El Gobierno británico confirmó su intención de limitar el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, en medio de un creciente debate sobre la exposición digital de niños y adolescentes y el impacto de las plataformas en su salud mental y hábitos de consumo.
El Reino Unido avanza hacia nuevas restricciones para el uso de redes sociales por parte de menores de 16 años, en una medida que busca responder a la creciente preocupación por el tiempo que niños y adolescentes pasan conectados a internet.
La decisión fue comunicada al Parlamento por la secretaria de Estado de Educación, Olivia Bailey, en el marco del debate sobre el Proyecto de Ley de Bienestar Infantil y Escuelas, actualmente en tramitación.
La discusión surgió tras el desacuerdo entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores sobre la posibilidad de imponer una prohibición más estricta.
Los lores aprobaron una enmienda que plantea vetar directamente el acceso a redes sociales para menores de 16 años, mientras que el Gobierno laborista prefería inicialmente esperar los resultados de una consulta pública prevista para este verano.
Ante esa presión parlamentaria, el Ejecutivo terminó comprometiéndose a introducir algún tipo de restricción para desbloquear la aprobación de la ley y permitir su ratificación este mismo año.
La ministra de Educación, Bridget Phillipson, defendió la necesidad de actuar.
“Me preocupa a qué están expuestos los jóvenes en internet. Me preocupa la cantidad de tiempo que pasan conectados y algunas funciones adictivas que los mantienen enganchados”, declaró en una entrevista con Times Radio.
“Actuaremos al respecto. Por supuesto que actuaremos”, añadió.
Con esta decisión, el Reino Unido podría alinearse con medidas similares adoptadas o debatidas en países como Australia, España y Francia, donde también crece la presión política para limitar el acceso de menores a determinadas plataformas digitales.
Desde la oposición conservadora, Laura Trott calificó la propuesta como “un enorme paso adelante para la seguridad de los niños”.
El debate reabre una cuestión central en Europa: hasta qué punto deben los gobiernos intervenir en el uso que los menores hacen de las grandes plataformas tecnológicas.
