La institución comunitaria expresó su «plena solidaridad» con el presidente del Gobierno español tras los insultos recibidos del propietario de X y el fundador de Telegram. Bruselas respaldó las iniciativas nacionales para regular las plataformas digitales, aunque advirtió que deben ajustarse al marco europeo establecido por la Ley de Servicios Digitales.
La Comisión Europea manifestó este viernes su respaldo inequívoco al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, después de los ataques públicos lanzados contra él por Elon Musk, propietario de la plataforma X, y Pavel Durov, fundador de Telegram. La declaración institucional, realizada durante la rueda de prensa diaria de la Comisión en Bruselas, supone un espaldarazo político a España en el marco de la creciente tensión entre gobiernos europeos y las grandes tecnológicas por el control de las redes sociales.
Thomas Regnier, portavoz de Política Digital de la Comisión Europea, fue contundente al condenar los ataques personales contra el dirigente español. «Plena solidaridad con el presidente de España. Por supuesto, condenamos cualquier ataque a los líderes de nuestros Estados miembros», afirmó Regnier durante su intervención. El portavoz subrayó que el Ejecutivo comunitario «apoya las acciones que están siendo tomadas a nivel nacional para que las plataformas rindan cuentas», aunque matizó que cualquier medida adoptada debe respetar escrupulosamente la Ley de Servicios Digitales europea (DSA, por sus siglas en inglés).
La crisis se desencadenó tras el anuncio realizado por Sánchez desde Dubái sobre el endurecimiento de la regulación de las plataformas digitales en España. El Gobierno español planea prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales y establecer responsabilidades penales para los directivos de las plataformas que no retiren contenidos ilegales que inciten al odio. Estas medidas han provocado una reacción virulenta por parte de algunos de los principales actores del sector tecnológico global.
La declaración de solidaridad europea
El respaldo de Bruselas adquiere especial relevancia en un momento en que la Unión Europea intenta consolidar un marco regulatorio común para las grandes plataformas tecnológicas. Regnier defendió que la Comisión apoya a todos los líderes de los Estados miembros y respalda las iniciativas nacionales orientadas a exigir mayor responsabilidad a las empresas del sector digital. Sin embargo, el portavoz insistió en que estas acciones deben enmarcarse en el régimen establecido por la legislación europea vigente.
La Ley de Servicios Digitales constituye el principal instrumento normativo de la Unión Europea para supervisar la actividad de las grandes plataformas. Esta legislación establece obligaciones específicas para combatir contenidos ilegales, reducir riesgos sistémicos como la manipulación electoral o la desinformación, y proteger a consumidores y menores. La Comisión ha advertido que cualquier normativa nacional no puede «vaciar de contenido» el régimen europeo añadiendo disposiciones contradictorias con el marco comunitario.
El comunicado de Bruselas apeló también al Código de Conducta voluntario para las plataformas digitales, que se fundamenta en el «respeto mutuo» entre las partes. La posición institucional busca establecer un equilibrio entre el reconocimiento del derecho de los Estados miembros a regular en sus territorios y la necesidad de mantener una normativa armonizada a nivel europeo que evite la fragmentación del mercado digital único.
Los insultos de Musk y Durov al presidente español
La reacción de los magnates tecnológicos contra las medidas anunciadas por Sánchez alcanzó niveles de confrontación inusitados. Elon Musk, propietario de X (antes Twitter), calificó al presidente español de «tirano y traidor al pueblo español» a través de su propia plataforma. Según otras fuentes, Musk también empleó los términos «fascista» y «totalitario» para referirse al dirigente socialista, en un ataque sin precedentes de un empresario tecnológico contra un jefe de Gobierno europeo.
Pavel Durov, fundador y consejero delegado de Telegram, optó por una estrategia diferente pero igualmente contundente. A través del canal oficial de la aplicación, Durov envió un mensaje masivo a todos los usuarios españoles de Telegram mostrando su desacuerdo frontal con la propuesta del Gobierno. El mensaje llegó directamente a los teléfonos móviles de millones de ciudadanos, convirtiendo la propia plataforma en un instrumento de presión política contra las autoridades españolas.
La respuesta de Sánchez a estos ataques fue rápida y utilizó precisamente las herramientas de sus críticos. El presidente publicó un mensaje en X citando El Quijote: «Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos». Moncloa también difundió un extenso comunicado defendiendo las medidas propuestas, que paradójicamente fue distribuido a través de Telegram, la plataforma de Durov.
El marco de la Ley de Servicios Digitales
El debate sobre la regulación de las plataformas digitales refleja una tensión más profunda sobre la soberanía digital en Europa. Durante años, las grandes compañías tecnológicas han operado con marcos regulatorios relativamente laxos en comparación con su creciente capacidad de impacto social, económico y político. La DSA representa el intento de la Unión Europea de establecer reglas claras que equilibren la innovación tecnológica con la protección de derechos fundamentales.
La legislación europea ya contempla mecanismos para que las plataformas rindan cuentas por los contenidos que albergan, pero el enfoque español de introducir responsabilidades penales para los directivos ha generado controversia. La Comisión Europea ha advertido que España debe respetar el marco común y no puede imponer regulaciones nacionales que contradigan el Reglamento europeo de Servicios Digitales. Esta advertencia ha sido recogida por el Partido Popular Europeo, que ha denunciado que Sánchez actúa «por libre» en materia digital.
El Partido Popular español ya ha anunciado su oposición al paquete normativo si el Gobierno mezcla la protección de menores con lo que considera «medidas de rastreo de polarización en adultos». Los populares acusan al Ejecutivo de utilizar la legítima preocupación por la seguridad infantil como «excusa para controlar contenidos» y advierten sobre una posible «deriva autoritaria» de las propuestas gubernamentales. La solidaridad expresada por Bruselas debe interpretarse, en este contexto, como una señal de cohesión institucional frente a actores globales con enorme capacidad de influencia, aunque acompañada de claras advertencias sobre los límites del marco regulatorio europeo.
