Las llegadas irregulares a España han bajado un 36% en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2025, con un descenso especialmente pronunciado en la ruta canaria, donde los inmigrantes que alcanzan las islas son un 71% menos que el año anterior. El Gobierno atribuye el dato a la colaboración de Mauritania y Marruecos. Los expertos advierten, sin embargo, de que el control fronterizo está desplazando los puntos de salida hacia rutas más largas y mortíferas.
Las estadísticas de llegadas irregulares a España dibujan en 2026 una tendencia a la baja que el Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado para rebatir el argumento del efecto llamada que el Partido Popular (PP) asocia a la regularización extraordinaria de inmigrantes. Entre el 1 de enero y el 15 de junio han cruzado de manera irregular las fronteras marítimas y terrestres españolas un total de 10.701 personas, un 36% menos que en el mismo periodo de 2025. El descenso más llamativo corresponde a la ruta canaria, históricamente la más mortífera del planeta: hasta mediados de junio llegaron a las islas 3.267 personas, frente a las 11.284 del mismo intervalo del año anterior, lo que supone una caída del 71%. En noviembre de 2024, el momento de mayor presión sobre esa vía, llegaron a Canarias 7.338 migrantes en un solo mes.
El dato, sin embargo, tiene una lectura más compleja de la que el relato oficial sugiere. Fuentes policiales advierten de que los cruces por fronteras marítimas y terrestres no representan más del 10% del total de la inmigración irregular en España. La gran mayoría de quienes se encuentran en situación irregular en el país llegaron por aeropuerto con visado temporal que agotaron sin renovar, como confirman los datos del proceso de regularización: el 65% de las solicitudes presentadas corresponde a latinoamericanos, cuya vía de entrada preferente son los aeropuertos, no las costas. El argumento del efecto llamada aplicado exclusivamente a las entradas irregulares por mar puede, en ese sentido, convertirse en un boomerang para quienes lo utilizan.
Canarias, el descenso más pronunciado
La caída en la ruta canaria responde principalmente a la colaboración de Mauritania, país desde cuyas costas parte el grueso de las embarcaciones que intentan alcanzar el archipiélago. La Unión Europea (UE) ha reforzado en los últimos años los fondos destinados a ese país para el control de sus fronteras, y el Gobierno de Nuakchot ha intensificado las operaciones de intercepción y expulsión de migrantes. El resultado estadístico es inequívoco: en 2026 han llegado a Canarias 42 embarcaciones, frente a las 183 del mismo periodo del año anterior. Marruecos también ha incrementado su colaboración con España tras el giro del Gobierno de Sánchez en la cuestión del Sáhara Occidental, lo que ha reducido la presión en las rutas que conectan la costa atlántica marroquí con las islas y la Península.
El descenso en la ruta canaria tiene, no obstante, una consecuencia que las estadísticas de llegadas no recogen: el desplazamiento de los puntos de salida hacia posiciones más meridionales. Ante el endurecimiento del control en las costas mauritanas, el colectivo Caminando Fronteras ha documentado la aparición de una nueva ruta incipiente desde Guinea Conakry, con una distancia aproximada de 2.200 kilómetros hasta las islas Canarias, 750 kilómetros más que el trayecto habitual desde Senegal. La travesía implica más de diez días en el océano Atlántico en embarcaciones precarias, lo que la convierte en una de las rutas migratorias de mayor riesgo del mundo. El control fronterizo no elimina los flujos: los reorienta hacia recorridos más largos y peligrosos.
El precio de la colaboración mauritana
La política de mano dura del Gobierno de Nuakchot contra los migrantes que intentan alcanzar España desde sus costas ha generado tensiones diplomáticas con los países de origen de los deportados. Las autoridades de Senegal y Mali han denunciado públicamente el trato recibido por sus compatriotas expulsados desde Mauritania, en ocasiones en condiciones que organizaciones de derechos humanos describen como degradantes. La externalización del control fronterizo hacia terceros países con menor escrutinio sobre el respeto a los derechos fundamentales es una práctica que el Reglamento de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo institucionaliza a escala comunitaria, pero que en el caso español lleva años operando de facto a través de acuerdos bilaterales.
El modelo presenta una tensión de difícil resolución para los gobiernos que lo aplican: la reducción de llegadas que persiguen solo es posible con la colaboración de países cuyas prácticas de control migratorio son incompatibles con los estándares europeos de derechos humanos. Argelia ha sumado también su colaboración para desactivar embarcaciones con destino a la Península y las islas Baleares, aunque el impacto estadístico en esa ruta es aún limitado: las llegadas a Baleares han caído apenas un 4,1%, con 2.182 personas en lo que va de año frente a 2.275 en el mismo periodo de 2025. Las llegadas a la Península por vía marítima han aumentado un 14,7%, con 2.651 personas en 150 embarcaciones, lo que sugiere que el cierre de la ruta canaria no ha reducido la presión sobre todas las vías de entrada.
Ceuta y la ruta que no baja
El único indicador que no recoge una tendencia a la baja es el de las entradas por vía terrestre en Ceuta y Melilla. En Ceuta, las llegadas han aumentado un 215,2% respecto al mismo periodo de 2025, con 2.493 personas contabilizadas frente a 791 el año anterior. La entrada masiva por los saltos a las vallas de las ciudades autónomas es un fenómeno que no se repite desde el trágico episodio del verano de 2022, pero fuentes policiales describen «un goteo continuo» durante las madrugadas con un perfil recurrente: hombre joven capaz de encaramarse a la valla para alcanzar el lado español. A esas entradas se suman las llegadas a nado desde Marruecos, práctica que se intensifica en las noches de niebla y que las estadísticas de vía terrestre también contabilizan.
La lectura agregada de los datos disponibles revela una política de control fronterizo que ha logrado reducir significativamente la presión sobre la ruta más visible y más políticamente sensible —la canaria— pero que no ha eliminado los flujos migratorios sino redistribuido su geografía. El debate sobre si esa redistribución es un éxito de gestión o un desplazamiento del problema hacia espacios de menor visibilidad y mayor peligro para las personas en tránsito divide a los especialistas en movilidad humana y a las organizaciones que trabajan en la frontera. Lo que los datos no permiten discutir es que, mientras las estadísticas de llegadas caen, la distancia que algunos migrantes recorren para alcanzar España no hace sino aumentar.
