Pedro Sánchez recibió críticas de varios líderes europeos durante la sesión a puerta cerrada del Consejo Europeo por el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en marcha en España. La primera ministra italiana, el primer ministro belga y la primera ministra danesa cuestionaron el alcance de la medida y su impacto potencial en otros Estados miembros. Sánchez defendió el modelo español y acusó a sus críticos de tener «bastante desconocimiento sobre la realidad migratoria en España».
El Consejo Europeo celebrado esta semana en Bruselas deparó un momento de tensión que el Gobierno español prefiere no calificar de enfrentamiento. Durante la primera sesión de la cumbre, celebrada a puerta cerrada, varios líderes de la Unión Europea (UE) cuestionaron directamente a Pedro Sánchez la decisión de poner en marcha un proceso extraordinario de regularización de inmigrantes sin haberlo comunicado previamente al resto de socios comunitarios. Entre quienes expresaron sus reservas figuraron la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro belga, Bart de Wever, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, tres de las figuras más influyentes del giro conservador que atraviesa la política europea. El debate se produjo horas después de que el Parlamento Europeo aprobara el reglamento de retornos, última pieza del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
La sesión comenzó con Sánchez felicitando a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, por la aprobación del reglamento migratorio, pero el presidente español intervino a continuación para mostrar su rechazo a los centros de deportación en terceros países, una de las medidas más polémicas del nuevo marco comunitario. Esa secuencia —apoyo formal al Pacto seguida de crítica a su disposición más controvertida— resume la posición incómoda en que se encuentra España: parte de un acuerdo que en buena medida contradice su política migratoria interna. Fuentes de la Presidencia del Gobierno enmarcaron el intercambio como un debate entre líderes sobre la gestión de los flujos migratorios, no como un pulso bilateral.
El argumento de los críticos: falta de comunicación previa
La objeción central de los mandatarios críticos no fue ideológica sino procedimental. Varios líderes cuestionaron que España pusiera en marcha una regularización de gran alcance sin informar previamente al resto de socios de la UE. Uno de ellos lo formuló en términos numéricos: regularizar a más de 500.000 personas equivale a «tener 500.000 migrantes más en Europa», por lo que el Ejecutivo español debería haber comunicado antes su decisión. La preocupación de fondo es la libre circulación de personas dentro del espacio Schengen: una vez regularizados en España, los beneficiarios del proceso adquieren el derecho a desplazarse a otros Estados miembros, lo que convierte una decisión nacional en un asunto con consecuencias directas para el conjunto de la UE.
El comisario europeo de Interior, el austríaco Magnus Brunner, ya había lanzado una advertencia en ese mismo sentido meses atrás al señalar que «cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea». La frase, pronunciada antes del proceso extraordinario español, adquiere ahora una dimensión retroactiva que varios gobiernos han utilizado para cuestionar la actuación de Madrid. La posición de Meloni es especialmente significativa: Italia lleva años denunciando que carga con una presión migratoria desproporcionada en relación con otros socios europeos, y la regularización española alimenta ese agravio.
La defensa de Sánchez: arraigo latinoamericano y resultados económicos
Sánchez respondió a las críticas con dos argumentos principales. El primero fue estadístico: la gran mayoría de las personas que solicitan la regularización son de origen latinoamericano y cuentan con un arraigo sólido en España por razones lingüísticas y culturales, por lo que considera «poco probable» que busquen trasladarse a otros países de la Unión. El segundo fue económico: España apuesta por una migración que contribuya al crecimiento, y los resultados del modelo avalan esa apuesta. El presidente reivindicó además que España aplica íntegramente el Pacto Europeo de Migración y Asilo y el Reglamento de Dublín, con lo que rechazó implícitamente la acusación de actuar al margen del marco comunitario.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, Sánchez fue más directo. Aseguró que existe «bastante desconocimiento sobre la realidad migratoria en España» y se mostró dispuesto a explicar las «experiencias de éxito» del modelo español. Ante quienes cuestionan la regularización, el presidente lanzó una respuesta que mezcla ironía y recurso a la autoridad moral: «que hablen con el Vaticano», en alusión a la sintonía que mantiene con el papa León XIV en materia migratoria. La frase conecta con el llamamiento del pontífice durante su visita a España la semana pasada, en el que instó a los países europeos a no abandonar a los migrantes tras su llegada.
Los centros de deportación, otro punto de fricción
El debate en el Consejo Europeo no se limitó a la regularización. Sánchez reiteró su rechazo a los centros de deportación en terceros países impulsados por varios socios comunitarios y afirmó que esta política «no vale para nada». En su lugar, defendió un modelo basado en la cooperación con los países de origen y de tránsito, citando expresamente a Marruecos, Mauritania y Senegal como ejemplos de esa vía. «Es mi opinión, la doy claramente, habrá a algunos que les moleste o les incomode, pero es lo que creo», sostuvo el presidente, que se comprometió a seguir defendiendo el modelo español en el próximo debate europeo previsto para octubre.
La discusión en Bruselas evidenció la profundidad de las diferencias entre los socios europeos sobre cómo gestionar la migración. España ocupa una posición minoritaria en un Consejo dominado por gobiernos conservadores o de centroderecha que han impulsado el endurecimiento del marco comunitario. La regularización extraordinaria, que puede beneficiar a más de medio millón de personas, es el ejemplo más visible de esa distancia: un país que al mismo tiempo aplica el Pacto Europeo y pone en marcha una medida que varios de sus firmantes perciben como contraria a su espíritu. El debate se aplaza a octubre, pero la fractura que dejó al descubierto la cumbre de Bruselas no se cerrará con una sola reunión.
