Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo provisional para reformar la directiva sobre abusos sexuales y explotación de menores. El texto amplía los plazos de prescripción hasta los 32 años tras la mayoría de edad de la víctima en los casos más graves, eleva las penas mínimas, tipifica nuevos delitos en el entorno digital y penaliza por primera vez el uso de sistemas de inteligencia artificial diseñados para producir material de abuso sexual infantil. El acuerdo debe ser ratificado formalmente antes de entrar en vigor.
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea (UE) alcanzaron el lunes un acuerdo provisional para reformar la directiva comunitaria sobre abusos sexuales y explotación sexual de menores, tras un año de negociaciones. El texto, que todavía debe recibir la ratificación formal de ambas instituciones antes de adquirir carácter vinculante, amplía la lista de conductas tipificadas como delito, eleva las penas mínimas para los casos más graves, extiende los plazos de prescripción y adapta la normativa a los riesgos que plantean el entorno digital y la inteligencia artificial (IA). «Nuestro deber es proteger a los niños contra los abusos sexuales y, hoy, hemos dado un paso decisivo para reforzar la protección a través de toda la UE», celebró el ministro de Justicia chipriota, Costas Fytiris, cuyo país ostenta la presidencia de turno del Consejo hasta finales de mes.
El acuerdo llega en un momento de presión social creciente en varios países europeos. En Francia, el asesinato de Lyhanna, una niña de diez años cuyo cuerpo fue hallado en el departamento de Gers tras su desaparición a finales de mayo, ha revelado una cadena de fallos institucionales que el primer ministro Sébastien Lecornu reconoció públicamente el lunes. Un informe interno constató que existían antecedentes documentados contra el detenido, Jérôme Barella, que no fueron tramitados con la urgencia requerida. Uno de los gendarmes implicados en la investigación resumió las carencias del sistema con una frase que recorre el debate político francés: «Me hubiera gustado encontrar el tiempo». Desde el asesinato, manifestaciones semanales frente al Ministerio de Justicia en París reclaman una ley integral de protección a mujeres y menores.
Prescripción hasta los 50 años para los delitos más graves
El elemento más significativo del acuerdo en términos de acceso a la justicia es la ampliación de los plazos de prescripción. Para los delitos más graves —violación de menores y prostitución infantil forzada—, el plazo se extenderá hasta los 32 años a contar desde que la víctima alcanza la mayoría de edad. Ello implica que las víctimas podrán presentar una denuncia hasta cumplir los 50 años. La reforma responde a una demanda reiterada de organizaciones de víctimas, que han señalado durante años que muchas personas necesitan décadas para procesar lo sufrido en la infancia antes de poder formular una denuncia. El Consejo subrayó en su comunicado que los nuevos plazos contribuirán a «garantizar que las víctimas de abusos sexuales puedan reclamar justicia de forma efectiva».
Para la mayoría de los delitos contemplados en la directiva y castigados con penas de entre cinco y diez años de prisión, el plazo de prescripción será de 20 años desde la mayoría de edad de la víctima. Para un tercer grupo de infracciones, entre las que se incluye la producción de material de abuso sexual infantil, ese plazo se fija en 15 años. Los delitos más graves, como la violación con penetración o la prostitución de menores, llevarán aparejada una pena mínima de diez años de prisión. La directiva vigente no establecía un umbral mínimo equivalente para esas conductas, lo que generaba disparidades significativas en la respuesta penal entre los distintos Estados miembros.
Inteligencia artificial y entorno digital, nuevas tipificaciones
La reforma incorpora un conjunto de nuevos tipos penales diseñados para cubrir conductas que la directiva vigente no contemplaba, la mayoría vinculadas al entorno digital. La penalización más destacada afecta a la IA: el acuerdo establece penas de hasta dos años de prisión para quienes adquieran, posean o difundan sistemas de IA diseñados o adaptados específicamente para producir material de abuso sexual infantil, denominado en la jerga comunitaria CSAM por sus siglas en inglés. La misma horquilla de penas se aplica a la producción y difusión de manuales o guías —ya sean físicos o en línea— que instruyan sobre cómo cometer abusos sexuales contra menores o cómo producir ese tipo de material.
El texto tipifica también el grooming, término con el que se designa la captación de menores con fines sexuales. Proponer un encuentro a un menor que no haya alcanzado la edad de consentimiento será punible cuando esa propuesta derive en la comisión de un delito, con penas de hasta un año de prisión que se elevan a dos cuando se emplean coacción, fuerza o amenazas. El intento de incitación a través de internet para que un menor facilite material de abuso sexual infantil llevará aparejada una pena de hasta seis meses, o de un año en caso de coacción. Se penaliza igualmente la transmisión en directo de abusos y la extorsión sexual a menores, así como la organización de viajes a terceros países con el propósito de someter a menores a abusos, con penas de hasta un año de cárcel.
El camino hasta la entrada en vigor
El acuerdo alcanzado el lunes es de carácter provisional. Para convertirse en norma de aplicación directa en los Veintisiete, el texto deberá superar la ratificación formal de la Eurocámara y del Consejo, para la que todavía no se ha fijado fecha. Una vez publicada en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros dispondrán de tres años para transponer la directiva a sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales. La reforma actualiza una directiva que data de 2011 y que no había sido revisada en profundidad desde entonces, pese a los cambios radicales que el entorno digital ha introducido tanto en las formas de comisión de estos delitos como en los mecanismos de captación y distribución de material ilícito.
La negociación, que se prolongó durante un año, se ha desarrollado en paralelo a la tramitación de otras iniciativas europeas sobre protección de menores en el espacio digital, entre ellas el reglamento sobre detección de material de abuso sexual infantil en línea, cuya tramitación atraviesa dificultades por las tensiones entre los objetivos de seguridad y los derechos de privacidad. La directiva ahora acordada se centra en el derecho penal sustantivo y no aborda directamente esa controversia, aunque su entrada en vigor reforzará el marco sancionador disponible para perseguir conductas que, en la práctica, se producen cada vez con mayor frecuencia en entornos digitales.
