La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará una reunión urgente de cancilleres para examinar posibles medidas frente al progresivo desmantelamiento del sistema electoral en Nicaragua y la exclusión de la oposición política.
El Consejo Permanente del organismo regional aprobó la convocatoria a petición de Estados Unidos, después de que una iniciativa similar no lograra los apoyos necesarios el pasado 5 de agosto.
La propuesta recibió 29 votos favorables. Brasil fue el único país que votó en contra, mientras que México se abstuvo. La reunión todavía no tiene una fecha determinada.
La convocatoria se produce ante la reforma constitucional promovida por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, que previsiblemente será aprobada por una Asamblea Nacional controlada por el oficialismo.
El proyecto amplía de seis a siete años «renovables» el mandato presidencial y permite excluir de la competencia electoral a personas calificadas por el Gobierno como «traidoras a la patria» o vinculadas a supuestos intentos golpistas.
La formulación resulta especialmente controvertida porque buena parte de la oposición ha sido acusada bajo esas categorías, encarcelada, enviada al exilio o privada de la nacionalidad nicaragüense.
Ortega había afirmado previamente que el país dejaría de celebrar elecciones para impedir que sus adversarios alcanzaran el poder. Por ello, la controversia no se limita a la duración del mandato: afecta a la propia continuidad de las elecciones competitivas y a la posibilidad real de alternancia política.
De las condenas a las posibles medidas
Estados Unidos lideró el llamamiento a adoptar «acciones reales» contra el Ejecutivo de Ortega y Murillo, aunque no detalló qué medidas concretas propondrá durante la reunión.
«La repetición de condenas sin una acción institucional significativa enseña a Murillo y Ortega que pueden simplemente esperar a que nos cansemos», declaró Michael Kozak, responsable de la política hacia América Latina en el Departamento de Estado.
Durante los últimos años, la OEA ha aprobado numerosas resoluciones de condena sobre Nicaragua, sin conseguir modificar la actuación de sus autoridades. Una reunión de cancilleres eleva el nivel de la respuesta diplomática y podría abrir el debate sobre la reducción de relaciones, la coordinación de sanciones individuales o nuevas formas de presión económica.
Ninguna de estas medidas ha sido aprobada todavía.
La expulsión de Nicaragua tampoco figura como una opción efectiva, puesto que el Gobierno de Ortega formalizó en noviembre de 2023 su retirada de la OEA.
Brasil justificó su voto contrario alertando sobre los posibles efectos de las sanciones para la población. «Todos estamos a favor de los derechos humanos, pero no queremos que ningún medicamento mate al paciente», sostuvo su embajador ante la organización, Benoni Belli.
Este argumento plantea uno de los principales dilemas de la futura reunión: cómo aumentar la presión sobre la cúpula gobernante sin agravar las dificultades económicas de los ciudadanos ni estimular una nueva salida de emigrantes.
Un poder cada vez más concentrado
Ortega regresó a la presidencia en 2007 y gobierna actualmente junto con su esposa, elevada a la condición de copresidenta mediante una reforma constitucional anterior.
La concentración de poder se intensificó después de las protestas de 2018. Su represión dejó más de 300 muertos, según organismos internacionales, y provocó la salida del país de cientos de miles de personas.
Antes de las elecciones de 2021, las autoridades encarcelaron a varios aspirantes presidenciales con posibilidades de competir contra Ortega. Numerosos opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, intelectuales y religiosos fueron posteriormente expulsados y despojados de su ciudadanía.
La oposición en el exilio considera que la nueva reforma pretende asegurar la continuidad del poder dentro de la familia Ortega-Murillo. Una docena de organizaciones opositoras ha acordado un proyecto de transición que contempla la liberación de presos políticos y la renovación de las instituciones electorales, judiciales, policiales y militares.
La reunión de cancilleres mostrará si la OEA consigue pasar de la condena declarativa a una estrategia común. También revelará hasta dónde están dispuestos a llegar sus Estados miembros y qué instrumentos conservan para influir en un país que ya abandonó formalmente la organización.
