Los últimos datos de Funcas, elaborados a partir de las cifras del Instituto Nacional de Estadística, confirman una realidad que la política española lleva años esquivando: la inmigración en situación administrativa irregular ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un elemento estructural del modelo migratorio. A 1 de enero de 2025, 840.000 personas vivían en España sin papeles, una cifra que no solo impresiona por su volumen, sino por su composición y su tendencia sostenida al alza.
El dato más revelador no es únicamente cuantitativo, sino cualitativo: el 91 % de esta inmigración irregular procede de América Latina. Colombia, Perú y Honduras encabezan la lista. No hablamos, por tanto, de rutas clandestinas dominadas por mafias transcontinentales, sino de flujos que, en muchos casos, entran por vías legales —turismo, estudios, estancias temporales— y acaban atrapados en un limbo administrativo prolongado. La irregularidad ya no es una anomalía del sistema: es una fase asumida del mismo.
Desde 2017, cuando se estimaban poco más de 100.000 personas en esta situación, el crecimiento ha sido constante. Ni los cambios normativos ni las sucesivas regularizaciones han logrado invertir la tendencia. La última reforma del reglamento de extranjería, en vigor desde mayo de 2025, apunta a facilitar el arraigo y la integración, pero incluso en el escenario más optimista —900.000 regularizaciones en tres años— el propio informe reconoce que el número de irregulares no disminuiría: simplemente se estabilizaría.
Este es el núcleo del problema. España gestiona personas, pero no gestiona flujos. Regulariza a posteriori lo que no planifica a priori. La economía absorbe mano de obra, especialmente en sectores de baja y media cualificación, pero el Estado no articula mecanismos ágiles, previsibles y ordenados de entrada legal vinculados al mercado laboral. El resultado es un sistema que tolera la irregularidad como engranaje funcional: trabajadores sin derechos plenos, vulnerables, pero disponibles.
La directora de Estudios Sociales de Funcas lo expresa con claridad al denunciar la escasa planificación de la política migratoria española. No se trata de cuestionar la integración —necesaria y positiva—, sino de señalar que sin una estrategia global, la integración llega tarde y mal. Mientras tanto, el debate político oscila entre el humanitarismo retórico y el silencio incómodo, evitando afrontar una evidencia incómoda: la irregularidad masiva no es un accidente, es una consecuencia directa de la falta de planificación.
España necesita una política migratoria que mire más allá de la regularización como solución mágica. Orientar la inmigración hacia sectores con déficit de mano de obra, coordinarla con la formación, la productividad y el crecimiento económico, y hacerlo con transparencia y previsión. Todo lo demás es seguir administrando un problema que ya se ha convertido en sistema.
