El informe anual de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte registra 2.707 ejecuciones en 17 países durante 2025, la cifra más elevada desde 1981. Irán concentra el 80% del total global, con 2.159 personas ajusticiadas, más del doble que el año anterior. La organización atribuye el repunte a gobiernos que ejercen el poder mediante el miedo y señala la guerra contra las drogas como factor estructural del incremento.
El número de ejecuciones registradas en el mundo alcanzó en 2025 su nivel más alto en cuatro décadas, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre el estado global de la pena de muerte. La organización documentó 2.707 personas ajusticiadas en 17 países, frente a las 1.518 del año anterior, lo que supone un incremento de casi el 80% en un solo ejercicio. Para encontrar una cifra comparable hay que remontarse a 1981, cuando se registraron 3.191 ejecuciones. El informe no incluye los datos de China, Vietnam y Corea del Norte, países que no publican estadísticas oficiales sobre sus ejecuciones y que, en el caso chino, se estima que encabezan el ranking mundial.
Agnès Callamard, secretaria general de AI, advirtió en el comunicado que acompaña al informe que ciertos gobiernos están dispuestos «a llevar a cabo ejecuciones cueste lo que cueste, a pesar de la tendencia global hacia la abolición», y denunció el uso de la pena de muerte como «un arma para difundir terror, sofocar la disidencia y exhibir la fuerza» sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. La organización identifica una minoría estable de diez países que han aplicado la pena capital de forma ininterrumpida durante el último quinquenio: Arabia Saudí, China, Corea del Norte, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen.
Irán y la guerra contra las drogas, motores del repunte
Irán es el factor dominante en las cifras de 2025. La República Islámica ajustició a 2.159 personas a lo largo del año, más del doble que en 2024 y el 80% del total global documentado por AI. La tendencia al alza se extendió a otros países de Oriente Medio: Arabia Saudí registró 356 ejecuciones, muchas de ellas vinculadas a delitos de narcotráfico; Kuwait triplicó sus casos respecto al año anterior; y Egipto prácticamente los duplicó. Yemen contabilizó 51 ejecuciones, consolidando su presencia entre los países con mayor actividad ejecutora de la región.
La guerra contra las drogas emerge en el informe como uno de los factores estructurales detrás del repunte global. Prácticamente la mitad de todas las ejecuciones documentadas en 2025 estuvieron relacionadas con delitos de narcotráfico, con una incidencia especialmente elevada en Oriente Medio y Asia. La tendencia no solo no remite, sino que amenaza con agravarse: países como Argelia, Maldivas y Kuwait están tramitando reformas legislativas para ampliar la aplicación de la pena capital a este tipo de infracciones, lo que podría incrementar aún más las cifras en los próximos años.
Estados Unidos recupera terreno perdido
El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos coincidió con un aumento significativo de las ejecuciones en ese país. En 2025 se llevaron a cabo 47 ejecuciones, frente a las 25 del año anterior, la cifra más alta desde 2009. El dato sitúa a Estados Unidos como el único país occidental que figura en el listado de los diez estados con mayor actividad ejecutora y añade una dimensión política al análisis del informe: el repunte estadounidense no responde a factores estructurales como la guerra contra las drogas, sino a una decisión de política penal adoptada por la administración federal y varios gobiernos estatales en el contexto del programa de seguridad ciudadana impulsado por Trump desde su retorno al poder.
La cifra estadounidense, aunque alejada de las de Irán o Arabia Saudí en términos absolutos, tiene un peso simbólico desproporcionado en el debate internacional sobre la pena de muerte. Estados Unidos es la única democracia consolidada del mundo occidental que mantiene la pena capital en vigor, y su evolución al alza refuerza los argumentos de quienes sostienen que el abolicionismo no es un proceso irreversible, sino que puede revertirse cuando cambian las condiciones políticas internas de los países que lo han adoptado de forma parcial o condicionada.
El avance abolicionista resiste
Pese al repunte global, el informe de AI subraya que la tendencia histórica hacia la abolición de la pena de muerte no se ha interrumpido. Hoy 113 países han eliminado por completo la pena capital de sus ordenamientos jurídicos, un avance notable frente a los apenas 16 que lo habían hecho en 1977. Regiones enteras, como Europa y Asia Central, se mantuvieron completamente libres de ejecuciones a lo largo de 2025. En el continente americano, África subsahariana y Asia, los casos se concentraron en un número reducido de estados, lo que refuerza la lectura de que el problema es estadísticamente circunscrito aunque cuantitativamente grave.
El camino abolicionista también avanza en países donde la pena de muerte sigue vigente formalmente. Vietnam y Gambia han reducido el número de delitos castigados con la pena capital en sus respectivos códigos penales. Líbano y Nigeria tienen proyectos legislativos abolicionistas en tramitación parlamentaria. Para AI, estos avances parciales son relevantes aunque insuficientes: la concentración de las ejecuciones globales en un grupo reducido de países que aplican la pena con creciente intensidad hace que el progreso cuantitativo del abolicionismo coexista con un deterioro cualitativo en los estados que más resistencia oponen a la tendencia internacional.
