El Parlamento Europeo ha respaldado por un estrecho margen un reglamento delegado que permite etiquetar productos hortofrutícolas saharauis con nombres de regiones administrativas marroquíes en lugar del país de origen. La votación, que contó con la oposición del Partido Popular, los Verdes y Vox, ha generado un conflicto institucional sin precedentes entre la Eurocámara y la Comisión Europea, mientras el sector agrícola europeo denuncia competencia desleal y engaño al consumidor.
El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles por un único voto de diferencia un reglamento delegado que modifica sustancialmente las normas de etiquetado de productos hortofrutícolas procedentes del Sáhara Occidental. La controvertida decisión permite que tomates, melones y otras frutas y hortalizas cultivadas en el territorio no autónomo se identifiquen con los nombres de regiones administrativas creadas por Marruecos, El Aaiún-Sakia El Hamra y Dajla-Ued Eddahab, en lugar de especificar Sáhara Occidental como país de origen. La votación ha generado una fractura institucional inédita en Bruselas, con el sector agrícola europeo, organizaciones de consumidores y múltiples grupos parlamentarios acusando a la Comisión Europea de burlar deliberadamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para satisfacer los intereses diplomáticos y comerciales de Marruecos.
La aprobación del texto se produjo a pesar de que el Partido Popular Europeo, los Verdes y el grupo ultraconservador Patriotas por Europa habían presentado objeciones formales contra la propuesta de la Comisión Europea. La ajustada victoria del reglamento delegado contrasta con el frente común exhibido días antes en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento, donde eurodiputados de todo el espectro político, desde conservadores hasta izquierdistas, criticaron con dureza la iniciativa del Ejecutivo comunitario. El eurodiputado italiano del Partido Popular Europeo, Herbert Dorfmann, llegó a calificar la propuesta como un descaro y una muestra de la forma en que la Comisión ignora las sentencias del Tribunal de Justicia.
El origen de esta controversia se remonta a octubre de 2024, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos violaba el principio de autodeterminación del Sáhara Occidental. La sentencia estableció que el territorio saharaui es separado y distinto de Marruecos y que cualquier acuerdo comercial que afecte a sus recursos naturales requiere el consentimiento expreso del pueblo saharaui, no de la potencia ocupante. El tribunal concedió a la Comisión Europea un plazo de un año para cumplir esta resolución judicial. Sin embargo, en octubre de 2025, Bruselas y Rabat acordaron una solución que el sector agrícola europeo considera una triquiñuela legal: extender el trato arancelario preferencial marroquí a los productos del Sáhara Occidental sustituyendo la identificación por país por un etiquetado regional.
Competencia desleal y confusión al consumidor
El conjunto del sector hortofrutícola europeo ha cerrado filas contra el reglamento aprobado por la Eurocámara. COPA-Cogeca, entidad que agrupa a las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias del continente, la Asamblea de las Regiones Europeas Hortofrutícolas y la Asociación Europea del Comercio de Frutas y Hortalizas han alertado conjuntamente de que la medida perjudicará gravemente a los agricultores comunitarios, vulnerará principios jurídicos fundamentales de la Unión Europea y confundirá deliberadamente a los consumidores. Las tres entidades sostienen en un comunicado conjunto que los productores europeos no pueden verse obligados a competir en un sistema que oculta los orígenes reales, debilita los estándares de calidad e ignora las sentencias del máximo tribunal comunitario.
La organización agraria española COAG ha argumentado que la aprobación del reglamento delegado genera un precedente peligroso para toda la agricultura europea. Mientras los productos cultivados dentro de la Unión Europea deben etiquetarse obligatoriamente con el nombre del país de origen, los productos importados del Sáhara Occidental podrían señalar únicamente regiones o localidades, creando un factor adicional de competencia desleal para la producción de los 27 Estados miembros. Además, el etiquetado mediante nombres regionales desconocidos para la inmensa mayoría de consumidores europeos contradice el objetivo fundamental de las etiquetas alimentarias: proporcionar información clara, veraz y fácilmente comprensible sobre la procedencia de los alimentos.
