El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio este martes un paso importante en la batalla por proteger a los menores en Internet al avalar que los Estados miembros puedan exigir controles efectivos de verificación de edad a páginas pornográficas establecidas en otros países de la Unión.
La sentencia, que responde a varios litigios planteados en Francia, refuerza la capacidad de los gobiernos para actuar contra el acceso de menores a contenidos para adultos, aunque establece límites precisos para evitar que esas medidas se conviertan en obstáculos arbitrarios a la libre circulación de servicios digitales dentro del mercado único europeo.
El fallo llega en un momento en el que Bruselas y numerosos gobiernos europeos han intensificado la presión sobre las grandes plataformas digitales ante la creciente preocupación por la exposición de niños y adolescentes a contenidos pornográficos, violentos o potencialmente perjudiciales para su desarrollo.
La protección de los menores gana peso en Europa
El caso fue impulsado por dos empresas checas vinculadas a las plataformas pornográficas XNXX y XVideos, que impugnaron la legislación francesa que obliga a verificar la edad de los usuarios antes de permitir el acceso a este tipo de contenidos.
Las compañías argumentaban que, según el principio europeo del «país de origen», una empresa digital debe regirse principalmente por la legislación del Estado miembro donde tiene su sede y no por las normas nacionales de cada país donde presta servicios.
Sin embargo, los jueces de Luxemburgo consideraron que la protección de los menores constituye un interés público suficientemente importante como para justificar excepciones a ese principio.
El TJUE reconoce que exigir controles de edad limita la libre prestación de servicios digitales, pero concluye que esa limitación puede estar justificada cuando persigue objetivos legítimos relacionados con la protección de la infancia.
No vale cualquier medida
La sentencia no concede carta blanca a los gobiernos.
El tribunal recuerda que los Estados deben respetar el procedimiento establecido en la Directiva sobre Comercio Electrónico. Antes de imponer restricciones a una plataforma establecida en otro país de la Unión, deberán solicitar la intervención del Estado donde esté registrada la empresa y notificar formalmente tanto a ese país como a la Comisión Europea.
Solo en situaciones de urgencia podrían adoptarse medidas inmediatas.
De este modo, el TJUE intenta mantener el equilibrio entre dos principios fundamentales del proyecto europeo: la protección de los menores y el funcionamiento del mercado digital único.
Será ahora el Consejo de Estado francés quien determine si las medidas adoptadas por París cumplen todos los requisitos exigidos por el derecho comunitario.
Bruselas endurece el control sobre las plataformas para adultos
La decisión judicial coincide con la creciente ofensiva regulatoria de la Unión Europea contra las grandes plataformas de contenido para adultos.
El pasado marzo, la Comisión Europea abrió investigaciones contra Pornhub, XNXX, XVideos y Stripchat por posibles incumplimientos de la Ley de Servicios Digitales (DSA).
Bruselas considera que estas plataformas no han implantado mecanismos suficientemente eficaces para impedir que menores de edad accedan a contenidos pornográficos.
La cuestión se ha convertido en una prioridad política para numerosos gobiernos europeos, que consideran insuficiente la simple declaración de edad mediante un clic y reclaman sistemas de verificación mucho más robustos.
El debate entre privacidad y protección
La sentencia reabre también un debate que se intensifica en toda Europa: cómo proteger a los menores sin comprometer la privacidad de los usuarios adultos.
Los defensores de controles más estrictos sostienen que las plataformas han disfrutado durante años de una autorregulación ineficaz y que resulta imprescindible exigir mecanismos fiables de identificación.
Por el contrario, organizaciones de derechos digitales advierten de los riesgos que pueden implicar ciertos sistemas de verificación, especialmente cuando requieren compartir documentos de identidad o datos biométricos sensibles.
La Comisión Europea trabaja actualmente en soluciones basadas en la futura identidad digital europea que permitan verificar la mayoría de edad sin revelar información personal innecesaria.
También para aplicaciones de geolocalización
La sentencia incluye además una segunda decisión de gran relevancia para el ecosistema digital.
Los jueces europeos avalaron que los Estados puedan prohibir que determinadas aplicaciones de asistencia a la conducción informen sobre controles de carretera cuando existan razones de seguridad pública.
En este punto, el tribunal fue especialmente claro: una plataforma no puede escudarse en que la información fue publicada por sus usuarios si utiliza algoritmos para seleccionar, ordenar o priorizar su difusión.
La resolución refuerza así una tendencia cada vez más visible en Europa: exigir una mayor responsabilidad a las plataformas digitales sobre los contenidos que distribuyen y sobre los riesgos que estos pueden generar para la sociedad.
La decisión del TJUE podría convertirse en una referencia jurídica clave para futuras regulaciones relacionadas con la protección de menores y la responsabilidad de las grandes plataformas en el entorno digital europeo.
