España se ha convertido en el único aliado de la OTAN que rechazó abiertamente la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y negó el uso de sus bases militares para la operación. La crisis ha desencadenado una amenaza de embargo comercial de Donald Trump y abierto un debate sobre los límites de la soberanía nacional frente a los aliados occidentales.
El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, desencadenando la crisis geopolítica más grave en Oriente Próximo desde la invasión de Iraq de 2003. España respondió con una postura singular entre sus aliados occidentales: el Gobierno de Pedro Sánchez rechazó la operación, negó el uso de las bases conjuntas de Rota y Morón de la Frontera, y recuperó el lema que hace dos décadas movilizó a millones de ciudadanos: «no a la guerra».
La reacción de Washington no tardó en llegar. El presidente Donald Trump calificó a España de «aliado terrible» y amenazó con cortar todo el comercio entre ambos países. La posición española, que ha recibido respaldo de la Comisión Europea y del presidente francés Emmanuel Macron, pero también severas críticas de la oposición interior, ha colocado al Ejecutivo en el centro de una tormenta diplomática con múltiples frentes simultáneos: Washington, Bruselas, la OTAN y el Congreso de los Diputados.
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El detonante: la negativa a las bases de Rota y Morón
El origen inmediato del conflicto diplomático reside en la negativa del Gobierno a autorizar el uso de las instalaciones militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para la ofensiva de EEUU contra Irán. Ambas bases son de soberanía española, aunque de utilización conjunta con las fuerzas armadas estadounidenses en virtud de un acuerdo bilateral. Madrid consideró que las operaciones ofensivas superaban el marco pactado y vulneraban la legalidad internacional al carecer del aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El presidente Sánchez formalizó la postura en una declaración institucional el 4 de marzo desde el Palacio de la Moncloa, en un acto sin preguntas de periodistas. «No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias de alguno», afirmó el presidente, sin mencionar en ningún momento al presidente Trump por su nombre. El Ejecutivo precisó que rechaza el régimen iraní pero que no cabe «responder a una ilegalidad con otra» y exigió una solución diplomática al conflicto.
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La amenaza de Trump: un embargo con pies de barro
Desde el Despacho Oval, Trump declaró que iba a «cortar todo el comercio» con España, la tachó de «aliado terrible» y aseguró que su administración «no quería tener nada» con el país ibérico. Sin embargo, la capacidad ejecutiva de esta amenaza es limitada. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el mes pasado los aranceles recíprocos de alcance general que el presidente había impuesto unilateralmente, al considerar que los poderes de emergencia presidenciales no autorizan ese tipo de medidas.
La principal limitación de Trump es de naturaleza institucional: España es miembro de la Unión Europea, lo que significa que cualquier represalia comercial afectaría al conjunto del mercado interior comunitario. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, transmitió un «mensaje de tranquilidad» y señaló que España no había tenido ningún contacto directo con Washington desde que se produjeron las amenazas. La Comisión Europea, con el Instrumento Anticoerción entre sus herramientas, advirtió de inmediato que actuará «si es necesario» para proteger los intereses del bloque.
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Base jurídica de la negativa española
El argumento central del Gobierno descansa en el principio de soberanía territorial y en el respeto a la legalidad internacional. El Ejecutivo sostiene que ningún acuerdo bilateral puede obligar a España a ceder sus infraestructuras para operaciones militares que carecen del aval de Naciones Unidas. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que España es «un país soberano, que toma sus decisiones soberanamente» y exigió que cualquier revisión de la relación bilateral con EEUU respete los acuerdos multilaterales suscritos en el marco de la Unión Europea.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, sintetizó la posición oficial: «Somos un país de paz. Si EEUU quiere un aliado, que empiece por respetar nuestra soberanía y el derecho internacional». Esta argumentación es contestada por la oposición, que considera que España viola sus compromisos con la Alianza Atlántica (OTAN) al negarse a actuar junto a sus socios, y por algunos gobiernos europeos que han optado por apoyar la operación o guardar silencio. El debate sobre los límites de la soberanía frente a los tratados de defensa colectiva está lejos de cerrarse.
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El precedente de Iraq: la estrategia del paralelismo
Sánchez construyó su defensa sobre un paralelismo histórico de enorme carga emocional en España: la guerra de Iraq de 2003. El entonces presidente José María Aznar respaldó la invasión pese a la oposición masiva de la ciudadanía española, que se manifestó en una de las mayores movilizaciones de la historia reciente del país. «Hace 23 años, otra Administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio», recordó el presidente, describiendo la cumbre de las Azores —donde Aznar, Bush y el primer ministro británico Tony Blair sellaron el apoyo a la invasión— como el origen de «un mundo más inseguro».
La referencia al Iraq de 2003 no es exclusivamente retórica: es la columna vertebral de la estrategia comunicativa del Gobierno. El Ejecutivo busca activar la memoria colectiva de una ciudadanía que entonces rechazó mayoritariamente la guerra y que hoy podría identificarse con un presidente que se niega a ceder ante las presiones de Washington. La estrategia tiene un doble objetivo: legitimar la decisión ante la opinión pública interior y diferenciarse de los que en 2003, según la narrativa oficial, «practicaron un seguidismo ciego y servil» a Estados Unidos.
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Escenarios posibles: de la desescalada a la crisis comercial
El desenlace de la crisis depende de dos variables fundamentales: la duración del conflicto en Irán y la disposición de Washington a negociar. Si el enfrentamiento se resuelve con rapidez, las amenazas de Trump podrían quedar como una demostración de fuerza sin consecuencias prácticas. La Unión Europea, blindada por su política comercial común, dificulta que EEUU imponga represalias selectivas a un solo Estado miembro sin afectar al conjunto del mercado interior comunitario, lo que reduce considerablemente el margen de acción unilateral de la Casa Blanca.
Si el conflicto se prolonga, los escenarios se complican en varios frentes simultáneos. Un cierre sostenido del estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial y buena parte del gas natural licuado que consume Europa— dispararía los precios energéticos y presionaría la inflación en toda la eurozona. En paralelo, la tensión comercial con EEUU añadiría incertidumbre a las empresas españolas con fuerte presencia en el mercado norteamericano. La posición de Madrid, hoy respaldada por Bruselas y varios socios comunitarios, podría volverse más vulnerable cuanto más se prolongue la crisis sin una solución diplomática visible.
