La propuesta costaría entre 1,2 y 1,4 billones de dólares, necesitaría la aprobación del Congreso y difícilmente podría financiarse únicamente con los aranceles. Economistas advierten de que una inyección de semejante magnitud podría agravar el déficit y alimentar la inflación.
Donald Trump ha prometido entregar 5.000 dólares a cada ciudadano estadounidense adulto si el Partido Republicano mantiene el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
«Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares. Se llamará el dividendo Trump», declaró el presidente durante la convención republicana celebrada en Dallas, Texas.
Trump pidió a sus simpatizantes que afrontaran las elecciones de medio mandato como si su propio nombre figurara nuevamente en las papeletas. La intervención refleja la preocupación republicana ante la posibilidad de perder una o ambas cámaras del Congreso, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vida y el desgaste provocado por la guerra contra Irán.
Una promesa que superaría el billón de dólares
El presidente no explicó con precisión qué personas tendrían derecho al pago ni cómo se financiaría. Si los cheques se entregaran a unos 240 millones de ciudadanos adultos, el desembolso rondaría los 1,2 billones de dólares. Una definición más amplia de los beneficiarios elevaría el coste hasta aproximadamente 1,4 billones.
El vicepresidente JD Vance vinculó posteriormente el denominado «dividendo Trump» con los ingresos obtenidos mediante los aranceles. También sugirió que los estadounidenses con mayores ingresos podrían quedar excluidos, introduciendo un matiz que Trump no había mencionado durante su discurso.
La recaudación aduanera resulta, sin embargo, muy inferior al coste previsto. La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que el Gobierno ha ingresado alrededor de 167.000 millones de dólares en aranceles durante el actual ejercicio fiscal. Incluso si toda esa cantidad se destinara a los cheques, cubriría solo una pequeña parte del programa.
Además, los aranceles no son beneficios empresariales obtenidos gratuitamente del extranjero. Son impuestos pagados inicialmente por los importadores estadounidenses, que pueden trasladar parte del coste a consumidores y empresas mediante precios más elevados.
El Congreso tendría la última palabra
La promesa no constituye necesariamente una compra ilegal de votos, porque el eventual pago no dependería de cómo hubiera votado cada ciudadano, sino del resultado general de las elecciones. Las promesas de ayudas, rebajas fiscales o prestaciones forman parte habitual de las campañas estadounidenses.
Otra cuestión es su aplicación. La Constitución atribuye al Congreso la potestad de autorizar el gasto público. Trump necesitaría, por tanto, una ley que aprobara la partida correspondiente, aunque el mandatario declaró posteriormente que no consideraba necesaria esa autorización.
El programa llegaría, además, en un momento fiscal delicado. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó para 2026 un déficit federal de 1,9 billones de dólares. Un desembolso adicional de más de un billón, sin nuevos ingresos o recortes equivalentes, aumentaría sustancialmente el endeudamiento público.
Riesgo de mayor inflación
Los cheques incrementarían rápidamente la capacidad de gasto de los hogares. Esa expansión del consumo podría estimular temporalmente la actividad económica, pero también presionaría sobre los precios en un país donde la inflación continúa por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal.
El problema resulta especialmente sensible para Trump, que afronta el descontento ciudadano por el coste de la vida y el encarecimiento de la energía. Prometer una transferencia directa puede resultar electoralmente atractiva, pero su efecto económico podría contradecir el objetivo declarado de reducir los precios.
Trump ya había planteado anteriormente cheques financiados mediante los aranceles o los ahorros obtenidos con los recortes de la Administración, sin que aquellas propuestas llegaran a materializarse.
Por ahora, el «dividendo Trump» es una promesa electoral, no un programa presupuestario. Carece de un texto legislativo, criterios definitivos y una fuente de financiación suficiente. Su impacto político será inmediato; su viabilidad económica y jurídica sigue siendo incierta.
