cálculo estratégico y la realidad parlamentaria del día a día se hace cada semana más visible.
El último pleno ordinario antes del verano lo ilustró con una contundencia que ningún relato gubernamental puede disolver del todo. Tres derrotas en una sola jornada: una moción no vinculante que insta a Sánchez a dimitir y a plantear una cuestión de confianza, aprobada con 178 votos gracias al concurso de JxCat junto a PP y Vox; el rechazo de un decreto de créditos extraordinarios para empresas públicas por cerca de 1.000 millones de euros; y la inadmisión, por la propia Mesa del Congreso, de los dos primeros puntos de esa misma moción, lo que añade la paradoja de que el instrumento que blinda al Gobierno también le genera el desgaste de parecer que corta el debate. Es la quinta vez en lo que va de año que un decreto cae por falta de acuerdo con los posconvergentes. La legislatura lleva tres años sin presupuestos.
La lectura que se ha impuesto en La Moncloa descansa en una hipótesis con fundamento pero no exente de incertidumbre. Puigdemont en Cataluña, razonan fuentes del Ejecutivo, tendrá que tomar la decisión estratégica que hasta ahora ha diferido: si apuesta por la «política útil» que le permita rentabilizar los acuerdos de la investidura, o si se decanta por la antipolítica que alimenta a Aliança Catalana y erosiona su propio espacio. Esa decisión, en la lógica gubernamental, sería el momento de verdad para un partido que pierde votos por todos lados y que necesita exhibir resultados concretos para sobrevivir como fuerza relevante en el tablero catalán. La apuesta no carece de lógica. Pero convierte la estabilidad del Gobierno central en rehén de una variable que no controla.
Lo que sí controla Sánchez es el marco de la confrontación. El presidente ha convertido el reto a JxCat en un argumento recurrente: si quieren que se vaya, que apoyen una moción de censura del PP con los votos de Vox y hagan presidente a Alberto Núñez Feijóo. Esa interpelación directa tiene la virtud de colocar a JxCat ante una contradicción que sus votantes perciben con claridad: el partido de Puigdemont no puede presentarse como fuerza de izquierda soberanista y al mismo tiempo entregar La Moncloa a la derecha con apoyos de la ultraderecha. La foto con Vox en el hemiciclo pidiendo la dimisión del presidente ya existe; la foto con Vox instalando a Feijóo en el Gobierno sería de otra naturaleza. Ese cálculo es, por ahora, el principal seguro de vida del Ejecutivo.
El PP también tiene su propia trampa. Feijóo celebró la jornada del jueves como un hito histórico y habló de «un antes y un después del sanchismo», pero evitó con mucha cautela comprometerse con los pasos siguientes. La moción de censura que el líder popular agita como posibilidad sigue siendo, en la práctica, un farol de difícil materialización. JxCat ha dejado claro que no participará si la iniciativa cuenta con los votos de Vox, y sin los nacionalistas catalanes la aritmética no da. El PP acumula victorias simbólicas, que tienen valor político real, pero no ha resuelto el problema de fondo: dispone de más presión que palancas para ejercerla.
La pregunta que atraviesa el verano político español es cuánto tiempo podrá sostenerse este equilibrio inestable. El Gobierno tiene una hoja de ruta que pasa por la amnistía, la financiación autonómica y unos presupuestos que llevan tres años sin aprobarse, con las elecciones generales previstas para 2027 como horizonte final. JxCat tiene un líder en el exilio cuyo regreso podría alterar, o no, la geometría del bloque de investidura. El PP tiene la presión pero no la mayoría. Y Vox, cuya presencia aleja a los socios que harían posible cualquier alternativa, funciona paradójicamente como el mejor escudo del Ejecutivo que dice querer derribar. España entra en la época estival con un Gobierno que sobrevive porque ninguno de sus adversarios puede permitirse, por ahora, el coste de acabar con él.
