Los ministros del Interior de los Veintisiete han acordado reducir las cuotas de reparto de migrantes dentro de la Unión Europea y respaldar la creación de centros de deportación en terceros países, una reforma que busca agilizar las expulsiones de personas cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas, en un giro que ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y divisiones entre los Estados miembros.
Los países de la Unión Europea acordaron reducir las cuotas de reparto interno de solicitantes de asilo y avanzar en la creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario, según se informó tras la reunión de ministros del Interior celebrada en Bruselas. La decisión responde a la presión de países con mayor volumen de llegadas irregulares, que reclaman medidas más efectivas para gestionar los flujos migratorios.
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, advirtió en la reunión que España no está de acuerdo con esta directiva y que entiende que las propuestas implican una revisión de leyes internacionales y del derecho europeo. Madrid sostiene que la creación de estos centros de internamiento y deportación en terceros países vulnera el respeto al derecho comunitario y las obligaciones internacionales en materia de protección de personas vulnerables.
Reducción de cuotas y solidaridad financiera
La propuesta aprobada reduce significativamente el sistema de cuotas de redistribución de solicitantes de asilo entre Estados miembros, mecanismo que formaba parte del Pacto Europeo de Migración y Asilo acordado en 2024. La nueva normativa establece que los países tensionados por la presión migratoria podrán optar entre recibir personas reubicadas desde otros Estados o contribuir financieramente mediante compensaciones económicas.
Según fuentes diplomáticas citadas por medios europeos, la medida permitirá que países reticentes a acoger solicitantes de asilo paguen una cuota fija en lugar de recibir personas. Esta modificación responde a la oposición de varios gobiernos que consideraban el sistema de cuotas obligatorias una injerencia en sus políticas nacionales de inmigración.
El fondo de solidaridad también queda reducido de los 600 millones propuestos a 420 millones, una disminución que refleja la renuencia de varios Estados miembros a comprometerse con aportaciones económicas significativas. El ministro Grande-Marlaska señaló que España podía estar en equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad, pero que no estaba conforme con las modificaciones pactadas porque el país se ha abstenido en la votación.
Centros de deportación en terceros países
La normativa acordada contempla la creación de centros de detención y deportación fuera del territorio de la Unión Europea, una propuesta inspirada en el modelo implementado por Italia en Albania. Los Veintisiete han dado este lunes el visto bueno a la directiva europea que busca agilizar las expulsiones de personas cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas, permitiendo ahora que Eurocámara entre en vigor para crear este tipo de instalaciones en países terceros considerados seguros.
En pleno invierno demográfico europeo, con la reducción de la natalidad y población en la mayoría de los Estados miembros, la Unión Europea realiza una maniobra que aspira a contrarrestar el envejecimiento poblacional cerrando el paso a la inmigración irregular, mientras prioriza mecanismos que otorguen mayor poder a los Estados para controlar sus fronteras frente a solicitantes de asilo que no han recibido la protección internacional.
Para Rasmus Stoklund, ministro de Inmigración e Integración de Dinamarca, el sistema actual es disfuncional y la nueva propuesta permite cerrar y controlar las fronteras de manera más efectiva. Stoklund aseguró que Bruselas intentó solucionar con la nueva legislación el problema del pacto migratorio que entró en vigor ayer, complementando las reformas con medidas que faciliten las expulsiones.
Críticas al modelo y tensiones internas
El comisario europeo para Interior y Migración, Magnus Brunner, respaldó la reforma al considerar que pone orden en la política migratoria europea y establece una base para tener una gestión ordenada de los flujos migratorios conforme a los intereses de los Estados miembros. Brunner destacó que estas reformas son la base para construir una política migratoria coherente en la Unión Europea.
Sin embargo, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, defendió la iniciativa al señalar que «el cambio que Italia ha pedido se ha producido: hemos conseguido una lista europea de países de origen seguros y estamos a punto de implementar un sistema europeo de repatriación eficaz». Italia ha sido uno de los principales impulsores de la externalización de las fronteras europeas, promoviendo acuerdos con terceros países para gestionar los flujos migratorios antes de que lleguen al territorio comunitario.
España votó en contra de esta legislación junto con otros tres países. Fernando Grande-Marlaska manifestó su preocupación por el potencial impacto negativo de la medida en las relaciones con países terceros implicados, argumentando que la creación de centros de deportación fuera de Europa podría generar tensiones diplomáticas y comprometer acuerdos bilaterales existentes.
La propuesta legislativa incluye la posibilidad de que los Estados miembros firmen convenios con terceros países para establecer estos centros, donde las personas cuyas solicitudes de protección internacional sean rechazadas podrían ser retenidas antes de su expulsión definitiva. El texto sobre ampliar los supuestos que permiten expulsar a refugiados en la Unión Europea o a países fuera del bloque para que los procese allí aún requiere la aprobación del Parlamento Europeo.
Reacciones y consecuencias políticas
Los gobiernos dieron su apoyo a la legislación que la Comisión Europea presentó el pasado martes, una medida que aspira a agilizar y acelerar las expulsiones de solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas. En paralelo, los Veintisiete acordaron un documento marco sobre la definición de tercer país seguro, ampliando el marco legal que permite la deportación hacia países considerados seguros según los criterios establecidos por la legislación europea.
El documento explicita que aquellas personas que no son refugiadas pueden ser devueltas a centros de deportación ubicados fuera del territorio comunitario. El consejo espera que esta medida permita acelerar las expulsiones de personas en situación irregular, reduciendo los tiempos de procesamiento de solicitudes y agilizando los procedimientos administrativos de retorno.
Dinamarca está a punto de culminar su presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, y uno de los principales logros que busca consolidar es precisamente este endurecimiento de la política migratoria comunitaria. La reunión también incluye la propuesta de legislar para reformar el código que facilita el regreso de deportados a una nación fronteriza a la de su origen si se considera que esta facilitará la migración irregular.
La Unión Europea avanza así hacia un modelo migratorio más restrictivo, priorizando el control fronterizo y las expulsiones sobre los mecanismos de solidaridad interna, en un contexto marcado por el crecimiento de la presión política de partidos contrarios a la inmigración en diversos Estados miembros y la percepción de crisis migratoria que domina el debate público europeo desde hace años.
