Documentos oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel confirman que al menos 451 personas con pasaporte español sirvieron en el ejército israelí durante la ofensiva sobre la Franja de Gaza iniciada tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La cifra sitúa a España en el puesto 21 entre países con ciudadanos incorporados a las operaciones militares, en un contexto donde cerca de 50.000 residentes extranjeros con doble nacionalidad participaron en la campaña que ha causado más de 70.000 muertes palestinas.
Documentos oficiales del ejército israelí, conocido como Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), revelan que 451 ciudadanos españoles participaron en las operaciones militares sobre la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. La información fue obtenida mediante una solicitud de transparencia presentada por el abogado israelí Elad Man, de la ONG Hatzlacha, y publicada por el portal británico Declassified UK. Los datos desglosan que 372 personas tenían doble nacionalidad hispano-israelí, mientras que otras 79 poseían múltiples nacionalidades incluyendo la española, aunque los documentos advierten de posibles duplicidades en el registro entre ambos grupos.
La cifra de ciudadanos españoles representa una pequeña fracción del total de aproximadamente 50.000 soldados extranjeros con doble o múltiple nacionalidad que participaron en la ofensiva israelí. Estados Unidos encabeza la lista con más de 13.200 personas (12.000 con doble nacionalidad estadounidense-israelí y 1.200 con múltiples nacionalidades), seguido de Francia, Rusia, Alemania y Ucrania. En el ámbito latinoamericano, destacan Argentina con más de 600 personas, Brasil con 500 y México con 181 ciudadanos con doble nacionalidad incorporados a las FDI durante este periodo.
El conflicto se inició tras los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás y otros grupos armados palestinos e islamistas penetraron en territorio controlado por Israel y causaron la muerte de aproximadamente 1.200 civiles y militares israelíes. La respuesta militar israelí ha provocado, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza avaladas por las propias FDI, al menos 70.373 muertes palestinas, el 83% de ellas civiles según datos de inteligencia israelíes, incluyendo más de 20.000 niños y 11.800 mujeres. La ofensiva también ha causado más de 171.000 heridos y dejado más de 14.400 desaparecidos.
Los datos revelados por las Fuerzas de Defensa de Israel
Además de los datos sobre nacionalidades, los documentos oficiales israelíes detallan la categoría de «soldados solitarios», denominación utilizada para personas sin familia ni red de apoyo en Israel. Un informe de la Knesset, el parlamento israelí, contabilizó en agosto de 2024 un total de 6.731 soldados bajo esta categoría en las operaciones de Gaza. El documento no especifica cuántos españoles se encuentran entre ellos, aunque registra 432 personas de «otros países» que se sumaban a los 531 soldados solitarios estadounidenses y 508 rusos, entre otras nacionalidades.
La participación de ciudadanos extranjeros en el ejército israelí se produce en un contexto donde la ofensiva sobre Gaza está siendo investigada por posible genocidio ante dos tribunales internacionales. El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia dictaminó provisionalmente que existían indicios de que se podría estar cometiendo genocidio y ordenó medidas cautelares. Paralelamente, el 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Galant por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad.
El marco legal israelí de doble nacionalidad
La incorporación masiva de ciudadanos extranjeros al ejército israelí responde al marco legal establecido por el Estado desde su fundación. La Ley del Retorno de 1950 y sus posteriores ampliaciones establecen el derecho a la nacionalidad israelí para judíos, así como para nietos, hijos o cónyuges de judíos, facilitando la inmigración conocida como “aliyá” hacia lo que las tres principales religiones monoteístas consideran Tierra Santa. Esta legislación no requiere que los solicitantes tengan vínculos previos con Israel ni que hayan residido en su territorio.
Israel consolidó su carácter como Estado-nación judío en 2018 mediante una ley aprobada por el parlamento israelí que define al país como la «patria histórica» y el «hogar nacional» del «pueblo judío», estableciendo que solo este grupo puede ejercer el derecho a la autodeterminación nacional. En contraste, los palestinos árabes que viven en territorios ocupados como Cisjordania o Jerusalén Este están sometidos a un sistema legal y administrativo diferente, situación que llevó a la Corte Internacional de Justicia a emitir en 2024 una opinión consultiva calificando el sistema israelí como basado en el apartheid o segregación racial.
En Israel, el servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años, aunque con condiciones diferentes para hombres y mujeres: ellos deben servir al menos dos años y medio, mientras que ellas cumplen un periodo mínimo de dos años. Para ciudadanos israelíes residentes en el extranjero, las condiciones son más flexibles. Quienes reciben formación militar acceden a prebendas económicas que incluyen becas para estudios, préstamos ventajosos para adquisición de vivienda o bienes de consumo, y ayudas al alquiler.
Competencia judicial española e impunidad actual
La Ley de Enjuiciamiento Criminal española establece que España tiene competencia para perseguir delitos cometidos por ciudadanos con nacionalidad española en suelo extranjero, específicamente aquellos contemplados en el artículo 607 del Código Penal respecto a crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha procesado a ningún soldado con doble nacionalidad que haya regresado de Gaza tras participar en las operaciones militares.
La Fundación Hind Rajab presentó en 2025 una denuncia contra el soldado israelí Mori Keisar cuando se encontraba en Barcelona. Los abogados Raúl Maíllo y Antonio Segura plantearon asimismo una denuncia en la Audiencia Nacional contra Shaul Shcherbatov, sargento de las FDI. Ninguna de estas denuncias prosperó, aunque en ambos casos se trataba de ciudadanos israelíes sin doble nacionalidad española. La jurisdicción española resultaría aún más clara en el caso de las más de 450 personas con doble nacionalidad española-israelí identificadas en los documentos oficiales.
El requisito para el ejercicio de la jurisdicción española es que estas personas sean identificadas, bien por víctimas, bien por testigos, o bien por el propio Gobierno español. La ausencia de procesos judiciales contra ciudadanos españoles que participaron en operaciones militares investigadas por posibles crímenes de guerra y genocidio plantea interrogantes sobre la aplicación efectiva de la legislación española en materia de crímenes de lesa humanidad cometidos en el extranjero.
