El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, destacó la contribución de España a la seguridad colectiva pese a la negativa de Madrid a ceder sus bases para los ataques contra Teherán. Sin embargo, la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel —que no cuenta con mandato de la OTAN— pone al descubierto profundas divergencias en el seno del bloque occidental, con aliados europeos adoptando posiciones que van desde el respaldo activo hasta la abstención cautelosa.
En medio de la tormenta diplomática desatada por las amenazas del presidente Donald Trump contra España, una voz inesperada salió en defensa de Madrid desde las estructuras de la propia Alianza Atlántica. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el político neerlandés Mark Rutte, destacó durante una rueda de prensa en Skopie —capital de Macedonia del Norte— el compromiso de España con la seguridad colectiva de la Alianza, a pesar de la decisión del Gobierno de no autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para la ofensiva conjunta de Washington e Israel contra Irán, iniciada el pasado sábado.
Preguntado sobre las reticencias de algunos Estados miembro a colaborar activamente en la ofensiva liderada por Washington en Oriente Próximo, Rutte puso en valor las aportaciones concretas de Madrid a la seguridad aliada. El secretario general recordó que España mantiene desde hace una década una batería antiaérea Patriot —sistema de defensa antimisiles de largo alcance— desplegada en Turquía. «Esa batería ya lleva diez años defendiendo intereses clave de Estados Unidos en Turquía, a través del sistema Patriot», subrayó Rutte, introduciendo un matiz significativo en medio de las acusaciones de Trump sobre la escasa contribución española a la defensa colectiva.
Rutte defiende el papel de España en la Alianza
Rutte fue explícito al aclarar que la ofensiva contra Irán no es una operación de la OTAN, sino una acción «claramente» liderada por Estados Unidos e Israel. La Alianza, con sede en Bruselas, no ha recibido ninguna solicitud formal de Washington para sumarse militarmente a los ataques. Esta distinción es jurídica y políticamente relevante: el artículo 5 del Tratado de Washington —la cláusula de defensa colectiva que obliga a los aliados a responder ante un ataque contra cualquier miembro— no ha sido activado, y la decisión española de vetar sus bases se produce, por tanto, en un contexto de cooperación voluntaria y no de obligación formal aliada.
Al mismo tiempo, el secretario general dejó claro que percibe un amplio respaldo entre los líderes europeos a los objetivos generales de la operación contra Teherán. Tras consultar con numerosos dirigentes del continente durante el fin de semana, Rutte describió un consenso creciente sobre la necesidad de neutralizar la capacidad nuclear y de misiles balísticos de Irán. «He percibido claramente que la eliminación de la capacidad nuclear, de la capacidad de misiles balísticos y también del ayatolá Alí Jamenei es algo que muchos de mis colegas en la OTAN aplauden», declaró el secretario general desde Skopie.
La operación no es de la OTAN, sino de EEUU e Israel
La división entre aliados europeos resulta, no obstante, más compleja de lo que sugiere ese aparente consenso. Francia, Alemania y el Reino Unido han advertido que podrían atacar directamente las lanzaderas de misiles y drones iraníes en defensa de sus intereses y los de sus socios en la región, alineándose con la estrategia ofensiva de Washington. Este posicionamiento contrasta con el de España, que ha optado por una vía de abstención activa: condenar al régimen iraní y al mismo tiempo rechazar participar en una operación que considera carente de amparo en el derecho internacional y en los acuerdos de uso compartido de sus bases.
El caso del Reino Unido añade un elemento de complejidad a la narrativa. El propio Trump expresó su malestar con Londres por negarse a facilitar el uso de bases británicas para la ofensiva, equiparando públicamente la posición británica con la española. El hecho de que el tradicional aliado más alineado de Washington en Oriente Próximo también haya impuesto restricciones al uso de sus instalaciones —en particular, la base de Akrotiri en Chipre— revela que las reservas sobre la legalidad y el alcance de la operación no son exclusivas del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque España ha sido el blanco principal de las críticas públicas de la administración estadounidense.
Europa partida ante el conflicto
El escenario geopolítico se complicó a lo largo del martes a medida que Irán intensificó sus represalias. La República Islámica bombardeó bases militares estadounidenses en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, cumpliendo con las amenazas lanzadas desde Teherán. La base británica de Akrotiri, en Chipre, también fue blanco de un ataque con drones, lo que motivó el despliegue de fragatas de Francia y Grecia en aguas próximas a la isla. Estos contraataques elevan el nivel de riesgo para todos los aliados con presencia en la región y alimentan el debate sobre el alcance real del conflicto.
La posición española también tiene costes en términos de influencia dentro de Europa. Mientras Alemania y Francia impulsaban un grupo de diálogo para reforzar la defensa nuclear europea, España no se sumó a esa iniciativa, lo que refuerza la percepción de distancia estratégica en un momento en que la seguridad del continente vuelve al centro del debate. Rutte, sin embargo, fue cuidadoso en no señalar a España como un miembro díscolo y advirtió que la OTAN está dispuesta a defender «cada centímetro del territorio aliado» ante cualquier posible contraataque iraní contra sus miembros.
La crisis en torno a las bases de Morón y Rota ilustra las profundas tensiones que atraviesa el bloque occidental en su respuesta a la ofensiva contra Irán. España se ha convertido en el epicentro de esa división, pero no es la única democracia occidental que ha impuesto condiciones o limitaciones al apoyo a la operación. La diferencia radica en que Madrid ha recibido la mayor presión pública por parte de Washington, lo que ha convertido el debate sobre las bases en un test de la capacidad española para sostener su posición en un escenario de máxima presión diplomática e internacional.
