La Comisión Europea hará público el texto jurídico del pacto alcanzado en junio de 2025 entre la UE, el Reino Unido, España y Gibraltar para regular la relación del Peñón con el bloque comunitario tras el Brexit. Su elemento más destacado es la supresión de la Verja. El acuerdo podría entrar en vigor provisionalmente el 10 de abril, pero aún debe superar la ratificación del Consejo europeo, el Parlamento Europeo y el Parlamento británico.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, anunció que la Comisión Europea publicará esta misma semana en su web el texto jurídico del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, el Reino Unido, España y Gibraltar el pasado 11 de junio de 2025. El documento, que llevaba meses en proceso de revisión por parte de los servicios jurídicos comunitarios antes de su redacción final, estará «al alcance de cualquiera que quiera descargarlo», según subrayó el ministro a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de los Veintisiete. El anuncio confirma las palabras del secretario de Estado británico para las relaciones con la Unión Europea, Nick Thomas-Symonds, quien durante su visita a Madrid el viernes anterior había adelantado que el contenido del pacto se daría a conocer «muy pronto», en un momento en que ambas partes han iniciado ya el proceso formal de ratificación.
La publicación del texto pone fin a una prolongada etapa de opacidad que ha generado malestar en varios sectores. A pesar de que Albares insistió el lunes en que «todos los puntos de ese acuerdo son conocidos», los alcaldes del Campo de Gibraltar han repetido en numerosas ocasiones que no han podido acceder al contenido concreto del pacto. También desde las filas conservadoras del Parlamento español y del Parlamento británico se ha reprochado a los respectivos Gobiernos el mutismo que ha rodeado el proceso negociador, exigiendo que el texto se divulgara para permitir su análisis y debate democráticos. La semana anterior al anuncio de Albares, la Comisión Europea había comunicado que el texto ya había sido remitido formalmente al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo, los dos órganos legislativos comunitarios que deberán ratificarlo.
Qué contiene el acuerdo: la Verja y los controles fronterizos
El elemento más simbólico y políticamente relevante del acuerdo es la supresión de la Verja, la barrera física que desde 1969 separa La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz, del territorio de Gibraltar. La desaparición de este control fronterizo implica, en la práctica, el desplazamiento de los controles de entrada y salida del espacio de la Unión Europea hasta el aeropuerto de Gibraltar, dejando presumiblemente inhabilitado el paso fronterizo actual. Esta modificación afecta directamente a los cerca de 15.000 trabajadores que cruzan a diario la frontera para trabajar en el Peñón, así como a los 300.000 habitantes del Campo de Gibraltar cuya vida cotidiana está estrechamente vinculada a la actividad económica del territorio británico.
El acuerdo también regula otros aspectos de la relación entre Gibraltar y la Unión Europea tras la salida del Reino Unido del bloque comunitario, conocida como Brexit, que se hizo efectiva en enero de 2021. Desde entonces, Gibraltar quedó excluido del mercado único y del espacio Schengen, que garantiza la libre circulación de personas entre los estados miembros de la Unión Europea, generando fricciones en la frontera y distorsiones económicas en una zona en la que la integración entre los dos lados ha sido históricamente muy intensa. El pacto firmado el 11 de junio de 2025 aspira a resolver esas fricciones estableciendo un marco jurídico estable para la movilidad de personas y el comercio en la región.
Los plazos: el 10 de abril y la carrera por la ratificación
La Comisión Europea trabaja con el objetivo de que el acuerdo pueda aplicarse de forma provisional a partir del próximo 10 de abril de 2026, una fecha que no es arbitraria. Para ese día está prevista la implantación plena del nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas, conocido por sus siglas en inglés como EES, un mecanismo automatizado que modificará los controles en las fronteras exteriores de la Unión Europea mediante el registro biométrico de los viajeros procedentes de terceros países. Si el EES entrase en vigor sin que el acuerdo sobre Gibraltar estuviera operativo, el tránsito en la frontera del Peñón se vería sometido a controles adicionales que generarían retenciones significativas, especialmente para los miles de trabajadores transfronterizos que cruzan cada día.
Para evitar ese escenario, la Comisión Europea ha propuesto una aplicación provisional del acuerdo antes de que concluya el proceso formal de ratificación, un procedimiento que el derecho comunitario permite en determinadas circunstancias. La ratificación completa requiere la aprobación del Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Parlamento del Reino Unido, además del Parlamento de Gibraltar. Ese proceso puede prolongarse durante meses, de ahí la urgencia de disponer de un mecanismo transitorio antes del 10 de abril. La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Jesús Montero, aprovechó el anuncio para avanzar que Pedro Sánchez podría encabezar «en breve» un acto en el Campo de Gibraltar con motivo del derribo «definitivo» de la Verja.
La opacidad criticada y las inquietudes del Campo de Gibraltar
Más allá del optimismo oficial, la publicación del texto llega después de meses de críticas por la falta de transparencia en torno al proceso. Los alcaldes de los municipios del Campo de Gibraltar han denunciado en repetidas ocasiones que no han podido conocer el contenido concreto de un acuerdo que afecta de manera directa a sus ciudadanos y a su economía local. Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, ha trasladado en las últimas semanas el contenido del acuerdo a distintos sectores de la sociedad civil del Peñón —desde la oposición de los Gibraltar Social Democrats hasta la Cámara de Comercio—, cuyos representantes han expresado inquietud por las repercusiones comerciales del pacto, especialmente en lo relativo al comercio gibraltareño y a las importaciones de productos del Reino Unido.
Albares intentó el lunes desactivar esas críticas argumentando que, dos días después del acuerdo político del 11 de junio, se reunió con los alcaldes del Campo de Gibraltar y con representantes de la Junta de Andalucía, y que en octubre compareció en un pleno monográfico para «desgranar todos los puntos de ese acuerdo». El ministro destacó que la «transparencia y la comunicación permanente» han sido «una de las guías» de su gestión del expediente gibraltareño. Con la publicación inminente del texto jurídico completo, la controversia sobre la opacidad podría remitir, aunque el debate político sobre el contenido concreto del acuerdo —y sobre sus implicaciones para el Campo de Gibraltar y para la soberanía del Peñón— está aún por comenzar.
