Pedro Sánchez anunció que España trasladará a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, prevista para este martes, la petición de suspender el acuerdo de asociación que la UE mantiene con Israel desde el año 2000. España, Irlanda y Eslovenia habían remitido el viernes una carta en ese sentido a la alta representante de Exteriores, Kaja Kallas. La medida requiere la unanimidad de los Veintisiete, un umbral que los propios impulsores reconocen como difícil de alcanzar.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España planteará ante el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), reunido este martes en Luxemburgo, la suspensión del acuerdo de asociación que vincula a la comunidad europea con Israel desde junio del año 2000. El anuncio lo realizó Sánchez durante su intervención en un acto de precampaña andaluza celebrado en Gibraleón (Huelva), donde acompañó a la candidata del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. «El gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de Europa», argumentó el presidente ante los asistentes al mitin.
La iniciativa no partió en solitario. El pasado viernes, los ministros de Exteriores de España, Irlanda y Eslovenia remitieron una carta conjunta a Kaja Kallas, alta representante de la UE para Política Exterior, solicitando precisamente una revisión del acuerdo de asociación en la reunión de Luxemburgo. En el documento, los tres países recuerdan que el pacto está vinculado a la observancia de los derechos humanos y del derecho internacional, «algo que en estos momentos no se está cumpliendo», según el texto de la misiva. La carta coincide también con la presentación en Barcelona de la plataforma internacional de líderes progresistas impulsada por Sánchez como secretario general de la Internacional Socialista.
Una carta firmada por tres países
El acuerdo de asociación entre la UE e Israel entró en vigor en junio del año 2000 y estableció las bases del diálogo político y la cooperación económica entre ambas partes. Se estima que el comercio bilateral supera los 42.600 millones de euros, aunque otras estimaciones lo elevan hasta los 46.000 millones. El instrumento jurídico que regula esa relación incluye una cláusula de derechos humanos que, según España, Irlanda y Eslovenia, Israel está incumpliendo de forma sistemática como consecuencia de sus operaciones militares en Gaza, Cisjordania y el Líbano.
La petición de los tres gobiernos no se limita a una declaración política: solicitan formalmente que Kallas abra un proceso de revisión del acuerdo en el marco del Consejo, lo que implicaría examinar si las condiciones para su vigencia se siguen cumpliendo. Sánchez fue explícito sobre el fundamento de la demanda: España, afirmó, «no es contraria al pueblo de Israel, sino a la política del primer ministro Benjamín Netanyahu en Gaza, en Cisjordania y en el Líbano». El presidente invocó el derecho internacional como referencia irrenunciable y presentó la iniciativa como una extensión coherente de la postura mantenida por el Ejecutivo desde el inicio del conflicto.
El obstáculo de la unanimidad
El principal escollo para que la propuesta española prospere es procedimental. La suspensión del acuerdo de asociación con Israel requiere la unanimidad de todos los Estados miembros del club europeo, una condición que el propio texto de La Vanguardia reconoce como «difícil de alcanzar ahora mismo». Países como Italia, bajo el Gobierno de Giorgia Meloni, o varios Estados del este de Europa han mantenido posiciones más alineadas con Israel a lo largo del conflicto, lo que hace improbable que la iniciativa española logre el respaldo unánime necesario para convertirse en una decisión vinculante del Consejo.
La carta de España, Irlanda y Eslovenia a Kallas suma además el respaldo simbólico de una iniciativa ciudadana europea que, según recoge La Vanguardia, alcanzó el pasado martes un millón de firmas de personas procedentes de al menos siete Estados miembros, en la que se pide a la UE que suspenda totalmente su acuerdo con Israel. Esta convergencia entre la presión institucional de tres gobiernos y la movilización civil en varios países europeos refuerza el impulso político de la propuesta, pero no elimina el obstáculo técnico que supone la regla de la unanimidad en materia de política exterior comunitaria.
La respuesta israelí y el contexto diplomático
La reacción de Jerusalén no se hizo esperar. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, calificó de «hipócrita» la proposición española en un mensaje publicado en sus redes sociales, en respuesta directa a las declaraciones de Sánchez. «No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos, como la Turquía de Erdogan y la Venezuela de Maduro», afirmó Saar, que acusó al Ejecutivo español de recibir «agradecimientos del régimen brutal de Irán» y de dedicarse «a difundir antisemitismo». El Gobierno español no respondió a las acusaciones de forma inmediata.
El episodio se produce en un contexto de máxima tensión en las relaciones bilaterales. España retiró a su embajador en Israel en marzo, en señal de rechazo a la escalada del conflicto, y ha mantenido desde entonces una de las posturas más críticas con la actuación israelí dentro de la UE. La iniciativa de Luxemburgo representa una nueva escalada en esa posición: pasar de la condena verbal a la propuesta de instrumentos jurídicos concretos que afecten a la relación comercial y política entre la UE e Israel. El resultado de la reunión del martes dirá si España logra arrastrar a suficientes socios europeos para avanzar, o si la propuesta queda como declaración de intenciones sin traducción práctica en las instituciones comunitarias.
