El Departamento de Estado recorta drásticamente el alcance de su informe anual y suaviza las críticas a dos gobiernos aliados, mientras señala retrocesos en Europa y Brasil.
El gobierno de Donald Trump ha publicado este 12 de agosto su primer informe anual sobre derechos humanos, marcado por un giro político evidente: la ausencia de acusaciones relevantes contra El Salvador e Israel, dos aliados estratégicos de Washington, en contraste con las severas advertencias del último documento emitido bajo la administración de Joe Biden.
En el caso salvadoreño, el texto omite las denuncias de abusos documentadas por organizaciones internacionales y por migrantes deportados desde Estados Unidos. Bajo un estado de excepción que acumula más de dos años, el presidente Nayib Bukele ha impulsado detenciones masivas que, según el informe, redujeron la violencia de pandillas a “mínimos históricos”. El documento sostiene que no hubo “cambios significativos” en la situación de derechos humanos durante el último año y que “no existen informes confiables de abusos significativos”.
El contraste con el reporte de 2024 es evidente. Entonces, la diplomacia estadounidense señalaba ejecuciones extrajudiciales, torturas y condiciones carcelarias extremas. Ahora, el documento —de apenas una cuarta parte de la extensión de su predecesor— suaviza o elimina estos señalamientos, alineándose con el discurso oficial del gobierno salvadoreño.
La sección dedicada a Israel y a los territorios palestinos también se ha reducido drásticamente: nueve páginas frente a las 103 del año pasado. El texto destaca que el gobierno israelí tomó medidas para investigar abusos, pero apenas dedica dos líneas a los posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad, evitando mencionar las acusaciones de limpieza étnica en Gaza o el papel del primer ministro Binyamin Netanyahu. En cambio, enfatiza los ataques de Hamás y Hezbolá contra civiles israelíes.
Expertos y defensores interpretan el recorte como una maniobra calculada. Refleja un cambio de prioridades en la política exterior de Estados Unidos bajo Trump, que busca reforzar alianzas estratégicas y reducir el escrutinio sobre socios clave. Esta aproximación, advierten, puede debilitar la credibilidad internacional del país en materia de derechos humanos, sobre todo cuando se mantiene un enfoque severo hacia gobiernos adversarios, mientras se suavizan los informes sobre aliados.
En paralelo, el Departamento de Estado sí identificó retrocesos en países europeos como Francia, Reino Unido y Alemania, así como en Brasil, señalando restricciones a la prensa, uso excesivo de la fuerza y discriminación contra minorías. La selección y el énfasis de los casos refuerzan la percepción de un abordaje selectivo, más político que normativo, del concepto de derechos humanos.
Menos páginas, más sesgo: lo que antes se presentaba como defensa global ahora se acomoda a la política exterior del momento.
