El Gobierno interino de Venezuela anunció la concesión de medidas alternativas a la prisión para 131 personas, en la primera señal tangible surgida tras el inicio de las negociaciones entre el chavismo y un sector de la oposición, auspiciadas por Estados Unidos.
La decisión no implica, por el momento, que las 131 personas hayan abandonado efectivamente los centros penitenciarios ni que hayan recibido libertad plena. La organización Foro Penal había confirmado hasta la noche del viernes la excarcelación de 64 presos políticos y señaló que continuaba verificando individualmente cada caso.
En su comunicado, el Ejecutivo evitó reconocer la existencia de presos políticos y afirmó que las medidas beneficiaban a personas detenidas por su «presunta o comprobada participación» en delitos contemplados por la legislación venezolana. Organizaciones de derechos humanos y familiares sostienen, en cambio, que numerosos procesos fueron utilizados durante años para castigar la disidencia, intimidar a opositores o criminalizar las protestas.
Las autoridades tampoco detallaron qué restricciones acompañan a las medidas concedidas. En Venezuela, muchas excarcelaciones anteriores han incluido prohibiciones de viajar, comparecencias periódicas ante los tribunales o causas judiciales que permanecen abiertas. Por ello, las ONG distinguen entre abandonar la cárcel y recuperar plenamente la libertad.
Un resultado del diálogo
El anuncio se produjo después del primer ciclo de conversaciones entre representantes del Gobierno interino y una delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera. El proceso cuenta con el respaldo de Washington y busca abrir una vía hacia la reinstitucionalización democrática del país tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense, en enero pasado.
Figuera había situado la liberación de los presos políticos entre las prioridades del diálogo. Tras conocerse las primeras salidas, celebró el reencuentro de las familias, pero advirtió que la medida era insuficiente.
«No son todos y merecen libertad plena», escribió la dirigente opositora, que pidió mantener la presión hasta que cada detenido pueda regresar con su familia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó las excarcelaciones como un paso crucial para la reconciliación nacional y aseguró que Washington continuará siguiendo de cerca las negociaciones.
El diálogo, sin embargo, no reúne a toda la oposición venezolana. El sector encabezado por María Corina Machado quedó fuera de la mesa, una ausencia que limita su representatividad y plantea interrogantes sobre la capacidad de los acuerdos para obtener un respaldo político y social amplio.
«Se acabó la pesadilla»
Entre las personas excarceladas se encuentra Emirlendris Benítez, comerciante detenida en agosto de 2018, cuando estaba embarazada, y acusada de participar en el atentado con drones contra Maduro.
Benítez fue condenada a 30 años de prisión por delitos de terrorismo, traición a la patria y homicidio calificado en grado de frustración. Su defensa y organizaciones de derechos humanos denunciaron que fue torturada y sometida a tratos crueles durante su detención. Perdió el embarazo y su estado de salud se deterioró hasta obligarla a utilizar una silla de ruedas.
«Se acabó la pesadilla», afirmó al reencontrarse con su hijo, en unas imágenes difundidas después de abandonar la prisión. Otras cinco mujeres salieron junto a ella.
También fueron excarcelados detenidos vinculados al denominado caso Plaza Venezuela, en el que alrededor de medio centenar de personas fueron acusadas de terrorismo por su supuesta participación en un plan para derrocar a Maduro y provocar explosiones en Caracas.
Familiares concentrados desde hace meses ante la cárcel de El Rodeo recibieron con celebraciones las primeras salidas, aunque muchos continuaban esperando noticias. Frente al centro penitenciario, un grupo de 25 excarcelados reclamó justicia, recordando que la liberación no borra las condiciones de detención ni las posibles vulneraciones sufridas.
Un primer paso, no el final
Foro Penal contabilizaba 391 presos políticos antes de esta operación. Si se confirman las 131 medidas anunciadas, todavía permanecerían numerosas personas detenidas por motivos políticos o sometidas a procesos cuestionados por organizaciones independientes.
Las excarcelaciones constituyen una señal importante y ofrecen un primer resultado concreto del diálogo. Sin embargo, su verdadero alcance dependerá de la publicación de una lista completa, de la verificación independiente de cada salida, de las condiciones impuestas a los beneficiarios y de la revisión de los procesos judiciales.
El desafío no consiste únicamente en abrir las puertas de las cárceles. También implica determinar quiénes fueron privados arbitrariamente de libertad, investigar las denuncias de tortura y garantizar que la prisión deje de utilizarse como instrumento de control político