Los datos económicos respaldan la preocupación del sector agrícola español. Según información de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, hasta agosto de 2025 las importaciones españolas de frutas y hortalizas frescas procedentes de Marruecos alcanzaron 416.559 toneladas, lo que representa un crecimiento interanual del 34% en volumen. El tomate constituye uno de los productos más afectados, con un incremento del 269% en las importaciones durante la última década. Andalucía, comunidad autónoma que comparte calendarios de producción con las zonas agrícolas del Sáhara Occidental, resulta particularmente perjudicada por las preferencias arancelarias otorgadas a productos hortofrutícolas procedentes del territorio ocupado.
Marruecos controlará la verificación de origen
El sistema aprobado por el Parlamento Europeo presenta características que refuerzan las críticas del sector agrícola y las organizaciones defensoras del derecho internacional. Las mercancías originarias del Sáhara Occidental recibirán el mismo trato arancelario preferencial que los productos marroquíes, pero será el propio Reino de Marruecos quien las controle en las aduanas y certifique su lugar de procedencia. Esta delegación de funciones de verificación a la potencia ocupante ha sido denunciada como una contradicción flagrante con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que establece que Marruecos no puede ejercer soberanía sobre el territorio saharaui ni representar los intereses de su población.
La directora general adjunta de Agricultura de la Comisión Europea, Brigitte Misonne, reconoció durante el debate parlamentario que la excepción a las normas habituales de etiquetado no deriva de la legislación europea sino de negociaciones directas con Marruecos. Este reconocimiento público generó indignación entre los eurodiputados presentes, que acusaron a la Comisión de subordinar el derecho comunitario a intereses diplomáticos y comerciales. El proceso de negociación, llevado a cabo en septiembre durante cinco días, estuvo marcado por la opacidad, según denunció la organización Western Sahara Resource Watch, que monitoriza la explotación de recursos naturales saharauis.
La portavoz de Agricultura del Partido Popular español, Carmen Crespo Díaz, ha sostenido que la modificación normativa supone un riesgo legal, económico y estratégico para la agricultura europea. La eurodiputada considera que permitir el etiquetado con nombres de supuestas regiones marroquíes sustituye en la práctica la obligación de especificar Sáhara Occidental como origen, tal como dictó el Tribunal de Justicia. Múltiples eurodiputados de diferentes grupos políticos advirtieron durante los debates que la maniobra de la Comisión podría acabar nuevamente ante el Tribunal de Justicia, erosionando aún más la credibilidad de las instituciones europeas y su compromiso con el respeto al derecho internacional.
Contexto geopolítico y posibles recursos judiciales
El choque institucional sobre el etiquetado de productos saharauis estalla en un momento en que la Unión Europea se esfuerza por reforzar su relación estratégica con Marruecos. La reciente resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que respalda el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, sin alterar el estatus jurídico del territorio ni descartar otras opciones, ha sido interpretada en Bruselas como una oportunidad para estabilizar un vínculo considerado crucial en materia migratoria, energética y de seguridad. Sin embargo, esta aproximación diplomática ha colisionado frontalmente con las obligaciones jurídicas derivadas de la jurisprudencia europea y con los intereses económicos del sector agrícola comunitario.
El Frente Polisario, reconocido por Naciones Unidas como representante legítimo del pueblo saharaui, ha anunciado que denunciará el nuevo acuerdo comercial ante la Justicia europea. Organizaciones no gubernamentales, asociaciones de consumidores y entidades agrícolas europeas estudian igualmente emprender acciones legales contra la decisión de la Comisión, al considerar que el nuevo sistema de etiquetado engaña deliberadamente al consumidor europeo y vulnera reiteradamente las sentencias del tribunal comunitario. Estos recursos podrían obligar nuevamente al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre la legalidad de los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos en relación con el Sáhara Occidental.
La votación de este miércoles en el Parlamento Europeo representa una decisión esencialmente política, más que técnica. Los eurodiputados que respaldaron las objeciones contra el reglamento delegado sostienen que la Unión Europea ha perdido una oportunidad de reafirmar su obligación de respetar el derecho internacional, permitiendo en su lugar que se normalice un etiquetado diseñado para legitimar la ocupación marroquí y confundir al consumidor europeo. El ajustado resultado de la votación, decidida por un único voto, refleja las profundas divisiones existentes dentro de la Eurocámara sobre cómo equilibrar los intereses comerciales y diplomáticos con Marruecos frente a las obligaciones jurídicas derivadas del derecho internacional y la protección de los derechos del pueblo saharaui. La credibilidad de las instituciones europeas queda cuestionada ante una decisión que múltiples actores consideran incompatible con los valores y principios que la Unión Europea proclama defender.
