Este 25 de septiembre, el expresidente francés Nicolas Sarkozy escuchó el veredicto de la justicia en París, en el marco del juicio en su contra por cargos de corrupción y financiación ilegal de su campaña electoral para la reelección en 2012. Sarkozy ha sido condenado y responsabilizado de asociación ilícita. El expresidente, según la acusación, habría recibido dinero del dictador libio Muamar Gadafi, pero el tribunal dictaminó que no hay pruebas suficientes a este respecto. Desde que perdió su reelección en 2012, Sarkozy ha sido objeto de varias investigaciones penales.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy, de 70 años, fue condenado ayer a cinco años de cárcel. Ha sido declarado culpable de asociación ilícita en un caso relacionado con millones de euros de fondos ilícitos del dictador libio Muamar Gadafi. No obstante, el tribunal penal de París lo absolvió de todos los demás cargos, incluidos corrupción pasiva y financiación ilegal de campañas.
El fallo implica que Sarkozy purgue su condena en prisión, sin derecho a casa por cárcel, incluso si su defensa apela y presenta recursos. Sarkozy ha afirmado que presentará apelaciones y que ese veredicto de la justicia es «extremadamente grave para el Estado de derecho» francés. Además de la condena, el expresidente deberá pagar una multa de 100.000 euros (US$117.000).
Sarkozy ha dicho que su caso y condena obedecen a motivaciones políticas. La Fiscalía, por su parte, sostiene que hubo vínculos transaccionales. Gadafi habría hecho aportes y Sarkozy, a cambio, habría prometido ayudar al dictador a mejorar su imagen internacional y a combatir su reputación de paria en Occidente.
Entre tanto, la jueza Nathalie Gavarino ha dicho que Sarkozy permitió que sus asesores cercanos contactaran con funcionarios libios con el fin de obtener financiación para su campaña. De todas formas, el tribunal concluyó que no hay pruebas suficientes para determinar que Sarkozy haya sido beneficiario directo de financiación ilegal.
Hubo conmoción en la sala cuando la jueza leyó la sentencia. «Lo ocurrido hoy es de extrema gravedad para el Estado de derecho y para la confianza que se puede depositar en la justicia […] Si quieren que duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel, pero con la cabeza bien alta», declaró Sarkozy en las puertas del tribunal.
No es la primera vez que el expresidente debe enfrentarse con la justicia de su país. En febrero de 2024 apeló una sentencia que lo declaró culpable de exceder los montos permitidos para la campaña de reelección de 2012 y, adicionalmente, de contratar a una agencia de relaciones públicas para encubrirlo. En ese proceso fue condenado a un año de prisión, de los cuales seis meses fueron suspendidos.
Cuatro años atrás, en 2021, fue declarado culpable de intentar sobornar a un juez en 2014 y se convirtió en el primer expresidente francés en recibir una pena de prisión. En diciembre, el tribunal de apelaciones de París dictaminó que, en lugar de ir a la cárcel, podía cumplir una condena domiciliaria con un dispositivo de monitoreo electrónico.
En el juicio más reciente, Sarkozy podría ser enviado a una prisión en París en los próximos días. Ha defendido su inocencia durante este y todos los demás procesos judiciales que ha enfrentado.
La investigación inició hace 12 años, tras las primeras acusaciones de Saif al Islam, hijo del dictador libio, quien señaló a Sarkozy de haber recibido cuantiosas sumas de dinero para la financiación de su campaña. Un año más tarde, el empresario libanés Ziad Takieddine aseguró tener pruebas que demostraban que la campaña de Sarkozy fue financiada «abundantemente» por Gadafi, incluso con pagos por valor de 50 millones de euros (US$58,5 millones) tras su arribo al Elíseo.
Otros acusados en el juicio fueron los exministros del Interior Claude Guéant y Brice Hortefeux. El tribunal halló culpable de corrupción a Guéant, entre otros cargos, y a Hortefeux de asociación ilícita.
La esposa del expresidente, Carla Bruni-Sarkozy, fue acusada el año pasado de ocultar pruebas relacionadas con el caso Gadafi y de asociarse con delincuentes para cometer fraude. Bruni ha negado los cargos.
