Rabat reclama el retorno de unos 2.500 menores marroquíes que permanecen en Ceuta y vincula ahora su posición sobre los cadáveres de los fallecidos durante la avalancha a una solución global de la crisis. La exigencia expresada por el ministro de Justicia, Abdellatif Uahbi, tropieza con las garantías españolas y europeas, mientras algunas familias siguen sin poder recuperar los cuerpos y Ceuta ha comenzado a enterrarlos.
La crisis de Ceuta ha abierto un nuevo frente entre España y Marruecos cuando todavía permanecen sin resolver buena parte de las consecuencias de la avalancha de finales de julio. El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Uahbi, ha vinculado la aceptación de los cadáveres de migrantes fallecidos durante aquellos acontecimientos a una solución más amplia que incluya el retorno de los menores marroquíes presentes en la ciudad. Rabat viene reclamando desde hace semanas su devolución, pero las autoridades españolas están obligadas a examinar individualmente cada caso antes de autorizar cualquier regreso.
La declaración llega cuando Ceuta ya ha empezado a enterrar a los fallecidos cuyos cuerpos permanecían en la ciudad. Los primeros 18 recibieron sepultura el viernes en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, después de que las gestiones para trasladar a Marruecos los restos de quienes habían podido ser identificados no prosperasen. Las lápidas llevan números porque la mayoría continúa sin nombre. Tras cada uno quedan indicios recopilados por las autoridades españolas y, en algunos casos, familias marroquíes que desconocen todavía si podrán recuperar a sus allegados.
Los muertos entran en la negociación
Uahbi explicitó la posición marroquí en declaraciones al canal saudí Al Arabiya difundidas por la agencia Efe. «Marruecos no va a permitir la entrada de los cadáveres sin encontrar una solución global», afirmó. El ministro defendió la necesidad de establecer un procedimiento acordado con España que incluya tanto la cuestión de los cuerpos como la de los menores. Rabat reclama además información detallada sobre los fallecidos antes de aceptar su traslado y sostiene que corresponde a las autoridades españolas acreditar su nacionalidad marroquí.
La identificación es uno de los problemas más delicados. Solo nueve fallecidos habían sido identificados cuando comenzaron los primeros entierros, según la información facilitada por la consejera ceutí de Sanidad, Nabila Benzina. La funeraria había intentado en dos ocasiones trasladar algunos cuerpos a Marruecos sin conseguirlo. Al menos una familia pudo desplazarse hasta Ceuta para velar a su allegado, pero no llevarlo de regreso. Mientras tanto, los cuerpos enterrados quedan asociados a expedientes judiciales con los datos disponibles para permitir una futura identificación o exhumación.
Rabat eleva la presión sobre los menores
El otro componente de la negociación afecta a alrededor de 2.500 niños y adolescentes marroquíes que permanecen en Ceuta. Los ministerios marroquíes de Interior y Exteriores habían reclamado ya su retorno y Uahbi ha elevado ahora el tono al exigir la entrega de «todos» los menores no acompañados. El ministro, dirigente del Partido de la Autenticidad y la Modernidad, formula estas demandas además en plena campaña para las elecciones legislativas marroquíes del 23 de septiembre.
La voluntad declarada de Marruecos de recibirlos no basta, sin embargo, para que España pueda proceder a una devolución general. La legislación española y europea exige determinar las circunstancias de cada menor y garantizar que cualquier retorno responda a su interés superior. El Tribunal Supremo estableció ese límite con especial claridad en 2024 al declarar ilegales las devoluciones de 55 menores realizadas después de la crisis fronteriza de 2021. El acuerdo bilateral firmado por España y Marruecos en 2007 facilita la cooperación, pero no sustituye el procedimiento individualizado.
Familias entre dos administraciones
La dificultad jurídica tiene una dimensión humana que resulta especialmente visible al otro lado de la frontera. La Asociación de Protección de la Infancia y Sensibilización de la Familia (APISF) se movilizó en Fnideq durante la avalancha para prestar asistencia y ayudar a menores que habían perdido sus teléfonos a contactar con sus familias. Su coordinadora, Mariam Essaadi, describe la angustia de padres que durante días no supieron si sus hijos habían alcanzado Ceuta, habían sido devueltos a Marruecos o se encontraban en peligro.
Essaadi defiende que cualquier solución debe construirse conjuntamente, pero recuerda que «cada situación debe ser evaluada de forma individual». La organización marroquí se muestra dispuesta a colaborar en la recepción, búsqueda familiar, asistencia psicológica y acompañamiento de quienes finalmente regresen. El retorno, advierte, no puede consistir únicamente en trasladar al menor al otro lado de la frontera. Debe existir una estructura que garantice su protección y permita determinar cuál es la solución más adecuada para cada niño o adolescente.
Problemas humanitarios tras el pulso político
La posición expresada por Uahbi introduce una dificultad adicional al conectar la recepción de los fallecidos con la negociación sobre los menores. Son dos consecuencias distintas de la misma crisis y ambas requieren cooperación bilateral. España necesita la colaboración de Marruecos para identificar a los muertos, localizar a sus familiares y determinar el futuro de los menores. Marruecos necesita a su vez información y coordinación con las autoridades españolas para que cualquier traslado pueda realizarse con garantías.
La situación resulta especialmente delicada porque afecta a personas cuya capacidad para decidir sobre su propio destino es limitada o inexistente. Los fallecidos dependen de que dos Estados cooperen para devolverles un nombre y, cuando sea posible, entregarlos a sus familias. Los menores están sometidos a procedimientos destinados precisamente a impedir que una decisión política colectiva sustituya la evaluación de sus circunstancias personales. Convertir ambos expedientes en una negociación conjunta puede acelerar un acuerdo, pero también aumenta la complejidad de una crisis ya cargada de implicaciones humanas y diplomáticas.
Madrid y Rabat disponen de mecanismos de cooperación suficientemente desarrollados para abordar las dos cuestiones. El desacuerdo aparece en los tiempos, las condiciones y el alcance de esa colaboración. Marruecos quiere recuperar rápidamente a sus menores y reclama un marco acordado para recibir los cadáveres. España no puede devolver a los primeros colectivamente y necesita la cooperación marroquí para resolver la situación de los segundos. Casi un mes después de la avalancha, la gestión de sus consecuencias vuelve a demostrar hasta qué punto Ceuta depende de una relación bilateral en la que cooperación y desacuerdo conviven de manera permanente.
