La reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo no es una cita diplomática más. Es, en realidad, una prueba moral y política para una Europa que lleva meses denunciando la tragedia humanitaria en Gaza mientras mantiene intacto su principal marco de cooperación con Israel.
El Gobierno de Pedro Sánchez llevará formalmente ante los Veintisiete la propuesta de suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, al considerar que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha vulnerado de forma sistemática los derechos humanos y, por tanto, el propio artículo 2 del tratado, que establece precisamente el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos como condición esencial de la relación bilateral.
No se trata de una improvisación. España e Irlanda llevan meses presionando para revisar ese acuerdo, y el deterioro humanitario en Gaza, la escalada en Cisjordania, los ataques sobre Líbano y la nueva ley israelí sobre pena de muerte han reactivado la presión política en Bruselas. Incluso expertos de Naciones Unidas han pedido la suspensión inmediata del acuerdo como “mínimo exigible” bajo el derecho internacional.
Además, la Iniciativa Ciudadana Europea “Justice for Palestine” ya ha superado el millón de firmas, obligando a la Comisión Europea a examinar formalmente la demanda de suspensión. Más de 390 exministros, embajadores y altos responsables europeos también han firmado una carta abierta en la misma dirección.
Pero la aritmética europea no se mueve con indignación moral, sino con intereses nacionales. Alemania e Italia siguen mostrando fuertes reservas, mientras Hungría fue durante mucho tiempo el principal escudo diplomático de Netanyahu dentro de la Unión. Sin una mayoría política sólida —y, en algunos casos, sin unanimidad— la suspensión total parece improbable a corto plazo.
Aquí aparece la verdadera contradicción europea: la UE es el principal socio comercial de Israel, con intercambios superiores a 45.000 millones de euros anuales. Bruselas denuncia, pero comercia; condena, pero financia; protesta, pero mantiene los privilegios.
España intenta romper esa comodidad diplomática. Sánchez insiste en que no se trata de estar contra Israel, sino contra las decisiones de un gobierno que —según Madrid— ha cruzado la línea del derecho internacional.
La pregunta ya no es si Europa conoce lo que ocurre. La pregunta es si está dispuesta a asumir el coste político de actuar.
Luxemburgo no decidirá solo sobre un tratado comercial. Decidirá sobre la credibilidad moral de la Unión Europea.
