Europarlamentarios del PSOE y Compromís han presentado sendas preguntas escritas a la Comisión Europea para que dictamine si la política de prioridad nacional acordada por el Partido Popular y Vox en Extremadura y Aragón vulnera la normativa comunitaria. La Directiva 2003/109/CE garantiza a los residentes de larga duración el mismo trato que a los nacionales en materia de vivienda y prestaciones sociales, un principio que los expertos consultados consideran incompatible con los acuerdos autonómicos.
Europarlamentarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de Compromís han formulado preguntas escritas a la Comisión Europea (CE) para que dictamine si la llamada «prioridad nacional» acordada entre el Partido Popular (PP) y Vox en sus ejecutivos de coalición de Extremadura y Aragón vulnera el derecho comunitario. La política en cuestión establece que los ciudadanos españoles tendrán preferencia sobre las personas migrantes en el acceso a la vivienda pública, subvenciones, prestaciones sociales y servicios autonómicos. La CE no había respondido a las consultas en el momento de publicarse este artículo.
La medida fue incluida por primera vez en el pacto de gobierno que PP y Vox suscribieron en Extremadura y Aragón, y desde entonces ha estado en el centro del debate sobre la relación entre ambas formaciones. La ultraderecha ha insistido en que el PP aceptara el principio sin matices, mientras el Partido Popular ha intentado circunscribir su alcance a criterios de arraigo territorial antes que de origen nacional. El Gobierno central adelantó su intención de recurrir el acuerdo extremeño ante la Justicia por considerarlo contrario al principio de igualdad que establece la Constitución española.
Las consultas ante Bruselas
El eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar registró la primera de las consultas ante la CE para determinar si el principio de prioridad nacional acordado por PP y Vox resulta compatible con el ordenamiento comunitario. López Aguilar invoca en su pregunta la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), que prohíbe toda discriminación por origen étnico o social y por pertenencia a minorías. El eurodiputado señaló que la medida «choca no solo con la normativa europea, sino también con la Constitución española».
Por su parte, Vicent Marzà, representante de Compromís en el Parlamento Europeo e integrante del grupo Los Verdes-Alianza Libre Europea, instó a la CE a pronunciarse sobre la legalidad de estas políticas al considerar que podrían constituir un caso de discriminación indirecta prohibida por el derecho comunitario. Marzà solicitó además que la Comisión garantizara el cumplimiento del principio de igualdad de trato, y advirtió de que «cualquier intento de saltárselo tendrá consecuencias jurídicas». La CE dispone de semanas para dar respuesta formal a ambas preguntas.
Qué dice el derecho europeo
El instrumento jurídico central que invocan las consultas es la Directiva 2003/109/CE, relativa al estatuto de los residentes de larga duración de terceros países en la Unión Europea. La norma establece que estos ciudadanos extracomunitarios con residencia continuada en territorio comunitario «gozarán del mismo trato que los nacionales» en materias como el acceso a la vivienda pública, el empleo y la protección social, ámbitos que los acuerdos de PP y Vox afectan de manera directa.
Noelia Corral, profesora de Derecho Penal Europeo, subrayó que la Directiva 2003/109/CE es de obligado cumplimiento para los estados miembros y que la política de prioridad nacional «iría contra la normativa europea». En la misma línea, Iñigo Urrutia, profesor de Derecho de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), señaló que «el principio del que parte el derecho de la Unión Europea es el inverso» al que propone la medida: la nacionalidad solo puede emplearse de forma selectiva para ejercer derechos muy concretos, sin que el acceso a la vivienda pública pueda quedar al margen del principio comunitario de igualdad de trato.
Las tensiones internas y la presión de Vox
La medida ha generado fricciones en el propio PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó el acuerdo de «ilegal» tras suscribirse en Extremadura, lo que obligó al secretario general del partido, Miguel Tellado, a matizar su alcance. Tellado sostuvo que el criterio acordado no se refería al origen nacional de las personas sino a su «arraigo» en la comunidad, y que se trataría de un factor más entre los habituales de adjudicación, sin carácter obligatorio. La ultraderecha rechazó esa lectura y exigió que el PP no diluyera lo pactado.
La formación de extrema derecha registró este martes una iniciativa en todos los parlamentos autonómicos para que el acceso a las ayudas y prestaciones públicas se rija por el principio de prioridad nacional. La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, reclamó la derogación o modificación de cuantas normas, a juicio de su partido, dificulten la aplicación efectiva de esa política, incluida la legislación de extranjería. El candidato de la formación en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Manuel Gaviria, defendió en el primer debate electoral que «los andaluces nos merecemos un Gobierno que defienda la prioridad nacional».
La Comisión Europea tiene plazos para responder a las preguntas de los europarlamentarios, aunque sus dictámenes no tienen fuerza ejecutiva directa sobre las legislaciones autonómicas. Lo que sí acarrea consecuencias prácticas es la posibilidad de que la CE inicie un procedimiento de infracción contra España si considera que las políticas de prioridad nacional vulneran la normativa comunitaria. En ese escenario, sería el Estado español en su conjunto el que respondería ante Bruselas, con independencia de que las medidas emanen de los ejecutivos autonómicos que las han suscrito con Vox.
