El expresidente venezolano y su esposa comparecieron ante un tribunal federal de Nueva York para responder a una acusación que amplía el proceso por narcotráfico y narcoterrorismo. Ambos rechazaron los cargos, mientras el juez aplazó hasta el 14 de junio de 2027 el comienzo del juicio.
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, volvieron este jueves a sentarse ante la justicia estadounidense, esta vez para responder a una acusación de especial gravedad: haber participado en una conspiración destinada a torturar a opositores políticos y a personas consideradas una amenaza para el poder que ejercieron en Venezuela.
Ante el juez federal Alvin Hellerstein, en Manhattan, ambos se declararon no culpables. Maduro rechazó íntegramente el nuevo escrito de acusación y sostuvo que contenía imputaciones falsas, mientras Flores afirmó que era completamente inocente.
La audiencia supone un nuevo capítulo en el proceso judicial abierto contra la pareja tras su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas, el pasado 3 de enero, y su posterior traslado a Nueva York. Desde entonces permanecen bajo custodia de Estados Unidos, donde ya afrontaban acusaciones relacionadas con narcotráfico, narcoterrorismo y armas.
La Fiscalía amplía el alcance de la acusación
El nuevo escrito, presentado el 8 de octubre por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, incorpora el delito de conspiración para cometer torturas y extiende a Flores la acusación de conspiración para cometer narcoterrorismo.
Según los fiscales, Maduro y su esposa habrían participado durante años en un sistema de represión que utilizaba a miembros de los cuerpos de seguridad y a otros funcionarios para perseguir a personas consideradas desleales o contrarias al Gobierno venezolano.
La acusación describe detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones y métodos de tortura presuntamente empleados contra opositores políticos y militares sospechosos de disidencia. Entre las víctimas mencionadas figuran ciudadanos estadounidenses.
El Ministerio Público no sostiene que Maduro y Flores ejecutaran personalmente las torturas. Les atribuye, en cambio, responsabilidades de dirección, supervisión y participación en decisiones que habrían permitido esos abusos.
La Fiscalía acusa al exmandatario de haber ordenado o alentado determinados interrogatorios violentos y de haber recibido información sobre el trato dispensado a detenidos. En el caso de Flores, sostiene que habría intervenido en el funcionamiento del sistema represivo y en acciones destinadas a proteger intereses de su entorno familiar.
Estas afirmaciones forman parte de una acusación penal y deberán ser examinadas durante el juicio. No constituyen hechos judicialmente probados.
Maduro rechaza el expediente y Flores proclama su inocencia
Durante la comparecencia, el expresidente venezolano insistió en que las imputaciones reproducían acusaciones anteriores que considera falsas. Su intervención fue interrumpida por el juez, quien registró formalmente su declaración de no culpabilidad.
Flores también rechazó los cargos y aseguró que no había cometido los delitos que se le atribuyen.
Ambos confirmaron haber recibido una versión en español del nuevo documento judicial y haberlo examinado con sus abogados.
La defensa mantiene, además, sus objeciones a la legitimidad del procedimiento y ha planteado argumentos relacionados con la inmunidad que, a su juicio, correspondería a Maduro por su condición de jefe de Estado.
La captura del exmandatario en territorio venezolano mediante una operación militar estadounidense añade al caso una dimensión internacional que trasciende el debate estrictamente penal. Sin embargo, el tribunal deberá resolver las cuestiones procesales y las pruebas presentadas dentro del marco de la legislación aplicable.
El juicio se retrasa hasta junio de 2027
La incorporación de nuevos cargos ha obligado a modificar el calendario judicial. El juez Hellerstein fijó el comienzo del juicio para el 14 de junio de 2027, dos semanas después de la fecha inicialmente prevista.
La próxima audiencia preparatoria está programada para el 17 de diciembre, mientras los abogados dispondrán de tiempo adicional para estudiar las nuevas imputaciones y preparar su estrategia de defensa.
La gravedad de los delitos atribuidos a Maduro y Flores eleva considerablemente las consecuencias penales que podrían afrontar en caso de condena. Según la Fiscalía estadounidense, el conjunto de los cargos contempla penas mínimas obligatorias que, acumuladas, alcanzarían varias décadas de prisión.
Por ahora, ambos conservan la presunción de inocencia y continúan rechazando las acusaciones.
El proceso promete convertirse en uno de los procedimientos judiciales internacionales más observados de los próximos meses, no solo por la naturaleza de los delitos investigados, sino también por sus implicaciones para las relaciones entre Washington y Caracas y por el precedente que representa el enjuiciamiento de un antiguo jefe de Estado extranjero ante la justicia estadounidense.
