La resolución aprobada por el Parlamento Europeo ha convertido la gestión de la crisis migratoria en un nuevo frente de la política española. Alberto Núñez Feijóo reclama a la Unión Europea más presión sobre Marruecos y retornos inmediatos, mientras el PP respalda una iniciativa de Vox para investigar la instrumentalización de la inmigración. El Gobierno también pide cambios europeos para acelerar las devoluciones, aunque rechaza las acusaciones sobre su responsabilidad en la crisis.
La crisis de Ceuta ha dejado de ser únicamente un problema entre España y Marruecos para convertirse también en un escenario de confrontación política en Bruselas. Un día después de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución que califica la instrumentalización de la inmigración irregular como una herramienta de «guerra híbrida», Alberto Núñez Feijóo se reunió en Madrid con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. El líder del Partido Popular busca trasladar a las instituciones comunitarias sus críticas a la actuación del Gobierno y aumentar la presión sobre Marruecos tras la entrada masiva de finales de julio.
La ofensiva popular coincide con un giro significativo en las instituciones europeas. La resolución salió adelante con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones y reclama reforzar las fronteras exteriores, acelerar los retornos y condicionar la relación con terceros países a su cooperación efectiva en materia migratoria. El texto expresa además preocupación por la política española de regularización, uno de los puntos que impidieron un acuerdo entre populares y socialistas europeos. Pero también exige a las autoridades marroquíes que cumplan sus compromisos de readmisión y reclama el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros.
Feijóo busca europeizar la crisis
Feijóo y Brunner coincidieron en la necesidad de acelerar el retorno de quienes entraron irregularmente en Ceuta y no tengan derecho a permanecer en territorio europeo, siempre dentro de la legislación española, comunitaria e internacional. El PP sostiene que deben utilizarse todos los recursos disponibles para reducir cuanto antes la presión sobre la ciudad autónoma y rechaza los plazos manejados por el Ejecutivo para normalizar la situación.
El presidente popular pidió además que Bruselas contribuya a que Marruecos acepte la devolución de las personas que puedan ser legalmente retornadas. La reclamación conecta con la resolución del Parlamento Europeo, que insta a España y Marruecos a intensificar su cooperación para la readmisión de migrantes en situación irregular. La Eurocámara ha ido más lejos al plantear que el acceso preferente al mercado comunitario y a los fondos europeos quede condicionado a una colaboración efectiva en el control fronterizo, la lucha contra las redes de tráfico y las readmisiones.
La resolución introduce también críticas a la política migratoria española. Parte de la mayoría que la aprobó expresó preocupación por la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, aunque quienes entraron en Ceuta a finales de julio no pueden acogerse a ella porque no cumplen los requisitos temporales establecidos. La cuestión se ha convertido en uno de los argumentos utilizados por PP y Vox para responsabilizar al Ejecutivo de haber contribuido a crear expectativas sobre la posibilidad de permanecer en España.
PP y Vox amplían su cooperación en Europa
La presión sobre el Gobierno tiene una segunda vertiente. Vox, a través de Patriotas por Europa, ha impulsado la creación de una comisión especial del Parlamento Europeo dedicada a investigar la utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión en la frontera exterior meridional de la Unión y las responsabilidades relacionadas con los acontecimientos de Ceuta. La delegación española del PP ha respaldado la iniciativa, una aproximación que Vox presenta como una muestra de la creciente coincidencia entre ambas formaciones en política migratoria.
La comisión todavía no está constituida y necesita completar el procedimiento interno del Parlamento Europeo. Por tanto, no existe todavía una investigación parlamentaria abierta bajo ese formato. La iniciativa busca que las instituciones comunitarias analicen cómo pudo producirse una entrada irregular de semejante magnitud, la circulación previa de mensajes en redes sociales y la posible instrumentalización política de los movimientos migratorios.
El movimiento coincide con el endurecimiento del lenguaje utilizado por una parte de la mayoría parlamentaria europea. La resolución aprobada denuncia la utilización de la inmigración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro. Sin embargo, esa caracterización política no resuelve por sí misma quién organizó o facilitó los acontecimientos. Las circunstancias concretas de la entrada masiva y las eventuales responsabilidades continúan siendo investigadas, y el propio Parlamento Europeo ha reclamado la colaboración del Gobierno español con las actuaciones judiciales en curso.
Gobierno y PP coinciden en acelerar los retornos
La confrontación política tampoco elimina algunas coincidencias. Fernando Grande-Marlaska se reunió igualmente con Brunner y pidió cambios en la legislación europea para acelerar tanto los procedimientos de devolución como la tramitación de las solicitudes de protección internacional cuando un Estado miembro se enfrente a una crisis migratoria excepcional. El ministro del Interior defendió la respuesta española, pero admitió que las consecuencias de una llegada de estas dimensiones no pueden resolverse inmediatamente.
La petición coincide parcialmente con la posición defendida por Feijóo y con el nuevo marco que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado para responder a situaciones migratorias extraordinarias. Bruselas estudia reforzar los instrumentos disponibles para afrontar entradas masivas y casos de instrumentalización de la migración, mientras España ha solicitado ampliar la presencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y el apoyo europeo para gestionar los retornos.
Las diferencias aparecen principalmente al determinar las responsabilidades políticas de la crisis y valorar la actuación del Ejecutivo. El PP intenta convertir la respuesta europea en una enmienda a la política migratoria de Pedro Sánchez, mientras el Gobierno subraya que las instituciones comunitarias respaldan a España como responsable de una frontera exterior sometida a una presión excepcional. La resolución aprobada combina ambas dimensiones: cuestiona aspectos de la política española, pero reclama al mismo tiempo solidaridad europea con Ceuta, mayor apoyo comunitario y una cooperación más exigente con Marruecos.
