La administración Trump anunció la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 76.000 hondureños y nicaragüenses que viven en Estados Unidos desde 1999. El Departamento de Seguridad Nacional argumenta que “ha habido mejoras notables” en ambos países, lo que permitiría su retorno. Entre esas supuestas mejoras, menciona el turismo, la inversión inmobiliaria en Honduras y las energías renovables en Nicaragua. Todo muy atractivo… en los folletos.
La decisión entrará en vigor 60 días después de su publicación oficial, programada para mañana. Eso significa que decenas de miles de personas que construyeron su vida en Estados Unidos, tras huir de la devastación del huracán Mitch en 1998, ahora enfrentan la amenaza de deportación. El argumento oficial parece ignorar que el TPS no solo se otorga por huracanes. Los riesgos de retornar incluyen la inseguridad estructural, la precariedad laboral y, en el caso de Nicaragua, un régimen político que reprime y criminaliza a la disidencia.
Este anuncio llega menos de dos semanas después de que Trump anunciara el fin del TPS para más de 520.000 haitianos –medida frenada temporalmente por un juez federal– y tras la ratificación del fin del programa para miles de venezolanos. El mensaje es claro: la política migratoria trumpista no cambia su esencia. Utiliza la figura del migrante como moneda electoral, demuestra fuerza ante la base conservadora y presiona a países de origen para renegociar agendas bilaterales bajo amenaza de deportaciones masivas.
La cancelación del TPS no solo destruye la estabilidad de quienes residen desde hace más de dos décadas en Estados Unidos. También rompe el tejido económico y social de sus familias en Honduras y Nicaragua, donde las remesas son pilar de la economía y las deportaciones implican un retorno sin redes de apoyo, sin empleos y, muchas veces, con hijos ciudadanos estadounidenses que quedarían desarraigados.
Esta decisión, que en Washington se redacta como un trámite burocrático, en Tegucigalpa y Managua se vive como un terremoto humano. El “retorno adecuado” no existe cuando los migrantes han construido vida, raíces y futuro fuera de su tierra natal porque su país no se los ofreció. Si la política migratoria fuera coherente con la retórica de derechos humanos que tanto se invoca, entendería que la migración forzada no se revierte con decretos, sino con cambios estructurales que ni Honduras ni Nicaragua han logrado concretar.
Hoy, 76.000 personas miran hacia atrás con miedo y hacia adelante con incertidumbre. Porque cuando un Estado decide que ya no mereces protección, lo que está en juego no es solo tu estatus migratorio, sino tu dignidad.
