El anuncio de la regularización extraordinaria ha despertado la esperanza de cientos de miles de personas en situación irregular, pero también ha activado redes de estafadores que ofrecen servicios fraudulentos cuando el procedimiento aún no está en vigor. Organizaciones especializadas detectan ofertas de contratos de alquiler falsos por 750 euros, falsificación de certificados de antecedentes penales y promesas de tramitación prioritaria inexistente. Autoridades y entidades sociales piden prudencia y advierten que nadie puede garantizar resultados antes de que el real decreto sea publicado.
El anuncio del Gobierno sobre la regularización extraordinaria de migrantes ha generado una oleada de expectación entre las personas extranjeras en situación irregular que residen en España. Sin embargo, esta esperanza legítima también ha abierto la puerta a estafadores y redes organizadas que intentan lucrarse con la vulnerabilidad y la desesperación de quienes llevan años esperando estabilizar su situación administrativa.
Organizaciones especializadas en atención a población migrante, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Ecos do Sur, han alertado sobre un incremento notable de intentos de fraude a través de redes sociales, mensajes de WhatsApp y contactos presenciales en lugares frecuentados por la comunidad migrante.
Falsificación de documentos y contratos simulados
Las estafas detectadas abarcan un amplio espectro de servicios fraudulentos. Una de las más extendidas es la venta de contratos de alquiler falsos o con fechas retroactivas, documentos que los estafadores ofrecen por cantidades que alcanzan los 750 euros. Estos contratos pretenden acreditar la estancia en España durante el periodo requerido, pero carecen de validez legal y pueden comprometer gravemente el expediente administrativo de quien los presente.
El programa televisivo ‘Código 10’ documentó en exclusiva casos concretos de estas prácticas. En conversaciones interceptadas, los estafadores ofrecen «papel con fecha de 2025» para simular contratos de alquiler que permitan cumplir el requisito de residencia. La investigación reveló que estas mafias también ofertan la modificación de certificados de antecedentes penales, un requisito indispensable para acceder a la regularización.
En uno de los mensajes obtenidos por el programa, un interesado pregunta: «¿Cuánto cuesta?» refiriéndose a la obtención de antecedentes limpios. La respuesta del estafador es directa: «Son 15 euros, puedo realizarle el certificado de antecedentes, y yo editarlo para borrarle lo que quieras». Esta oferta constituye un delito de falsificación documental que no solo perjudica al migrante que cae en la trampa, sino que también compromete su futuro proceso de regularización.
Albert Palacio, portavoz del sindicato de Mossos d’Esquadra, advirtió sobre la gravedad de estas prácticas: «Falsifican todo lo que necesitan. A nosotros lo que más nos preocupa son los antecedentes penales del país de origen», señaló, subrayando el riesgo que supone para la seguridad pública la circulación de documentación adulterada.
Casos documentados y testimonios de víctimas
Regina, nombre ficticio utilizado por eldiario.es para proteger su identidad, es una mujer mexicana que lleva más de un año esperando respuesta a su solicitud de asilo. Su testimonio ilustra el impacto devastador de estas estafas. En un restaurante del barrio madrileño de Tetuán, una mujer se presentó como abogada de una reconocida gestoría y ofreció ayuda para tramitar la regularización. Días después, Regina contactó con ella y acabó pagando una cantidad que necesitaba para el alquiler.
«No me ha devuelto el dinero, que supuestamente era para solicitar mis antecedentes», lamenta con la voz entrecortada. Pero el daño no se limitó a lo económico: la supuesta abogada la amenazó con hacer daño a su familia en su país de origen, aprovechando la información personal que le había proporcionado, y también con denunciarla a la policía para frustrar su regularización. «He pasado por muchas cosas aquí, no puedo tirar todo por la borda», explica Regina, atrapada entre el miedo y la desesperación.
