El Comité de Representantes Permanentes de la UE aprobó en Bruselas el pacto que elimina todas las barreras físicas entre España y el Peñón, integra de facto a Gibraltar en el espacio Schengen e impone el derribo de La Verja. El acuerdo, que entrará en vigor de forma provisional el 15 de julio, cierra el último asunto pendiente del Brexit y protege a los 15.000 trabajadores transfronterizos del Campo de Gibraltar.
El Comité de Representantes Permanentes (Coreper) de los Veintisiete Estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobó en Bruselas el acuerdo sobre Gibraltar entre la UE y el Reino Unido, el último asunto pendiente de las relaciones bilaterales posteriores al Brexit. El texto, negociado durante más de tres años, entrará en vigor de forma provisional el próximo 15 de julio, mientras se concluyen las revisiones legales y lingüísticas necesarias para su adopción formal definitiva. Con la ratificación, la UE y el Reino Unido cierran un proceso abierto en enero de 2020 con la salida británica del bloque.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, celebró el anuncio desde su perfil en la red social X con una fórmula que sintetiza la posición española: «Un éxito para España y para Europa». El acuerdo prevé la eliminación de todas las barreras físicas a la circulación de personas y bienes entre España y el Peñón, la integración de facto de Gibraltar en el espacio Schengen y el derribo de La Verja, la valla que separa la Línea de la Concepción, en Cádiz, del territorio de la colonia británica. La representante permanente de Chipre ante la UE, Christina Rafti, cuyo país ostenta este semestre la presidencia de turno del Consejo, afirmó que el texto «será beneficioso para la gente de la región y para toda la UE».
Lo que cambia en la frontera
El acuerdo transforma de manera sustancial el funcionamiento del paso entre España y el Peñón. La demolición de La Verja elimina el principal símbolo físico de la separación entre ambos territorios. En su lugar, se establecerá un doble control de pasajeros en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, ejercido conjuntamente por las policías española y gibraltareña. Todos los controles sobre personas y mercancías en la frontera terrestre quedarán suprimidos. El texto obliga además a una aproximación fiscal: Gibraltar deberá adoptar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que reducirá sus actuales ventajas tributarias y homologará su régimen al del mercado único.
La integración en el espacio Schengen no será, sin embargo, inmediata. El propio reglamento del Sistema de Entrada y Salida (EES, por sus siglas en inglés) —el nuevo registro digital que sustituye al sellado manual de pasaportes en las fronteras del espacio europeo— prevé cierta flexibilidad en su aplicación hasta finales de verano, para evitar aglomeraciones coincidiendo con el pico turístico. El EES entra en vigor el 10 de abril, apenas dos semanas antes de la fecha en que Gibraltar debería estar integrado en él. La Comisión Europea mantiene contacto con los Estados miembros con dificultades técnicas y comparte sus mejores prácticas para garantizar que el sistema funciona correctamente.
El Campo de Gibraltar y sus 15.000 trabajadores
El impacto más directo del acuerdo se sentirá en el Campo de Gibraltar, una de las comarcas con mayor desempleo de España, donde la tasa oscila entre el 18% y el 25%. Los 15.000 trabajadores transfronterizos que cruzan a diario la frontera para emplearse en el Peñón representan el 50% de todos los puestos de trabajo de la colonia, según datos del propio Gobierno gibraltareño. Para este colectivo, la eliminación de los controles fronterizos supone una mejora tangible de sus condiciones diarias. La colonia británica actúa, en la práctica, como el principal motor económico de una comarca que concentra algunas de las tasas de paro más elevadas de Andalucía.
El anuncio, no obstante, ha generado malestar entre algunos actores locales. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, del Partido Popular (PP), denunció que la comarca ha conocido los avances del acuerdo a través de los medios de comunicación y no mediante canales directos del Gobierno central. Landaluce reclamó «un trato más digno» para los municipios afectados y subrayó que colectivos esenciales para la operativa fronteriza —transportistas, empresas de aduanas, policía de frontera— siguen acumulando dudas sobre el funcionamiento práctico del nuevo sistema. La queja apunta a un déficit de comunicación institucional que el Gobierno deberá resolver antes de julio.
Del Tratado de Utrecht al acuerdo del siglo XXI
El texto ratificado ayer cierra, simbólicamente, un ciclo abierto en 1713. El Tratado de Utrecht cedió el Peñón a Gran Bretaña al término de la Guerra de Sucesión española, dando inicio a más de tres siglos de disputas sobre soberanía, aguas jurisdiccionales y fiscalidad. El Brexit volvió a poner el asunto sobre la mesa de forma urgente: el 96% de la población gibraltareña votó en 2016 a favor de permanecer en la UE, y el acuerdo ahora ratificado busca honrar esa voluntad mediante una integración funcional que, deliberadamente, elude la cuestión de la soberanía. El Peñón seguirá siendo territorio británico; lo que cambia es su relación con el mercado único y con el espacio de libre circulación europeo.
El pacto completará el marco jurídico establecido por el acuerdo de comercio y cooperación firmado tras el Brexit en 2020, con el que la UE y el Reino Unido regularon sus relaciones generales. La adopción provisional del 15 de julio no implica que el proceso haya concluido: quedan pendientes las revisiones legales y lingüísticas de los textos antes de la adopción formal definitiva, trámite que puede prolongarse varios meses. Albares ha confirmado que comparecerá el 9 de abril ante el Congreso de los Diputados para explicar el contenido del acuerdo. El Gobierno de Gibraltar, por su parte, aseguró que el EES «no aplicará a Gibraltar» hasta que el convenio esté plenamente operativo, una garantía que despeja la principal incertidumbre técnica a corto plazo.
