El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva destinada a combatir el denominado «turismo de nacimiento», una práctica por la que mujeres extranjeras viajan al país para dar a luz y permitir que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
La medida forma parte de la ofensiva de la Administración Trump para endurecer la política migratoria y reforzar el control sobre los visados temporales, aunque no modifica el principio constitucional del derecho de ciudadanía por nacimiento, protegido por la 14.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Durante la firma del decreto en la Casa Blanca, Trump afirmó que en los últimos años se han desarrollado «redes criminales organizadas» que facilitan la llegada de mujeres embarazadas con el único propósito de obtener la nacionalidad estadounidense para sus hijos.
«Vamos a actuar contra quienes organizan estos viajes y contra quienes utilizan los visados con ese objetivo», declaró el mandatario.
Visados bajo mayor control
La nueva orden instruye a las autoridades consulares estadounidenses a reforzar la vigilancia sobre las solicitudes de visado cuando existan indicios de que el viaje tiene como finalidad el nacimiento de un hijo en territorio estadounidense.
Según la Administración, las restricciones afectarán tanto a los padres como a las personas y organizaciones que promuevan este tipo de desplazamientos.
La iniciativa llega pocas semanas después de que la Corte Suprema reafirmara que los niños nacidos en Estados Unidos de padres en situación irregular o con estancia temporal continúan estando protegidos por el principio constitucional del jus soli, salvo excepciones muy limitadas.
Un nuevo frente en la estrategia migratoria de Trump
Uno de los principales asesores del presidente, Stephen Miller, explicó que el decreto también permitirá restringir el acceso automático a determinados beneficios derivados de la ciudadanía en casos relacionados con personas vinculadas a organizaciones consideradas terroristas o que actúen en representación de gobiernos extranjeros.
La medida se integra en una estrategia más amplia impulsada por la Casa Blanca para reducir la inmigración irregular, reforzar los controles fronterizos y revisar distintos programas migratorios que, según la Administración, han sido objeto de abusos.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles consideran, sin embargo, que el decreto volverá a ser objeto de recursos judiciales, al entender que el derecho a la ciudadanía por nacimiento está protegido por la Constitución y no puede modificarse mediante una orden ejecutiva.