Elena Muñoz, coordinadora del equipo jurídico de CEAR, confirma que la entidad está recibiendo decenas de consultas diarias desde el anuncio gubernamental. «Lo primero es intentar transmitir calma y transmitir información verídica», señala. Muchas personas se dirigen a CEAR con dudas legítimas, pero también con el relato de ofertas sospechosas recibidas a través de canales digitales.
Desde Ecos do Sur, en A Coruña, Natalia Monje advierte: «Estamos recibiendo decenas de consultas de personas que quieren saber cómo hacer, vienen con esperanza, ilusión y cierta desesperación por empezar a hacer todo el papeleo, y hay gente que se aprovecha de esa desesperación». La organización gallega ha detectado los primeros intentos de estafa en redes sociales que ofrecen tramitación a cambio de dinero cuando el proceso ni siquiera está en vigor.
Cómo identificar fraudes y canales oficiales seguros
José Barrajón, responsable de migraciones de Comisiones Obreras en Valencia, es tajante: «Esto es sencillamente una estafa, nadie tiene acceso prioritario a un proceso que legalmente aún no existe». El sindicalista subraya que el real decreto todavía no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado y que, por tanto, resulta imposible tramitar solicitud alguna en este momento.
Barrajón advierte sobre otro riesgo adicional: solicitar documentación demasiado pronto puede ser contraproducente. «Cualquier documento que se solicite tiene una caducidad. Hay algunos que caducan en tres meses, y si se solicitan ahora, pueden haber caducado una vez empiece el plazo para el trámite», explica. Este problema afecta especialmente a los certificados de antecedentes penales, cuya vigencia es limitada.
El Gobierno ha pedido públicamente «calma» y ha recordado que el plazo para acceder a la regularización extraordinaria no está abierto. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones detalló que el texto inicial estuvo en audiencia pública hasta el 6 de febrero, tras lo cual se procederá a valorar las aportaciones recibidas y enviar el documento a diversas instituciones para recabar informes. El Consejo de Estado emitirá el informe fundamental que otorgará «las máximas garantías jurídicas» al real decreto.
Canales oficiales y organizaciones verificadas
Las organizaciones especializadas recomiendan acudir exclusivamente a canales oficiales: delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, oficinas de la Seguridad Social y entidades sin ánimo de lucro con trayectoria acreditada en atención a migrantes. Los ayuntamientos, según aclaró la Federación Española de Municipios y Provincias, «carecen de información» sobre el proceso y están derivando las consultas a las instancias gubernamentales competentes.
CEAR, Cáritas, la Cruz Roja, sindicatos como CCOO y UGT, así como organizaciones locales de atención a migrantes, ofrecen asesoramiento gratuito y fiable. Ninguna de estas entidades cobra por la orientación básica sobre el procedimiento.
Las autoridades recuerdan que ofrecer servicios de gestoría en materia de extranjería sin estar debidamente habilitado constituye una actividad ilegal. Los abogados que trabajen en este ámbito deben estar colegiados, y cualquier gestor debe contar con la autorización administrativa correspondiente. Verificar estas credenciales es fundamental antes de contratar servicios profesionales.
Natalia Monje, de Ecos do Sur, resume la situación: «Pedimos cautela. Estas estafas son una realidad recurrente en los trámites de Extranjería». La organización recuerda casos similares con las citas previas, que llegan a venderse ilegalmente, o con promesas de homologación acelerada de títulos universitarios mediante «procesos paralelos» que no existen.
El anuncio de la regularización extraordinaria ha despertado la esperanza de cientos de miles de personas que desean estabilizar su situación en España. Sin embargo, la desesperación y la urgencia no deben llevar a decisiones precipitadas que terminen beneficiando a quienes buscan aprovecharse de la vulnerabilidad ajena. La prudencia, la información verificada y el recurso a canales oficiales son las mejores herramientas para evitar caer en fraudes que pueden comprometer no solo el dinero, sino el futuro administrativo en España.
