MEDEL ha denunciado este lunes el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro como una “clara violación de la Carta de las Naciones Unidas”. En un comunicado difundido desde Bruselas, la organización sostiene que el uso unilateral de la fuerza vulnera los principios básicos del derecho internacional y supone un precedente grave para el orden multilateral vigente.
La reacción de La asociación Magistratura Europea por la Democracia y la Libertad (MEDEL) se produce tras la operación militar estadounidense desarrollada a comienzos de enero en territorio venezolano, una acción que Washington ha justificado en el marco de procedimientos judiciales abiertos contra Maduro. Para la asociación judicial europea, sin embargo, ningún proceso penal puede legitimar una intervención armada sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni el respeto a la soberanía de un Estado miembro de Naciones Unidas, independientemente de la naturaleza de su régimen político.
En su declaración, MEDEL —de la que forman parte organizaciones como Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales— subraya que el ataque estadounidense constituye una vulneración directa del artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. La asociación advierte de que aceptar este tipo de acciones “erosiona gravemente” el sistema internacional basado en normas y debilita los mecanismos colectivos de resolución de conflictos.
El comunicado insiste en que el derecho internacional no contempla excepciones que permitan operaciones militares unilaterales con fines de detención o captura de dirigentes políticos extranjeros. Desde la perspectiva de los jueces y fiscales europeos, la actuación de Estados Unidos ignora los principios de legalidad internacional y sustituye los cauces multilaterales por una lógica de fuerza que, a su juicio, resulta incompatible con el Estado de derecho en las relaciones internacionales.
Llamamiento a Europa y a la comunidad internacional
La Carta de la ONU establece de forma explícita que solo el Consejo de Seguridad puede autorizar el uso de la fuerza, salvo en casos de legítima defensa frente a un ataque armado. MEDEL recuerda que, en el caso de Venezuela, no existía una resolución que avalase la intervención ni una situación que pudiera encuadrarse jurídicamente en ese supuesto. Por ello, considera que la operación estadounidense se sitúa fuera de los márgenes del derecho internacional público.
La asociación judicial también pone el acento en la extraterritorialidad de la acción y en la captura de un jefe de Estado en ejercicio, un hecho que, según señala, plantea serias dudas jurídicas adicionales. Entre ellas, la vulneración de la inmunidad soberana y la ausencia de procedimientos de cooperación judicial internacional, como solicitudes de extradición o el recurso a tribunales internacionales competentes.
MEDEL insta a las instituciones europeas y a los gobiernos de la Unión a pronunciarse con claridad frente a la operación militar estadounidense. En su opinión, el silencio o la ambigüedad ante este tipo de acciones puede interpretarse como una aceptación tácita de prácticas contrarias al derecho internacional. La asociación reclama una defensa activa del multilateralismo y del papel central de Naciones Unidas como garante de la legalidad internacional.
El comunicado también advierte de que la normalización de intervenciones unilaterales abre la puerta a que otros Estados recurran a la fuerza con argumentos similares, debilitando aún más un sistema internacional ya tensionado por conflictos armados y rivalidades geopolíticas. Desde esta óptica, la denuncia no se limita al caso venezolano, sino que apunta a un problema estructural en la gobernanza global.
Un debate jurídico con implicaciones políticas
Aunque MEDEL se define como una organización independiente y de carácter profesional, su pronunciamiento tiene una clara dimensión política en el contexto europeo. La denuncia coincide con un debate más amplio sobre el respeto al derecho internacional, el papel de Estados Unidos como actor global y la autonomía estratégica de la Unión Europea en política exterior y de seguridad. Para los jueces y fiscales firmantes, la credibilidad de la UE depende también de su coherencia en la defensa de las normas internacionales.
La asociación subraya que la protección de los derechos humanos y la persecución de delitos graves no pueden desligarse del respeto a los procedimientos legales internacionales. A su juicio, recurrir a la fuerza militar sin amparo jurídico no solo no fortalece la justicia internacional, sino que la debilita al convertirla en un instrumento subordinado a decisiones de poder.
La denuncia de MEDEL se suma a otras reacciones críticas surgidas en distintos ámbitos jurídicos y académicos europeos tras la intervención en Venezuela. Para estos sectores, el caso ilustra una tendencia preocupante hacia la erosión del orden multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en normas comunes y en la primacía de los mecanismos colectivos frente a las decisiones unilaterales.
Desde Bruselas, la asociación concluye que el respeto a la Carta de la ONU no es una cuestión ideológica, sino un pilar esencial para la estabilidad internacional. En este sentido, advierte de que relativizar sus principios en función de intereses coyunturales puede tener consecuencias duraderas para la seguridad global y para la propia arquitectura jurídica internacional.
