La Organización de las Naciones Unidas advierte de una caída histórica en la financiación destinada a emergencias, en un momento en que los conflictos y las crisis climáticas elevan las necesidades a niveles sin precedentes.
La presentación de la campaña humanitaria para 2026 dejó un panorama preocupante. Las contribuciones internacionales disminuyen de manera sostenida y las crisis prolongadas parecen generar una fatiga que limita la capacidad de respuesta. Tom Fletcher, alto responsable humanitario de la ONU, describió un escenario marcado por el deterioro de normas básicas, la expansión de la violencia y un clima general de indiferencia hacia el sufrimiento.
En 2025, Naciones Unidas solicitó 45.000 millones de dólares para atender las emergencias más urgentes. Apenas una cuarta parte fue recaudada, el nivel más bajo en una década. Como consecuencia, la ayuda alcanzó a 98 millones de personas, 25 millones menos que el año anterior. Para 2026, la ONU ha reducido sus previsiones y prioriza los contextos más críticos. El nuevo plan estima que se necesitan 23.000 millones para asistir a 87 millones de personas.
Los escenarios más frágiles siguen siendo Gaza y Cisjordania, Ucrania, Sudán, Haití y Birmania. En Sudán, la guerra civil ha provocado desplazamientos masivos y una degradación acelerada de las condiciones de vida. En Gaza, el derrumbe de las infraestructuras civiles genera necesidades que superan ampliamente los recursos disponibles. Para ambos casos, las agencias humanitarias plantean solicitudes extraordinarias de financiación a fin de evitar un deterioro irreversible.
El recorte de los donantes refleja decisiones políticas más amplias. Estados Unidos sigue siendo el principal contribuyente, aunque su aportación cayó de forma significativa en 2025. Otros países ajustan también sus presupuestos, inclinándose hacia prioridades de seguridad interna o gastos de defensa. Las organizaciones humanitarias constatan además una fragmentación de compromisos que dificulta la planificación.
La ONU calcula que cerca de 240 millones de personas viven en zonas afectadas por conflictos armados, epidemias, desastres naturales o impactos severos del cambio climático. Esta situación exige una presencia constante y recursos suficientes para sostener programas básicos de alimentación, salud y protección. La reducción del financiamiento implica el cierre de centros médicos, la disminución de raciones y la paralización de iniciativas destinadas a familias particularmente vulnerables.
Ante esta realidad, Naciones Unidas refuerza sus esfuerzos de reforma para hacer más eficaces las intervenciones y ampliar las alianzas con actores no estatales. La organización insiste en que los fondos solicitados representan una fracción mínima del gasto militar global y que desatender la ayuda humanitaria limitaría la capacidad internacional para actuar en crisis que, con el tiempo, se vuelven más difíciles de contener.
El desafío para 2026 no se limita a reunir recursos, sino a sostener la voluntad política de atender a quienes se encuentran al borde del colapso. La ONU plantea que, sin un compromiso renovado, la acción humanitaria se verá obligada a retroceder justo cuando el mundo enfrenta sus emergencias más complejas.
