Londres prohibirá la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada. La medida entrará en vigor en un plazo de entre seis y nueve meses.
Reino Unido ha dado un paso político y económico de especial alcance frente a la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada. El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, anunció el 8 de septiembre la prohibición de importar bienes procedentes de esos asentamientos y de prestarles servicios vinculados a la financiación, la construcción, las infraestructuras, el sector inmobiliario o la publicidad.
El alcance práctico de la decisión será inicialmente limitado, ya que las exportaciones de los asentamientos son reducidas y se concentran en productos agrícolas. Su importancia es, sin embargo, política y jurídica: Londres busca dejar de tratar la expansión de los asentamientos como una cuestión sobre la que basta con expresar preocupación.
Miliband afirmó ante la Cámara de los Comunes que el Gobierno británico considera ilegal no solo la actividad de los asentamientos, sino también la ocupación israelí de Cisjordania. Basó esta posición en la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en 2024. El ministro acusó asimismo a los «terroristas de los asentamientos» de llevar a cabo una limpieza étnica contra palestinos en algunas zonas de Cisjordania, una formulación que ha elevado aún más la tensión diplomática con Israel.
La legislación necesaria para aplicar la prohibición comercial estará lista, según Londres, en un periodo de seis a nueve meses. La medida, por tanto, no está plenamente en vigor todavía. El Gobierno británico anunció, no obstante, sanciones inmediatas contra varios colonos extremistas y endureció las restricciones a la exportación de armas, que pasarán a cubrir material que contribuya de forma sustancial a la ocupación de los territorios palestinos.
El proyecto E1, situado al este de Jerusalén, ocupa un lugar central en esta reacción. Reino Unido y otros gobiernos occidentales consideran que su desarrollo comprometería la continuidad territorial de un futuro Estado palestino. La expansión de los asentamientos y el aumento de la violencia de los colonos representan, según Londres, una amenaza directa y urgente para la solución de dos Estados.
La iniciativa británica se enmarca en una acción coordinada con Francia y Canadá, que anunciaron restricciones similares. Otros nueve países, entre ellos España, Dinamarca, Noruega, Polonia y Suecia, respaldaron por separado la defensa de una solución negociada de dos Estados y la adopción de medidas para preservarla.
Miliband resumió la nueva línea política con una frase clara: «No aceptaremos la destrucción de la solución de dos Estados». Su discurso combina la condena del asentamiento, la defensa del derecho internacional y la voluntad de aplicar presión económica selectiva. También incluye una admisión política: Reino Unido debió hacer más ante el sufrimiento de los palestinos en Gaza y Cisjordania.
La reacción israelí ha sido inmediata. El Gobierno de Benjamin Netanyahu anunció el cierre del consulado británico en Jerusalén Este, acreditado ante la Autoridad Palestina, y restricciones de entrada para ciudadanos británicos. Israel acusa a Londres de interferir en sus asuntos internos; el Ejecutivo británico sostiene que sus medidas se dirigen contra la conducta del Gobierno israelí, no contra la población israelí.
El giro británico tendrá ahora una prueba decisiva: pasar de las declaraciones a una aplicación rápida y eficaz de las sanciones anunciadas. Si Francia, España, Canadá y otros socios avanzan en la misma dirección, la presión sobre el proyecto colonial israelí puede adquirir una dimensión occidental más amplia.
