España, Francia, Reino Unido y Canadá figuran entre los firmantes de una declaración que acusa a Teherán de emplear la pena capital para reprimir la disidencia. Irán rechaza las críticas y denuncia la «hipocresía» de los países occidentales.
Una coalición de 32 países condenó el miércoles las recientes ejecuciones de personas sentenciadas por su participación en las protestas registradas en Irán y exigió a Teherán que ponga fin al uso de la pena de muerte contra la disidencia.
España, Francia, Reino Unido y Canadá forman parte de los firmantes de la declaración, respaldada asimismo por la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.
«El recurso a la pena capital para silenciar a los disidentes, intimidar a comunidades y castigar a quienes ejercen sus derechos fundamentales no está justificado en ningún caso», señala el texto.
Los firmantes instan a la República Islámica a cesar inmediatamente las ejecuciones y a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad. También reclaman que se respeten los derechos de expresión, reunión y manifestación pacífica.
La declaración fue suscrita inicialmente por Kallas y 26 países. Otros Estados se adhirieron posteriormente, elevando a 32 el número total de firmantes, según indicó el Ministerio francés de Exteriores a la agencia AFP.
Teherán denuncia una «hipocresía flagrante»
El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, rechazó las críticas y dirigió su respuesta especialmente contra Francia.
«Países como Francia deberían dejar de dar lecciones al mundo sobre derechos humanos y derecho internacional. La hipocresía es flagrante y vergonzosa», escribió en la red social X.
Araqchi acusó a los gobiernos occidentales de haber perdido cualquier autoridad moral debido a su respaldo a Israel durante la guerra de Gaza y a la ofensiva contra Irán.
Su respuesta desplaza el debate hacia la actuación de los países firmantes en otros conflictos, pero no responde directamente a las denuncias sobre los procesos judiciales, las condenas a muerte y el uso de la pena capital contra manifestantes.
Al menos 56 ejecuciones desde el 19 de marzo
Las ejecuciones se han intensificado en Irán desde el inicio, el 28 de febrero, de la guerra desencadenada por la ofensiva estadounidense e israelí. Parte de los condenados había participado en las movilizaciones antigubernamentales iniciadas a finales de diciembre de 2025.
A comienzos de agosto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, acusó a las autoridades iraníes de recurrir a la pena capital para «instigar miedo» entre la población.
Según datos de la ONU citados por AFP, al menos 56 personas han sido ejecutadas desde el 19 de marzo por delitos relacionados con la seguridad nacional. En 27 de esos casos, las acusaciones estaban vinculadas a las protestas.
Naciones Unidas advierte, además, de que más de un centenar de personas podrían ser condenadas a muerte.
La movilización diplomática aumenta la presión internacional sobre Teherán, pero la declaración no anuncia sanciones ni otras medidas coercitivas. Su alcance inmediato es, por tanto, esencialmente político.
