El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí, declarando vacante el cargo con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. La decisión pone fin a un mandato de apenas cuatro meses y profundiza la inestabilidad institucional que arrastra el país andino desde 2016.
Jerí, investigado por presunto tráfico de influencias y acusado de “mala conducta funcional”, se convierte en el octavo jefe de Estado peruano en una década. El Parlamento deberá elegir este miércoles a un nuevo presidente interino que ejercerá hasta el 28 de julio, en vísperas de un proceso electoral que ya se anunciaba convulso.
La vacancia deja a Perú sin jefe de Estado durante más de 24 horas, una situación inédita en su historia reciente. Las opciones parlamentarias son limitadas: de los 130 congresistas, buena parte compite por escaños en el Senado, la Cámara de Diputados o el Parlamento Andino, lo que reduce el margen político de maniobra.
Jerí había asumido el poder en octubre tras la caída de Dina Boluarte, quien a su vez llegó al Palacio de Gobierno después de la destitución de Pedro Castillo. La sucesión acelerada de mandatarios confirma que el epicentro del poder peruano se ha desplazado hacia un Congreso fragmentado, capaz de erigir y derribar presidentes con relativa facilidad.
En las calles de Lima, manifestantes celebraron la destitución mientras otros advertían sobre el deterioro institucional. La crisis peruana ya no es un episodio coyuntural: se ha convertido en un patrón estructural de gobernabilidad precaria, donde la censura parlamentaria sustituye al debate político sostenido.
Perú entra así en una fase preelectoral marcada por la incertidumbre, con una ciudadanía fatigada y un sistema político atrapado en una espiral de desconfianza.
