El comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, rechazó este jueves intervenir en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno español, tras las peticiones del Partido Popular y Vox de que Bruselas revisara la medida. El responsable comunitario recordó que la gestión de las personas que ya se encuentran en territorio de un Estado miembro es competencia exclusiva de cada país, no de la Unión Europea.
La Comisión Europea cerró la puerta a las pretensiones del Partido Popular y Vox de convertir en un problema europeo la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El comisario de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, dejó claro en declaraciones a la prensa en Bruselas que la medida aprobada por el Ejecutivo español se enmarca en las competencias exclusivas de los Estados miembros.
«Este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración», afirmó Brunner al ser preguntado por la iniciativa española. El comisario austriaco subrayó que «es una competencia de los Estados miembros hacer lo posible en la lucha contra inmigración ilegal», pero en este caso concreto la Comisión Europea «no tiene competencia» para intervenir.
La intervención del responsable europeo supone un revés para la estrategia del PP y Vox, que habían anunciado su intención de llevar la cuestión a las instituciones comunitarias con el argumento de que la regularización masiva contradice el pacto migratorio europeo y puede tener efectos sobre el conjunto del espacio Schengen de libre circulación. Brunner insistió en que la Comisión puede desempeñar un papel de «facilitador» en materia migratoria, pero no de regulador de decisiones que corresponden a cada país sobre las personas que ya se encuentran en su territorio.
La postura del comisario Brunner sobre las competencias
El comisario europeo fue tajante al delimitar las competencias en materia de regularización de personas que ya residen en los Estados miembros. «Sobre las personas que ya están en un Estado miembro de la UE, por supuesto, es competencia de los Estados miembros decidir cómo quieren reaccionar, cómo abordar la parte de la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan para sus países, y eso es lo que está haciendo España», explicó Brunner durante su comparecencia.
El responsable comunitario contextualizó la decisión española dentro de la nueva estrategia de la Comisión Europea sobre migración, que vincula estrechamente la política migratoria con las necesidades del mercado laboral de cada país. «La migración legal es necesaria para nuestros mercados laborales, la política en materia de visados debe responder a esos intereses europeos», remarcó el comisario, estableciendo una clara distinción entre la migración irregular que debe combatirse en las fronteras exteriores y la gestión de las personas que ya se encuentran dentro del territorio comunitario.
Brunner admitió que los servicios de la Comisión están al tanto de las discusiones en España sobre este asunto, pero evitó tomar partido porque «la Comisión Europea no tiene competencias sobre esta materia». Esta postura refuerza el principio de que, aunque la Unión Europea ha avanzado en la armonización de políticas migratorias exteriores, las decisiones sobre regularización de personas que ya residen en cada país siguen siendo potestad nacional.
La intervención del comisario coincidió con la presentación de una nueva estrategia comunitaria para endurecer la política de visados frente a terceros países que no colaboren en la prevención de movimientos migratorios irregulares ni en la repatriación de personas expulsadas, una línea que contrasta con la flexibilidad reconocida a los Estados para gestionar a la población migrante ya presente en su territorio.
La ofensiva europea de PP y Vox contra la medida
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, había calificado la regularización masiva como «indecente» y anunciado que considera «importante que en Europa sean conscientes de esta regularización de 500.000 migrantes en España y de cómo la política migratoria del Gobierno de España va en contra de las recomendaciones de la Unión Europea». Feijóo tiene previsto trasladar esta cuestión a la cumbre del Partido Popular Europeo que se celebra los días 30 y 31 de enero en Zagreb, donde coincidirá con el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Fuentes del PP consultadas por medios españoles sostienen que la regularización «incumple el pacto migratorio europeo» y advierten de posibles efectos sobre otros países de la Unión Europea, ya que podría permitir que los inmigrantes regularizados en España terminen en cualquier otro Estado miembro aprovechando la libre circulación del espacio Schengen. Los populares argumentan que la medida «va a generar tensión» y critican que el Gobierno haya actuado de forma unilateral, sin consultas previas a Bruselas ni a otros socios europeos.
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ido más allá y calificado la medida del Gobierno como «un nuevo crimen» de Pedro Sánchez que «ataca frontalmente la soberanía y la convivencia». La formación ultraderechista solicitó la intervención «en el seno del Consejo Europeo ante una decisión que, aun siendo competencia nacional, tiene efectos directos sobre la libre circulación, la seguridad y el correcto funcionamiento del espacio Schengen». Vox ha anunciado que pedirá una reunión con el comisario Brunner para trasladarle su oposición a la regularización española.
El alcance de la regularización y el contexto político
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una medida que podría beneficiar hasta 500.000 personas según las estimaciones gubernamentales, aunque algunos análisis sitúan la cifra potencial cerca de 800.000 personas.
El proceso se dirige a personas extranjeras que llevaran al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025, sin antecedentes penales. También podrán acogerse los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa fecha. Los beneficiarios podrán acceder a una autorización de residencia legal con vigencia inicial de un año, tras lo cual podrán incorporarse a las figuras ordinarias del Reglamento de la Ley de Extranjería.
La medida surge de un acuerdo entre el PSOE y Podemos, en el marco de la Iniciativa Legislativa Popular que fue respaldada con más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados el 9 de abril de 2024, con el apoyo del PP y el voto en contra únicamente de Vox. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió que se retoma «el camino que nos ha marcado la iniciativa ciudadana» y que «la vía reglamentaria es la más rápida, eficaz y garantista para dar una respuesta conforme al marco legal español y europeo».
El Gobierno español enmarca esta regularización en una tradición histórica de procesos similares llevados a cabo por ejecutivos de diferentes colores políticos desde 1986. Entre ese año y 2005 se realizaron seis regularizaciones extraordinarias, incluyendo las impulsadas por gobiernos del PP en 1996, 2000 y 2001, y la más amplia de todas bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, que regularizó a casi 600.000 personas.
Se espera que las solicitudes puedan presentarse a partir de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos de tramitación del real decreto, y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026. El Gobierno defiende que la medida responde a una realidad administrativa y social existente en el país y que beneficiará tanto a los trabajadores, que ganarán derechos, como a las empresas, que obtendrán seguridad jurídica, contribuyendo además a reducir la economía sumergida.
