La ultraderechista italiana y la socialdemócrata danesa publican una carta conjunta en la que relacionan la inmigración irregular con la delincuencia y exigen centros de deportación en terceros países, sin aportar un solo dato que respalde sus afirmaciones. El episodio de Ceuta les sirve de palanca para consolidar un eje que empuja a la Unión Europea hacia una política migratoria cada vez más restrictiva.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, hicieron público ayer un comunicado conjunto en el que reclaman centros de repatriación en terceros países y vinculan de forma explícita la inmigración irregular con el aumento de la delincuencia. El texto, publicado en las redes sociales de la jefa de Gobierno italiana, llega en plena crisis diplomática entre España e Italia a raíz de la entrada masiva de migrantes por Ceuta el pasado 31 de julio, y supone una nueva vuelta de tuerca en la alianza entre dos líderes que, pese a proceder de tradiciones ideológicas antagónicas, han hecho de la dureza migratoria su proyecto político común a escala europea.
«Nadie puede negar los efectos negativos de la inmigración ilegal en nuestras sociedades», sostienen Meloni y Frederiksen en el texto. Entre esos efectos enumeran «el aumento de los índices de delincuencia, la creciente presión sobre los servicios públicos y la erosión de la confianza pública». La carta, sin embargo, no aporta ningún dato, estadística ni estudio que respalde esas afirmaciones. La vinculación entre inmigración y criminalidad se presenta como un hecho indiscutible cuando la evidencia científica disponible apunta, en términos generales, en sentido contrario o, cuando menos, en una dirección mucho más matizada.
Una carta sin evidencias
El documento llega directamente a los migrantes en situación irregular: «Carecen del derecho a permanecer en nuestros países» y «cometen delitos violentos, trafican con drogas o son autores de agresiones sexuales», afirman las dos mandatarias. Esta retórica, que convierte en axioma lo que debería ser objeto de demostración empírica, lleva años funcionando como columna vertebral de sus respectivos discursos. En el caso de Meloni, forma parte de un proyecto político que la Unión Europea lleva tiempo observando con creciente preocupación. En el caso de Frederiksen, supone una deriva que el Partido Socialdemócrata danés ha ido acelerando desde la crisis de los refugiados de 2015 para evitar la fuga de votantes hacia la derecha, sin que esa estrategia haya impedido que la formación cosechara su peor resultado en más de un siglo en las elecciones de marzo pasado.
Desde Bruselas se recuerda que los Estados miembros ya tienen instrumentos jurídicos para promover este tipo de centros de deportación. El comisario de Interior, Magnus Bruner, ha señalado en más de una ocasión que las instituciones europeas han sentado la base legal, en referencia al Reglamento de Retorno aprobado por el Parlamento Europeo en junio, una normativa que ha recibido duras críticas de las organizaciones de derechos humanos y que todavía debe ser ratificada por el Consejo de ministros de Interior de la Unión Europea.
La bandera cristiana
La carta incorpora también un elemento identitario que merece atención particular. «Ambas estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo», afirman Meloni y Frederiksen. «Esperamos que quienes vengan a nuestros países y elijan Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos.» La apelación a la herencia cristiana encaja con naturalidad en el discurso de Meloni, defensora a ultranza del lema «Dios, patria y familia». Resulta más llamativa en boca de Frederiksen, líder de un partido que ha defendido históricamente la separación entre religión y política en uno de los países más secularizados del mundo.
La referencia a los «valores cristianos» no es inocente. En el contexto de una carta dedicada a la inmigración irregular, y considerando que la mayor parte de los migrantes que llegan a Europa proceden de países de mayoría musulmana, el mensaje sirve para marcar una distinción cultural y religiosa que trasciende el debate migratorio estrictamente legal. Frederiksen introdujo una idea similar el año pasado cuando, en una intervención universitaria, afirmó que Dinamarca necesitaba un «rearme espiritual», declaración que fue interpretada como un giro deliberado para capturar electorado conservador.
El fracaso del modelo albanés
La carta reivindica los centros de repatriación en terceros países como solución innovadora. Italia los presenta como un modelo exportable, pero el modelo propio está lejos de funcionar. Los centros instalados en Albania desde 2024 llevan casi dos años prácticamente vacíos por obstáculos logísticos y jurídicos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía debe pronunciarse sobre su legalidad. Roma ha intentado ampliar el esquema mediante acuerdos con Ruanda, Uganda, Uzbekistán e incluso Montenegro, topándose en todos los casos con trabas similares. Dinamarca negoció en 2022 un acuerdo análogo con Ruanda que tampoco llegó a materializarse en términos operativos.
La alianza Meloni-Frederiksen tiene, además, una dimensión electoral difícil de ignorar. La primera ministra italiana se enfrenta a las urnas el próximo año y ha encontrado en la crisis de Ceuta una oportunidad para relanzar su figura, deteriorada en los últimos meses por el fracaso de su reforma judicial y sus turbulencias con Donald Trump. Frederiksen, por su parte, logró en marzo su tercer mandato consecutivo en unos comicios disputadísimos y necesita mantener la iniciativa en el terreno que, a su juicio, le ha permitido sobrevivir políticamente. Que ambas coincidan en este momento y con esta carta no es una casualidad: es estrategia.
La crisis de Ceuta —con más de 72.000 migrantes irregulares entrados en territorio español el 31 de julio— ha abierto una fractura diplomática entre Madrid y Roma que todavía no está cerrada. Italia impuso controles en aeropuertos y puertos para viajeros procedentes de España; el Gobierno español respondió con la misma medida para quienes lleguen de Italia. Hasta 1.033 pasajeros de terceros países en vuelos procedentes de Italia fueron sometidos a controles aleatorios entre el sábado y ayer lunes, según el Ministerio del Interior. El episodio ha servido a Meloni y Frederiksen de perfecta palanca para situar la agenda. Que Bruselas les escuche cada vez más es, quizá, la señal más preocupante de todas.
