El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig presentaron ante la Comisión Europea una denuncia contra España por no aplicarles la amnistía. La iniciativa llega después de que el Tribunal de Cuentas rechazara conceder el perdón de forma automática y reabriera el plazo de alegaciones en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal de 2017.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig presentaron ayer ante la Comisión Europea una denuncia en la que sostienen que España no les está aplicando el derecho de la Unión Europea (UE) al no concederles la amnistía. El escrito, avanzado por el medio digital Vilaweb, se llevó a Bruselas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la ley y de que, pese a ello, el Tribunal de Cuentas pidiera alegaciones en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del uno de octubre de 2017.
El escrito, redactado por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, denuncia que el Tribunal de Cuentas reabrió el plazo de alegaciones mediante una providencia publicada el lunes, lo que a su juicio supone una suspensión de facto del plazo para dictar la amnistía. Según la defensa, esa decisión contraviene la sentencia del TJUE, que consideró que Puigdemont no había perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea durante el procés. La Fiscalía, por su parte, consideró ayer que ese traslado de alegaciones resulta «improcedente e innecesario» a la vista del pronunciamiento del tribunal europeo.
El abogado insta a la Comisión a actuar con urgencia dada la incidencia de la providencia sobre las medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de nueve millones y medio de euros. El propio Tribunal de Cuentas concedió además diez días a las partes para presentar sus alegaciones, un plazo que la defensa de Puigdemont interpreta como una nueva demora deliberada frente a una sentencia europea que consideran ya firme y de aplicación inmediata en el caso de los tres dirigentes independentistas.
Los argumentos jurídicos de la denuncia
El documento presentado ante la Comisión sostiene que la actitud del Tribunal de Cuentas vulnera el artículo cuatro del Tratado de la Unión Europea sobre cooperación leal, que obliga a los Estados miembros a evitar que sus órganos, incluidos los jurisdiccionales, adopten decisiones que pongan en peligro los objetivos de la Unión Europea y la aplicación uniforme de las sentencias del TJUE. La denuncia describe la situación con dureza, al considerar que ese incumplimiento «afecta al valor del Estado de derecho en que la Unión se fundamenta».
Junts per Catalunya había mantenido hasta ahora un perfil bajo en relación con la amnistía, a la espera de que se conociera la resolución del TJUE. Tan pronto como el tribunal de Luxemburgo validó la norma, el partido independentista catalán reactivó su ofensiva contra la justicia española a través de su secretario general, Jordi Turull, quien celebró públicamente el aval europeo como una «gran victoria» y urgió al Tribunal Constitucional a posicionarse cuanto antes. Puigdemont, por su parte, utilizó sus redes sociales para advertir de que los magistrados españoles que sigan bloqueando la amnistía estarán «confrontándose con el derecho europeo».
El Constitucional y los recursos pendientes
El Tribunal Constitucional sí movió ficha esta semana. El pleno del órgano, presidido por Cándido Conde-Pumpido, deliberará el veintidós de septiembre sobre el primero de los recursos de amparo presentados por los líderes del procés a los que el Tribunal Supremo se ha negado a aplicar la ley de amnistía, correspondiente a Jordi Turull, exconseller de Presidencia de la Generalitat e inhabilitado por el alto tribunal en 2019. El ponente designado para el caso es el magistrado José María Macías.
En los sucesivos plenos, el Constitucional irá decidiendo sobre las demás solicitudes pendientes, entre ellas la del propio Puigdemont. En total, el órgano debe dar respuesta a siete recursos de amparo presentados por dirigentes independentistas a los que el Supremo ha rechazado conceder la medida de gracia, al considerar que el delito de malversación que se les atribuye no está cubierto por la ley de amnistía impulsada por el Gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts, formaciones que respaldaron la norma en su tramitación parlamentaria.
La denuncia ante la Comisión Europea añade así un nuevo frente jurídico a una disputa que ya se dirime en paralelo ante el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía y el propio Constitucional, que había decidido esperar precisamente a la sentencia del TJUE antes de resolver las impugnaciones pendientes, una espera que ahora toca a su fin con la fecha fijada para finales de septiembre. La coincidencia de plazos entre las distintas instancias judiciales y políticas configura un otoño especialmente cargado para el futuro de la amnistía en su aplicación a los principales dirigentes del procés.
Con la sentencia del TJUE ya conocida, la presión de Puigdemont y su entorno se concentra ahora en acelerar los plazos de las instituciones españolas, mientras Bruselas deberá decidir si atiende la petición de actuar con urgencia frente a lo que la defensa describe como un incumplimiento persistente del derecho comunitario por parte de los órganos jurisdiccionales españoles. La Comisión Europea no ha fijado todavía un calendario público para responder a la denuncia presentada ayer por los tres exdirigentes independentistas.
