El presidente estadounidense impulsa una revisión del calendario de vacunación infantil, reduce de 18 a 11 las enfermedades incluidas entre las inmunizaciones recomendadas para todos los niños y propone separar las dosis en distintas visitas. La iniciativa, promovida junto al secretario de Salud, Robert F. Kennedy, refuerza el peso político del movimiento MAHA y abre un nuevo conflicto entre la Casa Blanca, los expertos sanitarios y los Estados.
Donald Trump ha vuelto a colocar las vacunas infantiles en el centro de su agenda sanitaria con una orden ejecutiva que modifica las recomendaciones federales sobre inmunización y reclama una revisión de los protocolos estatales. Firmada el 10 de agosto, la medida establece un nuevo marco denominado por la Casa Blanca «Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations» y clasifica las vacunas en tres grupos según su recomendación para todos los niños, determinados colectivos o decisiones individualizadas entre médicos y familias.
El cambio supone una ruptura con la evolución seguida durante décadas por las autoridades sanitarias estadounidenses. Según la propia Casa Blanca, el número de enfermedades cubiertas por las recomendaciones rutinarias para todos los menores pasa de 18 a 11 respecto al esquema utilizado como referencia en 2024. La Administración sostiene que Estados Unidos recomienda actualmente más vacunas infantiles que otros países desarrollados y presenta la reforma como una aproximación a las prácticas de países comparables. Trump vinculó además su decisión con su conocida tesis de que las vacunas estarían relacionadas con el aumento del autismo, afirmación que no cuenta con respaldo científico.
Un calendario dividido en más visitas
La orden no se limita a reducir el número de enfermedades consideradas de vacunación universal. También plantea modificar la forma en que se administran las dosis. El documento presidencial establece que la vacuna triple vírica contra sarampión, paperas y rubéola —MMR, por sus siglas en inglés— debería administrarse mediante tres vacunas separadas cuando esos productos estén disponibles en Estados Unidos. Además, recomienda que, «to the maximum extent feasible», las inmunizaciones infantiles se administren en visitas médicas diferentes.
Trump presentó la medida con un argumento centrado en la reducción de las vacunas administradas simultáneamente. El presidente afirmó que la orden permitiría reducir en un 80% la cantidad de vacuna administrada a los niños en cada consulta y defendió que las dosis se distribuyeran entre distintas visitas. «Es un engorro, son cinco paradas, pero creo que tendrá un gran impacto en el autismo», afirmó al referirse a la posibilidad de que los niños de un año reciban sus vacunas en cinco visitas separadas. La orden oficial, sin embargo, no establece literalmente ese porcentaje de reducción ni fija cinco visitas como obligación general.
La Administración presenta el cambio como una ampliación de la capacidad de decisión de los padres. Once inmunizaciones —entre ellas las de sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétanos, tosferina, polio, neumococo, varicela y virus del papiloma humano— quedan incluidas entre las recomendadas para todos los niños. Otras, como hepatitis A y B, meningococo, gripe o covid-19, pasan a categorías que contemplan grupos de riesgo o decisiones clínicas individualizadas. El Gobierno federal también reclama que los Estados tengan en cuenta estas recomendaciones al establecer sus propios requisitos de vacunación escolar.
El poder de los Estados limita el alcance
Ese último punto resulta determinante para entender el alcance real de la decisión. En Estados Unidos, las normas que establecen requisitos de vacunación para acceder a las escuelas corresponden fundamentalmente a los Estados. La orden presidencial les aconseja revisar sus leyes y reglamentos, pero no elimina por sí misma las competencias estatales ni convierte automáticamente las nuevas recomendaciones federales en un calendario obligatorio para todo el país. El propio texto presidencial señala que su aplicación debe ajustarse a las competencias legales existentes.
La Casa Blanca pretende, no obstante, utilizar el peso del Gobierno federal para impulsar ese cambio. La orden encarga al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que prepare, en un plazo de 90 días, propuestas sobre la secuencia y el calendario de las vacunas infantiles, nuevas alternativas a los adyuvantes de aluminio y sistemas de evaluación continuada de los riesgos y beneficios de las vacunas. También contempla actuaciones del Departamento de Justicia para defender determinadas exenciones religiosas y médicas previstas por la legislación federal.
Kennedy y la agenda sanitaria de Trump
El giro se inscribe en la estrategia «Make America Healthy Again» (MAHA), una de las iniciativas impulsadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca. El movimiento pretende convertir la salud infantil y las enfermedades crónicas en uno de los ejes de la política sanitaria conservadora. Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y antiguo activista contrario a las vacunas, se ha convertido en una figura central de esta agenda. La propia Casa Blanca vincula la nueva orden con el proceso iniciado en diciembre de 2025 para revisar el calendario estadounidense y con otra orden ejecutiva firmada en mayo de 2026.
La dimensión política de la reforma es especialmente relevante porque transforma una cuestión tradicionalmente gestionada mediante recomendaciones de organismos sanitarios en un elemento visible de la agenda presidencial. Trump ya había utilizado durante su campaña y su segundo mandato argumentos críticos con las políticas vacunales, mientras Kennedy ha defendido una revisión profunda de la evidencia y de los procedimientos utilizados para determinar las recomendaciones. La nueva orden institucionaliza parte de ese planteamiento y encarga al propio HHS continuar revisando la base científica del calendario.
El conflicto no se limita, por tanto, al número de vacunas que recibe un niño o a la frecuencia de las consultas médicas. La disputa afecta también a quién define los estándares sanitarios, qué papel corresponde a las autoridades federales frente a los Estados y hasta dónde debe llegar la capacidad de decisión de las familias. La Casa Blanca sostiene que la reforma busca «maximal parental choice» y mejores prácticas internacionales; el cambio llega, sin embargo, después de meses de controversia sobre la composición del comité federal encargado de asesorar en materia de inmunización y sobre la dirección científica de la política sanitaria.
La orden supone así un nuevo capítulo de la transformación de la política sanitaria estadounidense bajo Trump. Su impacto inmediato dependerá de la respuesta de los Estados y de la aplicación de las nuevas recomendaciones por las agencias federales. Pero el movimiento tiene ya una consecuencia política clara: las vacunas infantiles han dejado de ser únicamente una cuestión de salud pública para convertirse en uno de los terrenos donde la Administración confronta el modelo sanitario anterior y consolida la agenda de su base MAHA.
